En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año. El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, “resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil” y desconfiado de la capacidad de repago del país. Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas “del conjunto de la economía”. La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar “que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento” que, por diversas razones, es insostenible. “Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida”, concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.

 “La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos”, definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa. “Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI”.

 “Desde la liberalización del mercado cambiario y financiero, se generó una creciente demanda de dólares financiada casi exclusivamente por la deuda externa, (pero) esa disponibilidad se terminó”, indica, a su vez, el informe. Se terminó la disponibilidad de recursos prestados pero no la demanda de divisas. ¿Cuál fue el principal destino de esas divisas, quiénes las demandaron? El Observatorio de la Deuda Externa repasa la evolución de las cuentas del Balance Cambiario del Banco Central para encontrar la respuesta.

Los números

Desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, se fueron por salida de activos al exterior del sector privado no financiero (es decir, particulares y empresas, sin bancos) 54.140 millones de dólares en términos netos (resultado entre los que salió y lo que entró). A ello se suman otros 6.200 millones de dólares por utilidades, dividendos y otras transferencias pagados al exterior por firmas que operan en el país. Por gastos de turistas en el exterior (por encima de lo que gastaron los extranjeros que ingresaron al país) se llevó otros 21 mil millones de dólares. Sumando los 13.400 millones de saldo negativo en el intercambio comercial del período y los 27 mil millones de dólares pagados en concepto de intereses de la deuda entre diciembre de 2015 y julio de 2018, suman en total algo más de 121 mil millones de dólares fugados o pagados al exterior en términos netos en ese período. No es casualidad que esa magnitud sea muy similar al monto de la deuda total emitida por el sector público en ese período. 

Las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local y extranjera, desde el inicio del gobierno de Cambiemos, asciende a 103.328 millones de dólares. Si a esa cifra se le suma los aproximadamente 15 mil millones del crédito otorgado por el FMI en junio, se llega a 118 mil millones de dólares. Si, además, se consideran los compromisos asumidos por las administraciones provinciales y el sector corporativo (empresas privadas) en el período, se llega a un total de deuda argentina emitida en esos dos años y ocho meses de 143.830 millones de dólares. Casi el total de esa cifra, como se vio, se fue en pagar los desequilibrios en el comercio y los servicios, pero principalemte en financiar la fuga de capitales y pagar los intereses de esa misma deuda. En total, estos dos últimos destinos explican la salida de 87.300 millones de dólares.  

El precipicio

Dado el extraordinario nivel de endeudamiento alcanzado, su posibilidad de financiamiento resulta un problema que parece estar lejos de haber sido resuelto, advierte la UMET. Incluso en caso de que se accediera a adelantar el cronograma de desembolsos del crédito stand by (del cual están pendientes 35 mil millones de dólares), no alcanzaría para cubrir las distintas necesidades de divisas para que el país siga funcionando. 

Y el problema no se plantea en el mediano plazo, sino que es una urgencia inmediata. Los vencimientos totales de deuda en moneda extranjera entre septiembre y diciembre de este año ascienden a 19.590 millones de dólares. ¿Cómo prevé el Ministerio de Hacienda cubrirlo? No sólo calcula contar con los 6000 millones de dólares de los desembolsos previstos en el primer acuerdo con el FMI, sino que cuenta con lograr renovar vencimientos y, para el año próximo, conseguir financiamiento extra. A juicio del Observatorio de la UMET, las proyecciones de la cartera de Nicolás Dujovne “resultan poco realistas, en un contexto financiero internacional crecientemente hostil y en un escenario de fuerte cuestionamiento a la capacidad de pago de la deuda”.

 Además, se agrega en el actual contexto un clima altamente negativo que se refleja en el endurecimiento de las negociaciones con el Fondo y una marcada persistencia de la fuga de divisas, por vía de desarme de posiciones en activos locales por parte de fondos de inversión extranjeros, retiro de depósitos en dólares de los bancos y la compra de dólares por particulares para atesoramiento, a pesar del valor alcanzado por la divisa. 

 La brutal devaluación producida a partir de mayo tuvo un impacto nocivo adicional: aumentó fuertemente la deuda con respecto al PBI, señala el informe. Según cita el estudio, “el stock de deuda pública al primer trimestre de 2018 creció un 30,7 por ciento con respecto a octubre de 2015, hasta 331.481 millones de dólares, mientras que la relación con el PBI creció hasta un 59,3 por ciento; según cálculos propios, se espera para el cuarto trimestre un stock de deuda de 356.570 millones y una relación del 111,4 por ciento”, como resultado también del deterioro en el valor en dólares del producto. Su reflejo será, en el marco de la actual política económica, la obligación de destinar una mayor proporción del producto al pago de la deuda. En términos actuales: más ajuste y mayor necesidad de dólares.