Con una deuda total que representa seis veces las exportaciones anuales, la inoperancia de la política macroeconómica de Cambiemos y la presente crisis generan enormes desafíos. Los retos inmediatos son la cuestión financiera y cambiaria y la enorme recesión agudizada en 2018. Pero también la sostenibilidad de la deuda pública. La deuda fue el respirador artificial de Mauricio Macri. 

El mercado financiero ya anticipó que con el acuerdo alcanzado en junio con el FMI no será suficiente para enfrentar el déficit fiscal y financiero del Gobierno en el 2019. Esto resultaría posible sólo a costa de un adelantamiento de los desembolsos comprometidos para 2020 y 2021 (que, en esta ocasión volverá con la dureza del ajuste fiscal), cosa que hasta aquí no resulta sencillo por parte del FMI. En cuanto al financiamiento del 2020 en adelante, el escenario es completamente incierto. La tarea quedará para el próximo gobierno.  

La otra duda que parece irresuelta es cómo hará en este marco Macri para satisfacer la demanda adicional de dólares de la economía en su conjunto. El problema es aún mayor si se observa la necesidad de recursos que se requieren para atender el déficit comercial (importante en 2018, y probablemente también exigente en 2019), el pago de intereses externos (sumando las provincias y grandes corporaciones), los servicios de capital de deuda, y los elevados consumos externos en turismo. En paralelo pesarán el constante y expansivo atesoramiento en dólares en un año electoral como el 2019, las remesas de utilidades de compañías extranjeras, el reacomodamiento de carteras locales por parte de inversores foráneos y la caída de depósitos en dólares en el sistema financiero.

La completa liberalización del mercado cambiario y financiero de los últimos dos años y nueve meses generó una creciente demanda de moneda extranjera que fue financiada casi exclusivamente por el endeudamiento externo, que particularmente financió al Tesoro, a algunas provincias y a grandes corporaciones. Hoy esa disponibilidad se terminó. Los mercados no tienen confianza en que el gobierno de Cambiemos logre un proceso de estabilización exitoso tal que consiga evitar un colapso de la economía y una crisis de deuda externa. Ni el gobierno tiene qué decir ni los acreedores quieren aceptar cualquier oferta.

El potencial adelantamiento de los fondos del FMI permitiría compensar parcialmente el déficit fiscal y financiero de 2018 y 2019. Ayudaría al Gobierno algún financiamiento adicional en pesos que se consiga en el mercado local. En este sentido debe recordarse que el incumplimiento observado por el gobierno de Cambiemos de las metas comprometidas en junio en el acuerdo stand by con el FMI, le valió su interrupción. Por eso el equipo económico inició una nueva negociación con el Fondo para establecer un segundo acuerdo que será más duro, con más ajuste y con dos objetivos bien claros: un déficit fiscal primario muy bajo (fuerte reducción del gasto público con mejoras en los ingresos) y la  recuperación de reservas internacionales para garantizar que las reservas netas superen los 20 mil millones de dólares.

Sin embargo es muy poco probable que alcance con esos recursos para cubrir la incierta evolución del déficit de cuenta corriente, la fuga de capitales, la salida de inversores de activos locales y el retiro de depósitos en dólares del sistema financiero. 

Por la experiencia reciente no hay dentro del gobierno mucho optimismo, y menos fuera de él. Un aporte adicional del FMI lo que permitiría es una supuesta “primavera” financiera transitoria para facilitar que grandes fondos de inversión se pasaran de pesos a dólares, movimiento que no alcanzaría a cubrir toda la demanda adicional de dólares. Eso impactaría en el nivel de reservas internacionales y en el tipo de cambio.

Como resultado del proceso de sobreendeudamiento que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri, se ha generado un problema estructural adicional. La economía argentina no está preparada para mantener un tipo de cambio real depreciado en el tiempo (debido al sobredimensionado endeudamiento en dólares en el que incurrió el Tesoro Nacional). Esperamos entonces que de mantenerse en estos niveles, el ratio de deuda pública sobre PIB alcance a finales de 2018 un ratio alarmante superior al 111 por ciento del PIB; mientras que el gobierno recibió en 2015 un nivel de apenas el 40 por ciento.

Observando el cuadro general la conclusión es evidente: la economía se encuentra en un callejón sin salida. El desequilibrio externo para algunos se podría resolver con una depreciación real, pero este efecto inequívocamente generará un impacto en el nivel de la deuda externa muy peligroso y un fuerte crecimiento de la inflación. Mientras que una apreciación del peso, en un marco de escasez de dólares, generará mayor inestabilidad cambiaria, también insostenible en el tiempo.

Estamos, consecuentemente, ante una pérdida de la capacidad de compra del salario real (luego de la reciente devaluación del peso) y un empobrecimiento permanente de las grandes mayorías. La cuestión social luce insalvable. La recesión pervivirá; no hay recuperación posible de la economía sin consumo e inversión con un ajuste que será cada vez más profundo y cruento, una inflación creciente, y un nivel de tasas de interés que destruyen cualquier economía productiva, y en especial a la pequeña y mediana empresa. 

Frente a la escasez de dólares frescos es probable que la gestión de Cambiemos recorra los siguientes pasos: 

  • Hará un intento de privatización parcial o total de las empresas públicas o de aquellas acciones cuya titularidad corresponde al Estado Nacional (ANSES) y que sirven como activos para el pago de futuras jubilaciones. 
  • Para la deuda, el Tesoro adelantará una reestructuración en manos de tenedores públicos (ANSES, BCRA y Banco Nación), lo que tendrá también un impacto efectivo sobre el patrimonio e ingresos de los beneficiarios de la seguridad social.

Más allá de si el gobierno encuentra un camino para evitar una profundización de la crisis actual en 2019, cualquiera de las fuerzas políticas que tenga la responsabilidad de conducir el país a partir de 2020 se encontrará con una economía desahuciada, con enormes dificultades externas y completamente condicionada por un plan económico determinado por el FMI. Los costos sociales, económicos y financieros generados por la actual conducción política son para toda la sociedad demasiado elevados. Dejarán muchas restricciones que acotarán los grados de libertad de la próxima gestión institucional.

Queda claro que en este marco, cerrar la brecha externa y permitir un modelo productivo con empleo y mejora de la vida de los sectores postergados en este lapso 2016-2019 requerirá de muchos recursos financieros y fiscales. Sólo se podrá salir con un modelo alternativo, que deje atrás las reformas neoliberales que produjeron, junto a la deuda externa, un condicionamiento. El camino inevitable debiera ser la renegociación.  El interrogante es si el tiempo le permitirá a Macri dejárselo al nuevo gobierno o si la crisis y el Fondo le requierirán la reestructuración de la deuda al mismo Macri. 

* Observatorio de la Deuda Externa, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.