El gobierno de Estados Unidos suprimió ayer una nueva parte de la ayuda a los palestinos, luego de haber cesado otra de más de 200 millones de dólares. Los nuevos recortes estadounidenses corresponden a programas destinados a acercar a palestinos e israelíes. Dichos problemas estaban dotados hasta ahora de un presupuesto de 10 millones de dólares.
“Una parte de esos 10 millones de dólares que estaban destinados a la gestión de conflictos serán aplicados a otras actividades”, indicó un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Israel, quien prefirió mantener el anonimato.
La fuente no dijo cuál será la cantidad exacta que será aplicada a otras actividades, pero precisó que los programas serán ahora consagrados a la reconciliación entre israelíes y árabes israelíes, que representan el 17,5% de la población israelí. El dinero, entonces, será ahora utilizado para mejorar programas dentro de Israel, indicó la fuente de la embajada estadounidense.
La administración de Estados Unidos había anunciado los primeros recortes de la ayuda a los palestinos una semana antes de cesar también el financiamiento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), poniendo en riesgo su viabilidad financiera. Washington era el principal contribuyente de la UNRWA, con 350 millones de dólares suministrados en 2017. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que tomó esas decisiones para forzar a los palestinos a negociar, después de que la Autoridad Palestina pusiera fin a cualquier contacto con el gobierno de Estados Unidos desde el reconocimiento por parte de Trump de Jerusalén como capital de Israel.
El fin de semana, el presidente palestino Mahmud Abbas aseguró que apelará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la decisión del magnate neoyorquino del traslado de la embajada y la de cortar fondos para la UNRWA. Abbas también dijo que denunciará ante el organismo judicial de la ONU la resolución israelí de demoler la aldea beduina de Jan al Ahmar en Cisjordania. El presidente palestino advirtió que su población estaba en peligro de desplazamiento y recordó que el caso ya había sido llevado a la Corte Penal Internacional (CPI), ubicada al igual que la CIJ en La Haya, en los Países Bajos. En aquella ocasión, ciudadanos palestinos y la comunidad internacional en general protestaron ante los planes israelíes de demoler Jan al Ahmar y trasladar a sus residentes a otro lugar.