La Legislatura de la Ciudad autorizó al Ejecutivo porteño a concesionar por un plazo de hasta 20 años el uso y la explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del predio del Ecoparque, el exzoológico del barrio de Palermo, pese a la oposición de las organizaciones ambientales, defensoras de los derechos de los animales y patrimonialistas. La norma, que sufrió modificaciones tras la audiencia pública del 29 de agosto pasado, fue aprobada mientras militantes animalistas, con máscaras de animales, reclamaban en el recinto con carteles contra el “Ecofraude”. El legislador Sergio Abrevaya (GEN) señaló que “este tipo de concesión no puede superar los 10 años, sin conocer la ecuación económica completa,jamás por 20 años”, y remarcó que “tenemos que ser cuidadosos en los tiempos, generar mecanismos de control, y uno de los mecanismo es hacer plazos más cortos”. La presidenta de la Comisión de Espacio Público, Lorena Pokoik (UC), sostuvo que “no nos queda claro la urgencia del oficialismo por delegar sus facultades. Esto nos reafirma que la Legislatura funciona como una escribanía del Poder Ejecutivo”.

El proyecto impulsado por el oficialismo, que había sido aprobado en primera lectura y sometido a audiencia pública no vinculante, sufrió modificaciones de último momento que permitieron al PRO cosechar más apoyos en el recinto: redujeron de 21 a 15 los edificios a concesionar, establecieron que los nuevos espacios no podrán superar el 0.6 por ciento de la superficie total del predio (antes era el 3) y fijaron que el acceso al Ecoparque será gratuito para menores de 12 años, estudiantes y docentes de escuelas públicas de todos los niveles de cualquier jurisdicción y para pensionados y jubilados.

Los cambios lograron que la norma fuera aprobada con 42 votos positivos (8 más que en la primera votación) de Vamos Juntos, Evolución y Mejor Ciudad (MC), 15 negativos, de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista (BP), PTS-FIT y Autodeterminación y Libertad, y 1 abstención del GEN. Lo que no lograron esas modificaciones fue acallar los gritos de los animalistas durante la sesión, que no dejaron de insistir que el Ecoparque es un Ecofraude que mata animales. “Mentirosos” y “están matando animales” fueron los gritos más insistente de los militantes cuando exponían quienes estaban a favor de la ley.

En ese sentido, la legisladora Silvia Gottero (BP) recordó que “se nos murió una jirafa, un rinoceronte y un oso polar, ¿no será el estrés? ¿No serán las obras que se están haciendo ahora?, ¿Por qué se nos están muriendo los animales?”. “Tenemos muchísimas dudas: no se contempló la situación de los más de 200 trabajadores del exZoo, eso no se explicita en ningún lado”, añadió.

En la misma línea, Patricio Del Corro (PTS) sostuvo que “este paquetito (el Ecoparque) lo dejó Andy Freire, el ex ministro de Modernización, hoy emprendedor privado”, que pintó un cuento maravilloso cuyas consecuencias en realidad fueron que “se murieron animales, despidieron trabajadores y privatizan el espacio público”. Además, remarcó que la ley viola el artículo 84 de la Constitución porteña y, de forma retórica, preguntó “si saben que es ilegal, ¿por qué lo hacen?”. “Porque se pueden jugar a tener un fallo en contra en primera instancia, porque saben que los altos tribunales están colonizados por el oficialismo, entonces saben que aunque voten algo ilegal finalmente van a primar lo negocios”, se respondió.

La ley autoriza la concesión de los edificios en concordancia con la planificación expresada en los lineamientos generales de transformación del ex Zoológico “Eduardo Ladislao Holmberg”, y este es uno de los puntos en el que las ONG ambientalistas están de acuerdo: el masterplan para reconvertir al exzoo, que aún conserva 865 animales y cerró sus puertas en junio de 2016, en Ecoparque, carece de seriedad y está desvinculado del uso que se quiere dar a los recintos a concesionar.

De acuerdo con la ley, las concesiones se harán en tres etapas y por lapsos de 10, 15 y 20 años. En 2018: la casa del Oso y la Condorera (20 años); Confitería el Águila, Leonera, Pabellón de los Loros, Pabellón de las Fieras, Acuario/Caballeriza y Reptilario (15 años) y Casita Bagley (10 años). A partir de 2020: Templo Hindú Elefantes y Templo Hindú Cebúes (20 años), y el Chalet de los Rinocerontes (10 años). Finalmente, a partir de 2022: Antiguo Monario, Pabellón de Camellos y la Casa de Ciervos-Tapires (10 años).

Para algunos legisladores, la aprobación de la ley viola el artículo 84 porque se está delegando poder en el Ejecutivo al autorizarlo a concesionar un grupo de espacios diferidos en el tiempo, cuando la Legislatura debiera tratar caso por caso. Para otros, la norma habría cumplido con los requisitos pero como las concesiones están atadas al plan de reconversión del parque, sigue floja de papeles porque no se cumplió con los estudios de impacto ambiental.

Para Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del derecho a la Ciudad, “se están interviniendo 17 manzanas de la ciudad, y esto debería haberse discutido en el marco del Plan Urbano Ambiental. La Agencia de Protección Ambiental tendría que haber categorizado el Masterplan como de relevante efecto, hacer estudios y audiencias públicas. Y avanzaron con el proyecto sin haber dado esa discusión con la ciudadanía. Las concesiones son parte de ese plan, cuando hay que ver cómo se inserta esto en el Plano Urbano Ambiental, porque estás autorizando la privatización de espacios verdes y, por la Constitución, cada vez que se resignan esos espacios, hay que compensarlos”.