Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires otra vez serán víctimas de las políticas recaudatorias que lleva adelante el gobierno porteño, ya que desde el año que viene los parquímetros finalmente llegarán a los barrios y pasará de 4 mil espacios tarifados a tener 85 mil, además de que se perderán miles de metros cuadrados de espacio verde, ya que se sumarán nuevas playas de acarreo en Chacarita y en Colegiales.

Si bien la medida estaba suspendida por la justicia, el gobierno, con la complicidad de los legisaladores oficialistas, encontraron el artilugio para avanzar con los parquímetros independientemente de la decisiòn judicial.

La mayoría oficialista aprobó, cual escribanía de Larreta, desembarcar en los barrios para tarifar los espacios públicos y verdes que serán ocupados por las nuevas playas de acarreo: Estación Parque Chacarita y Conesa, que se sumarán a las ya existentes. 

Desde la Legislatura de la Ciudad, la oposición coincide en que la medida “es recaudatoria y no tiene como objetivo lograr una mejor fluidez y un ordenamiento del tránsito en la Ciudad”, y que además “le mete la mano en el bolsillo al vecino”.

En diciembre de 2016 la Legislatura había aprobado la ley que autorizaba la concesión del Sistema de Estacionamiento Regulado por el plazo de diez años, pero en junio pasado la justicia declaró inconstitucional los artículos que autorizaban la privatización del sistema.

La Justicia cuestionó que la ley había sido aprobada en mayoría absoluta y en simple lectura cuando en realidad debía ser aprobada por mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, además de incumplir con el procedimiento de doble lectura y la realización de una audiencia pública obligatoria.

Por eso, el Ejecutivo porteño se vio obligado a enviar a la Legislatura porteña un proyecto de modificación de la ley 5728 para poder avanzar con los parquímetros en toda la ciudad y hacer modificaciones.

Ahora, los cambios aprobados la semana pasada deberán ser discutidos en audiencia pública y ratificados en segunda lectura, lo que, según fuentes de la oposición dijeron a PáginaI12, se da por descontado. 

Desde 2001 que el contrato de concesión del acarreo de autos y el estacionamiento medido está vencido y prorrogado de forma transitoria, sin embargo, el Ejecutivo  porteño propone renovar esta prórroga, a pesar de que por ley está obligado a hacerse cargo del servicio.

STO (Dakota S.A) y SEC (BRD Sacifi) son las dos empresas que operan las grúas, entre las dos facturan más de 18 millones de pesos más lo que se recauda por hora de cada parquímetro y le pagan un canon de 100 mil pesos al gobierno porteño. Mientras que el costo del acarreo se incrementó en un 500 por ciento desde que el PRO administra la Ciudad de Buenos Aires a las empresas el Gobierno no les aumentó. 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad aseguró que hay entre diez y catorce mil acarreos mensuales por empresa, que las grúas levantan hasta quinientos cincuenta autos por día y que en menos de nueve horas las dos empresas recuperan el costo del canon que le abonan a la Ciudad.

Parte de la justificación en la que el oficialismo se basa para argumentar la implementación del estacionamiento ordenado es a través de las “malas conductas” de los conductores como “el estacionamiento indebido en paradas de colectivos, rampas o áreas peatonales, faltas que entorpecen el tránsito e imposibilitan que el transporte público se acerque a la parada o que una persona con movilidad reducida pueda cruzar la calle de manera segura, con claras consecuencias en la seguridad vial”. 

El Gobierno de la Ciudad aseguró que el nuevo sistema de estacionamiento ordenado y acarreo, planificado para 2019, tiene la intención de “contribuir al ordenamiento del estacionamiento en la Ciudad”. 

Y sostienen que “se renovará la tecnología con la incorporación de terminales multipropósito para brindar un servicio moderno, transparente y de calidad”. Mientras que la oposición considera que con este plan “va a haber acarreos y multas en toda la ciudad. Castigará y no dará opciones. Y las playas de acarreo propuestas implican afectar espacios verdes para convertirlos en  estacionamientos”.

El sistema de acarreo que pretende implementar el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tendrá a partir del año que viene una cobertura total de la ciudad de Buenos Aires.

Se dividirá en cinco zonas en las que operarán los distintos concesionarios. Habrá playas de acarreo distribuidas en cada una de ellas. Con este nuevo sistema, el estacionamiento se encontrará tarifado de 8 a 20 los días hábiles y de 8 a 13 los sábados. Mientras que domingos y feriados las calles de la ciudad estarán libres de tarifas para estacionar.

Si bien habrá una tarifa progresiva, una tarifa simple y un beneficio para el residente, la oposición consideró que al extenderse a casi la mitad de las cuadras de la ciudad, el estacionamiento pago va a afectar al comercio así como también a quienes dejen el auto en la calle porque si bien no pagarán quienes estacionen a un radio de 220 metros de su domicilio nada les asegura que tengan lugar disponible cada vez que lo necesiten cerca de su zona de residencia. 

A fines de 2014 el servicio tendría que haber sido otorgado por el Gobierno de la Ciudad por la ley N° 4888. Como no se cumplió se otorgó otra prórroga hasta mediados de 2018 por la ley N° 5728. Esta ley establecía un aumento de casi un tres mil por ciento de los espacios alcanzados actualmente por el estacionamiento medido que los ampliaba de 4 mil a 85 mil espacios con tarifas en un territorio que abarca 203,3 km2. 

Hoy se cuestiona el  mal funcionamiento de los parquímetros, la imposibilidad de pagar el servicio con monedas de 2 pesos, la falta de mantenimiento de los parquímetros y un servicio que termina siendo obsoleto. Como también se cuestionan los acarreos por los daños que ocasionan durante la remoción de los vehículos. 

Las dos empresas que brindan el servicio de acarreo y estacionamiento medido lo hacen desde hace 28 años y, mientras obtienen ganancias millonarias, el Estado lleva el costo mayor con el pago de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras que operan las  grúas, el salario, las horas extras y los feriados de los 214 agentes de tránsito que les pone a disposición.

Son dos empresas privadas, de las que nadie sabe quiénes son los dueños, las mayores beneficiarias de un negocio oscuro y que anda sobre ruedas. Son millones los pesos del negocio, y millones los vecinos afectados por una medida que perjudica la cotidianidad de quienes viven y transitan la ciudad.