Hay un ritual que se repite todos los martes en la Corte Suprema: en el salón contiguo a la sala de acuerdos, aguardan los secretarios y secretarias que cargan pilas de expedientes de cada especialidad para que sean firmados por los jueces. Los van llamando para que pasen de a uno, porque el plenario es reservado. Esta vez la espera se prolongó mucho más de lo habitual. Tres horas. Demasiado. Cuando por fin se abrió la puerta, emergió Ricardo Lorenzetti, con la cara arrebatada. Roja. “Queremos avisarles que hay una renovación de autoridades y a partir del 1 de octubre el doctor Carlos Rosenkrantz y la doctora Elena Highton de Nolasco van a ser presidente y vicepresidenta”, dijo con el tono tan lineal como enfático que suele imprimirle a sus discursos. 

La furia de Lorenzetti era indisimulable. Repitió los nombres de sus colegas, uno por vez, y pidió aplausos. Un secretario, socarrón, propuso otro aplauso “para el doctor (Horacio) Rosatti”, uno de los arquitectos del suceso, que dejó trunco el mandato del presidente supremo, que debía terminar el 31 de diciembre pero ahora tendrá que irse del cargo a fin de mes.

Después de once años de cultivar un perfil de líder político judicial con juego propio, Lorenzetti deberá ceder el mando a Rosenkrantz, que reúne dos antecedentes que lo definen: su prolífica carrera como abogado de grandes empresas y su papel como mentor del fallo del 2x1 a favor de los genocidas, que amagó con dejar decenas de represores en libertad. Casi un espejo del presidente Mauricio Macri y su equipo de CEO. La Corte entra ahora en un terremoto de consecuencias impredecibles. Todo puede pasar: cambio de estructuras, criterios, prioridades, doctrina, redefinición de privilegios y de la relación con los jueces federales. El manejo del dinero judicial es clave y, con eso, la puesta en duda de estructuras que alimentaron la concentración de poder como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y su oficina de escuchas telefónicas. 

Algunos de los fallos pendientes son de gran relevancia, como el que atañe al cálculo de las jubilaciones o la validez de DNU como el que endureció las condiciones migratorias y las causas que se esperan por los tarifazos.

Trío

La renovación de autoridades ya había sido planteada varias semanas antes por el propio Lorenzetti en los acuerdos. La costumbre es que la votación se haga entre septiembre y octubre, para tener el cambio de mando (si es que lo hay) el 1 de enero. Su pérdida de poder interno ya se apreciaba con el fallo de mayo del año pasado que otorgaba el beneficio del 2x1 (el cómputo doble de cada día de detención pasados los dos años de prisión preventiva) al represor Luis Muiña, donde quedó en minoría con Maqueda. El supremo Rosenkrantz había rastreado específicamente casos para fallar sobre esa cuestión. Armó una sentencia que consiguió el apoyo de Highton y de Rosatti. 

El mismo trío es el que derrocó esta semana a Lorenzetti. A la reunión plenaria del martes pasado llevaron ya escrita la acordada que establecía el fin de su mandato y la nueva fórmula. Según de qué lado venga, el relato de los hechos dirá que el desenlace tomó al supremo saliente completamente por sorpresa y quedó sin salida, o bien dirá que ya sabía lo que sucedería y fue preparado para la derrota. Un punto con más coincidencias –según versiones recogidas por PáginaI12– dice que en el encuentro hizo varios intentos por prorrogar la definición, pero llegó un momento en que su colega Juan Carlos Maqueda, un hombre conocedor del funcionamiento de los hilos del poder, le sugirió que ya no había margen y destacó su “hidalguía”. Lo que se vio después fue una escena única en Palacio de Justicia, donde todo suele transcurrir entre sombras: caminaban por los pasillos, juntos Highton, ayudada por un bastón, Rosenkrantz y Rosatti. Iban al despacho de Lorenzetti. Le llevaron el texto final de la acordada donde, por diplomacia y para evitar escándalo estampó su firma a favor de la fórmula triunfante. Sólo Maqueda votó por su quinto mandato.

