Matías, un niño marplatense de nueve años con discapacidad, jugaba en la vereda de su casa junto a su hermano de doce. Un agente de la Policía Bonaerense que circulaba con un patrullero por el barrio confundió el arma de juguete del chico, estacionó, descendió del vehículo y lo golpeó brutalmente. Su mamá escuchó los gritos desde adentro de la casa y pudo intervenir. Vio al niño reducido en el suelo: el policía lo ahorcaba con una remera.

Ante la intervención, el uniformado se dirigió a la mujer para amenazarla: “agradecé que no me bajé del auto con el arma”. Y responsabilizó del hecho a la mamá: le dijo que tenía que enseñarle al nene que no se debe apuntar a un policía. “Las armas de juguete no están prohibidas ni es delito jugar con ellas, cuestión que parece desconocer el agente público”, aclararon desde la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que repudió lo sucedido. La paliza le produjo a Matías varias heridas y excoriaciones. La excusa esgrimida desde la comisaría es que se trató de una “acción protocolar”.

“Vemos con enorme horror lo que pasó. Pero no podemos decir que genere sorpresa porque sabemos que la brutalidad policial es moneda corriente en el territorio, y es algo que venimos denunciando desde hace años”, le dijo a PáginaI12 Roberto Cipriano García, secretario de la CPM. “Lo que indigna especialmente en este caso es que se trata de niño que además tiene una discapacidad”. Matías es un niño de contextura pequeña, “que nadie podría confundir con alguien mayor, es especialmente menudo”.

Para Cipriano García la violencia institucional en este caso viene acompañada de un elemento especialmente “atroz desde lo simbólico, que es que eran chicos jugando en la vereda”. Y agrega que lo que pasó es inconcebible pero a la vez tiene sentido si se lo interpreta pensando en “esas constantes habilitaciones que el poder político está lanzando desde los medios y en sus declaraciones. Si el Presidente justifica a un policía que mata por la espalda, las fuerzas policiales leen ese mensaje y eso se traduce en acciones como éstas”. Es decir, que el poder político es responsable de hacer apología de estos delitos, que son violaciones a los derechos humanos. La sensación que esto genera “es que nadie está a salvo de la violencia de las fuerzas”.

La CPM acompañó y asesoró a la madre de Matías, una conocida organizadora de actividades contra la violencia policial en Mar del Plata y militante social por los derechos humanos, para hacer la denuncia penal, que fue canalizada a través de la Defensoría Pública. Y el lunes presentarán también una denuncia ante la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Provincial, además de otras medidas para la protección de la madre y el niño, que tiene una discapacidad intelectual. “La verdad es que estamos evaluando si conviene, por ejemplo, pedir custodia porque nos preocupa especialmente cuáles puedan ser las reacciones de las fuerzas ante estas denuncias”. La mamá del niño “está, por supuesto, muy asustada en este momento”, le indicó Cipriano García a este diario.

El niño también se encuentra muy afectado psicológicamente, llora permanentemente y tiene miedo de salir a calle. Tiene heridas y excoriaciones provocadas por los golpes, el arrastre y ahorcamiento que sufrió. Todo esto constituye para la CPM torturas y malos tratos “que deben investigarse y sancionarse de manera urgente”.