No pudo participar de la multitudinaria marcha en Moreno en repudio al secuestro y las torturas que sufrió. Pero después de dejar el hospital donde se reponía del shock, la docente Corina de Bonis juntó fuerzas para hacer sus primeras declaraciones públicas. “Nosotros no tenemos bandera política, no criticamos ni al gobierno actual ni al que se fue, nuestra bandera son los pibes, nada más. Hacemos todo por los pibes, no por beneficio propio ni de nadie. Enemigos no tenemos o no lo sabemos. Indefectiblemente a alguien le molesta”, reivindicó su tarea un día después del ataque sufrido por haber instalado junto a sus compañeras del CEC 801 y las madres del barrio ollas populares en reemplazo al cierre de los comedores escolares del distrito. Suspirando y con la voz apagado, Corina ofreció solo algunos detalles sobre su secuestro porque, según explicó, la Fiscalía le pidió que no divulgara detalles de lo sucedido para no entorpecer la investigación. “Fue por un trayecto corto, pero el suficiente como para asustar, y mucho”, contó.
De Bonis, acompañada por compañeras y la directora de la escuela, ofreció sus primeras palabras en la puerta de su casa, poco después de regresar desde el hospital donde se la realizaron los chequeos de protocolo para incorporar en la causa.
“Soy Corina, la maestra que agredieron –se presentó–, pero la agresión que yo tuve, si bien fui la que lo recibió físicamente, está dirigida a una serie de amenazas que recibimos no solo yo, sino todas mis compañeras, inclusive las que no están ahora acá”.
Al ser preguntada por su estado, respondió: “estoy lo mejor que puedo estar”. “Una trata de tener fuerza y entereza. Somos docentes, nada más. Lo que hacemos lo hacemos por los pibes. Que moleste una olla...”, dijo incrédula de la violencia que sufrió.
Corina, quien cumple funciones administrativas en el CEC 801, describió las amenazas previas que la comunidad educativa debió sufrir desde que a fines de agosto comenzaron a realizar una olla popular para enriquecer el Servicio Escolar Alimentario (SEA) que llegaba a la escuela con una vianda fría: “Una feta de paleta, una de queso, un pan y una fruta”, describió. “Nos pareció poco, por eso queríamos hacer la olla para que los nenes tuvieran algo más, ya que para muchos es su única comida”, señaló la docente los motivos de la acción.
El compromiso que habían tomado era el de mantener las ollas hasta que el gobierno provincial enviara viandas calientes, algo que ocurrió a principios de septiembre, pero fueron “dos empanadas, una tarteleta de verdura y una fruta”, resaltó la docente. Para entonces, los docentes del CEC 801 ya habían recibido una amenaza telefónica, un mensaje por debajo de la puerta en el que decía “siguen ustedes”, en referencia a que los autos de los docentes estacionados frente a la institución habían sido rayados. Hubo otra amenaza y finalmente la tercera llevó a levantar la olla popular. El 28 de agosto recibieron un texto que decía: “La próxima olla la van a hacer en Güemes y Roldán, la puerta del cementerio”, recordó Corina.
Pero las madres de los chicos y chicas que asisten a la escuela continuaron con la olla a dos cuadras, en la puerta de la casa de una de ellas. “Nosotras seguíamos apoyándolas con las donaciones que nos llegaban a la escuela –recordó la docente–. Ellas siguieron haciendo la olla comunitaria ahí. Nosotras, no activamente, pero seguimos apoyándolas porque la mercadería que recibimos de donaciones están en la institución”. Sin embargo, “muchas compañeros tuvieron miedo”, admitió.
Sobre el ataque, contó que “ayer (por el miércoles) salgo de trabajar, como todos los días. Yo soy una de las que no tiene auto. Vengo caminando o en bicicleta. Me interceptó un auto, me subieron arriba y pasó lo que ya todos saben. Ahora no puedo dar detalles de ese episodio”. Cuando se le preguntó si pudo identificar a alguien, dijo que no, porque “tenía una bolsa en la cabeza”.
“Nunca me tocó vivir algo así”, lamentó la docente y agradeció haber recibido “muchos llamados”, pero prefirió no especificar de quiénes. Como lo había hecho más temprano, al llegar a su casa, la docente adelantó que lo que vivió ayer “es lo que todos ya saben, el resto se lo tienen que preguntar a la fiscalía, donde me pidieron no dar detalles porque están investigando”. “Quiero tener fe en la Justicia para que no vuelva a pasar”, deseó la docente.
La denuncia por el ataque a la docente fue radicada en la UFI 5 de Moreno, a cargo del fiscal Emiliano Buscalia, quien más temprano indicó que “se investigan varias pistas” y que también se están analizando las otras amenazas recibidas. Además, el fiscal, sin dar mayores precisiones, dijo que analizarán las cámaras de seguridad del lugar para dar con los autores del ataque.
El caso del secuestro de la docente fue el mayor gravedad, pero no el único hecho de violencia contra las docentes y las madres y padres de la comunidad educativa que desde hace dos semanas realizan ollas populares para cubrir el vacío dejado por los comedores escolares en el municipio, donde casi todas las escuelas públicas fueron cerradas tras la explosión en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Los gremios de Suteba y Ctera habían advertido amenazas anteriores a través de volantes, pintadas, llamadas telefónicas e intimidaciones.