Un dato adicional que mostraría que a Lorenzetti algo se le fue de las manos es que para los días 8,9 y 10 de octubre, cuando se realizará el encuentro de jueces de las cortes de países que integran el G20 en el llamado J20, se había anunciado uno de los grandes discursos de bienvenida del presidente saliente. ¿Lo hará Rosenkrantz? ¿Será su primer discurso público? ¿O hablará antes, con una presentación en sociedad, cuando asuma el 1º de octubre?

En observación

Para anunciar que se pueden venir cambios de todo tipo, un funcionario supremo lanzó una humorada sobre el final de la semana: “Ya tenemos los primeros arrepentidos”, dijo, mientras señalaba en dirección a la Administración General del tribunal, dominada en todos estos años por Daniel Marchi, mucho más que un alter ego de Lorenzetti. El señor de los números y el dinero, tan vitales en el uso del poder durante todos los cuatro mandatos presidenciales de Lorenzetti, siempre dispuesto a dar contratos, nombramientos, autos nuevos o de los bienes secuestrados a jueces que le proveyeran el apoyo interno que formó parte de su base de sustentación. Es altamente probable, dice un hombre de la Corte, que se audite la administración, no está claro con qué profundidad.

Sobrevuela también alguna idea de dar gestos –por sutiles que sean– de “ahorro” y cesión de privilegios. Avanzar, por ejemplo, en la ampliación del horario de atención al público, que se había anunciado pero no se concretó. La modificación del régimen de jubilaciones de los jueces inferiores: según refieren en el alto tribunal, hay una propuesta que circula entre el Gobierno y la Corte (que de todos modos requeriría una ley) para elevar la edad jubilatoria de los jueces de 60 a 65 años, subir el porcentaje de aportes del sueldo de 12 a 15 por ciento y bajar la jubilación del 82 por ciento móvil al 72 por ciento. Ante las quejas por nota de la Asociación de Magistrados, por versiones sobre esa posible reforma, el ministro de Justicia, Germán Garavano, respondió: “El Poder Ejecutivo no impulsa proyecto alguno sobre modificaciones al régimen legal vigente en materia impositiva y previsional” para el Poder Judicial y el Ministerio Público. A esto hay que sumar el histórico debate por la exención de impuesto a las ganancias para los jueces. Si bien se aprobó una ley, hubo fallos que determinaron los alcances: deben pagar quienes fueron designados desde el 1º de enero de 2017 y que vengan de afuera del Poder Judicial y Ministerio Público, pero el asunto está a revisión de la Corte. Como aún son muy pocos los que pagan ganancias, la recaudación que se pierde la AFIP es de unos 6500 millones de pesos anuales.

Los supremos, todo indica, buscarían un rediseño del organigrama que achique estructuras. Una de las más objetadas a nivel interno ha sido el aparato de escuchas telefónicas que –además– fue convertido en una dirección con facultades de investigar y acceder a bases de datos como la de la AFIP, con más de 600 personas contratadas, muchas de ellas hijos, parientes o amigos de jueces federales y otros aliados de la Corte. Para esa estructura el presidente supremo saliente había pedido cuadruplicar el presupuesto, de 500 a 2000 millones de pesos. En abril de este año, uno de los jueces supremos, Rosatti, puso en cuestión el sistema actual sobre todo por su falta de controles institucionales. Fue después que se filtraran conversaciones entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, entre otras. El juez deslizó que podría ocuparse el Congreso. No descartó que las interceptaciones telefónicas estuvieran en manos del Ministerio Público Fiscal, de donde las sacó Macri por decreto por su encono con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Seguramente este sistema será objeto de negociación, porque hoy implica una alta cuota de poder para el Poder Judicial y especialmente para Comodoro Py, que maneja las escuchas.

Lo técnico y lo político

En la Corte insistían, después del desplazamiento de Lorenzetti, en el concepto de que lo que se viene es una Corte de perfil “técnico”. Lo técnico, como es obvio, no quita lo político. En todo caso este tribunal anuncia que apostará a un estilo distinto al de Lorenzetti, con su propia impronta. Todo, hasta las reestructuraciones internas en danza, implicarán negociaciones políticas. Hay un dato impactante para pasar en limpio de lo ocurrido esta última semana: en una Corte Suprema de cinco miembros, con sólo tres voluntades se pueden tomar decisiones de alta resonancia. Con tres votos se firma un fallo. Se saca al presidente del tribunal, facultado entre otras grandes cosas a manejar la agenda suprema, y se pone otro. Aquel enunciado que habla de evitar decisiones menos concentradas, cobra relatividad con este panorama.

