En medio de una economía sometida a un brutal ajuste, que licua salarios, aumenta tarifas y paraliza el empleo, la Justicia federal solicitó al Estado Nacional que asista a las familias relocalizadas de la Cuenca Matanza-Riachuelo en diversos complejos habitacionales que no pueden afrontar el costo de los servicios públicos de sus viviendas. El juez Jorge Rodríguez dispuso que en 45 días el gobierno presente alternativas para que los vecinos puedan cancelar las deudas de servicios públicos sin que se altere aún más su ecuación económica familiar. El defensor adjunto penal porteño, Luis Duacastella, dijo a PáginaI12 que “son familias que necesitan del acompañamiento del Estado hacia su autonomía. En momentos de crisis son los primeros que pierden el empleo, las changas. La crisis golpea muy fuerte y no pueden afrontar los servicios”, y remarcó que “los beneficios de la tarifa social no alcanzan a la mayoría porque tiene requisitos que se convierten en impedimentos para su acceso”.
La resolución del magistrado llegó tras la presentación conjunta realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación (Programa Riachuelo) y la Defensoría Pública Oficial ante los juzgados federales de Morón.
A más de 10 años del fallo de la Corte (8 de julio de 2008) que ordenó la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo y un plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca para dar condiciones de habitabilidad a los orilleros, la única línea de intervención que avanzó, con muchas deficiencias y demoras, fue la relocalización.
Pero el paso de la informalidad a la formalidad se está convirtiendo para muchas familias en una mochila de plomo, en un contexto económico que las hunde cada vez más en la pobreza. Una ecuación económica insostenible por la que algunas familias volvieron a precarizarse: retornando a la villa o recurriendo a estrategias de informalización de los servicios, como colgarse de la luz o endeudándose para pagar los altos costos.
Las familias relocalizadas son más de 600. En los barrios San Francisco, en Portela y Castañares; en Mugica, en Castañares y General Paz; en Luzuriaga; en San Antonio, en Barracas, cerca de la Villa 26, y en Lacarra en Villa Soldati. Y quedan pendientes entre 1700 y 2000 familias de la Villa 21-24, y casi 400 del asentamiento de Lamadrid.
“Las últimas familias que se relocalizaron en diciembre del año pasado en San Antonio y en Lacarra ya no pueden pagar la luz. Y la tarifa social, que es un trámite individual que tiene que ver con las circunstancias de cada persona y que a su vez tiene un límite escaso de 320 kilowatts, no es una solución para estas familias que son ‘electrodependientes’,” explicó Duacastella, quien detalló que “a eso se le suma que pagan en algunos casos expensas, la cuota de la vivienda y gas. Se transformó en algo no sustentable para estas familias de bajos ingresos, que de no pagar nada pasaron a pagar cifras elevadas con ingreso familiares que en promedio es de 16 mil pesos por grupo familiar”.
Un problema secundario, explicó Duacastella, es que “hay familias que por composición familiar necesitaban más habitaciones que las tres que tienen las viviendas más grandes y les otorgaron dos departamentos. Lo que implica dos medidores de luz. Y no te dan tarifa social si tenés dos propiedades. Hay familias que acumulan 18 o 20 mil pesos de deuda de luz y ya les retiraron el medidor. Y otras ni siquiera pudieron pagar la instalación del medidor”, señaló.
El defensor adjunto recordó que “cuando la Corte ordenó relocalizar a las familias, el plan tenía que ser una vivienda sustentable que tuvieran que ver con las economías de las familias, que con el desarraigo perdieron ingresos de trabajo. Las mujeres que trabajan en servicio doméstico están mucho más lejos por lo que también disminuyen sus ingresos, ganan menos y pagan más de pasajes. Por eso se hizo el planteo de sustentabilidad, comenzando con tarifas sociales y consorcios sociales, que tengan algún subsidio del Estado para sostener los gastos”.
Por otra parte, la situación está tan deteriorada que en algunos barrios, como Mugica y San Francisco, el Instituto de la Vivienda (IVC) suspendió el cobro de la cuota de las hipotecas.
“En los demás barrios estamos discutiendo el precio que el IVC le ponía, para que les descuente un valor por la vivienda que dejaron, un derecho a la posesión que cedieron sobre construcciones que hicieron y por las que no hubo compensación. Y proponemos que el IVC busque una figura distinta a la del consorcio de clase media y genere la figura de consorcio social porque son consorcios complejos con infraestructura común a varios edificios, un mantenimiento de espacios comunes muy amplios para plazas secas o parquizadas y con altos costos de mantenimiento”, dijo Duacastella.
En tanto, el magistrado, que había cursado de forma infructuosa un requerimiento en abril pasado al Estado para que de intervención a los entes reguladores, el ministerio de Energía y Minería de la Nación y la subsecretaría de Recursos Hídricos, para que presenten alternativas al problema, sostuvo en su resolución que: “Toda vez que la pobreza y la situación de riesgo de las personas involucradas se encuentra acreditada, ponderando asimismo el alto porcentaje de niños que componen tales grupos humanos, por cuyo interés superior debo velar, es que solicitaré al Estado Nacional el abordaje de la problemática”.