Desde que desembarcaron Rosenkrantz y Rosatti, tras un intento fallido de que fuera por decreto, se pudo apreciar el inicio de un viraje en las decisiones y una deconstrucción sobre la jurisprudencia ampliatoria de derechos del tribunal anterior que se mantuvo durante los gobiernos kirchneristas. El retroceso se palpa en derechos humanos y sociales, donde Highton (que le debe al Gobierno su continuidad después de los 75 años) se cambió de bando. Si el nuevo presidente supremo es el mentor del beneficio del 2x1 para los genocidas, es difícil imaginar que el avance de los juicios por los crímenes dictatoriales se sostenga como política de Estado, algo que fogoneó Lorenzetti en otro tiempo inspirado en el elocuente consenso social, que incluso quedó claro en la resistencia a esa sentencia que buscaba sintonizar con lo que Mauricio Macri llama, para denostar, “el curro de los derechos humanos”. El repudio social llevó a que el Congreso aprobara una ley para excluir a los represores del cómputo doble de los días de prisión preventiva para reducir su detención. Y abrió  la posibilidad de que exista una nueva sentencia suprema –que ha mostrado interés en dictar, por caso, Rosatti– que revierta la anterior. Hay un fallo redactado, cuya postergación en la Corte le atribuyen a Highton. Lo que no implicaría, de todos modos, una política en la materia. Esta Corte, de hecho, ya ha dado señales reticentes al acatamiento de algunas decisiones (no todas, pues va midiendo el impacto) de tribunales internacionales en materia de derechos humanos.

En lo que va de este año, la Corte no firmó grandes fallos. Eso también le fue enrostrado a Lorenzetti. La agenda que viene posiblemente ayude a retratar la nueva Corte. Algunos temas como los reclamos sobre derechos laborales, que obsesionan al Gobierno, no predicen una mayoría muy estable. Rosenkrantz se ha mostrado hasta ahora claramente inclinado en defensa del empresariado, pero no así Rosatti. Las demandas de este rubro, no paran de llegar a la Corte. Una cuestión clave, postergada hace cerca de una década, es la relacionada con el cálculo de las jubilaciones: cómo se deben actualizar. Hace tiempo hay una acción colectiva que nunca tuvo resolución. El debate actual apunta al índice que se debe aplicar: ¿el que ya aprobó la Corte en el caso Eliff llamado Isbic, o el que quiere aplicar el Gobierno, según la resolución 56/2018, que utiliza el índice RIPTE, que implica una recomposición menor? En el máximo tribunal hay unos 7000 expedientes, pero en todo el sistema judicial unos 150 mil. La nueva mayoría suprema analiza salidas intermedias. Los jubilados están entre los sectores más brutalmente afectados por el ajuste.

En la Corte cuentan que la llamada “doctrina Irurzun” (por el camarista Martín Irurzun) que habilitó prisiones preventivas de ex funcionarios a granel con un criterio flexible, es el reflejo de un proyecto que había elaborado Lorenzetti para un caso, que sus colegas rechazaron. Tarde o temprano los supremos deberán expedirse porque van llegando casos, y habrá que ver cuánto influye el contexto. Más fallos pendientes: un reclamo salarial de alrededor de 2000 agentes de fuerzas de seguridad, el pago de ganancias por parte de los jubilados, el caso Farmacity (de lo que depende que pueda expandirse en tierra bonaerense) y una lista de DNU de Macri, donde se juega su constitucionalidad y el contenido de las medidas, como el que el que modificó el régimen de ART e introdujo comisiones médicas, el que endureció las normas migratorias y el que eliminó el fondo sojero, además de decretos comunes sobre derechos de exportación. Si la conducción de Rosenkrantz imprime la celeridad pregonada y resuelven estos casos, pronto conocerá la impronta de “su” Corte.