El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con su proyecto para privatizar, restringir y tarifar el uso del espacio público.

El “estacionamiento ordenado” del que habla el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se parece más a una medida recaudatoria que a un intento de lograr una mejor fluidez y ordenamiento del tránsito en la Ciudad.

La ampliación de las zonas de estacionamiento medido por casi todos los barrios, las restricciones para circular, el incremento de las tarifas de los parquímetros y del valor de la nafta, el mantenimiento de los vehículos y el inoportuno aumento de un 37,3 por ciento en las multas de tránsito, solo trae más incomodidades y un alto costo al bolsillo de los vecinos. 

Es real que el tránsito en el centro es cada vez más intenso. Tendría sentido si el estacionamiento medido solo se aplicara allí, donde se presenta la mayor congestión. ¿Pero qué sentido tiene tarifar el estacionamiento en los barrios residenciales como Villa Urquiza, Floresta, Colegiales o Boedo?

Si el objetivo real es administrar de manera eficiente el uso del espacio público, ordenar y evitar situaciones en las que se pone en riesgo la seguridad vial, fomentando la peatonalización, lo que hace falta es inversión del Estado en el sistema de transporte público. 

Playas de estacionamiento cerca de las terminales de tren, subte y colectivos, mejores frecuencias y más paradas en los barrios. También un mejor servicio de subte. La utopía de la construcción de 10 kilómetros de subte por año es otra de las falsas promesas del oficialismo. 

No podemos restringir ni desincentivar el uso de vehículos privados sin invertir en el sistema de transporte público. En esto tenemos que avanzar para hablar de una mejora real en la vida de los porteños y de todos los ciudadanos que transitan la ciudad. 

¿Qué hay detrás de esto?

En un intento por destrabar la adjudicación de la concesión del servicio de grúas, el oficialismo en la Legislatura porteña aprobó una serie de modificaciones a la Ley 5.728 en relación a la concesión de la prestación de distintos servicios relacionados al Sistema de Estacionamiento Regulado.

La reforma busca superar los numerosos cuestionamientos que recibió la norma original –aprobada en 2016– por parte de la Justicia porteña. Ahora, los cambios votados deben ser discutidos en audiencia pública y ratificados en segunda lectura, lo que le daría legitimidad al proceso. 

Con este paso, el Ejecutivo tiene la posibilidad de seguir adelante con la concesión de los espacios públicos para emplazar las playas de acarreo, con las grúas y con la expansión de los parquímetros: el estacionamiento medido incluirá cinco zonas y ampliará de 4 mil a 80 mil la cantidad de espacios por los que se deberá pagar para estacionar. 

La actual concesión de las grúas está vencida desde 2001 y se viene prorrogando desde ese entonces. Hace 28 años que dos empresas brindan un servicio deficiente, pagan un canon de solo 55 mil pesos por mes y acumulan ganancias millonarias. 

El Estado, en tanto, es el que se hace cargo de los mayores costos: paga los sueldos de los operarios de las grúas y pone a disposición de las empresas a 214 agentes de tránsito, a quienes también les abona el salario, horas extras y feriados.

* Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Bloque Peronista.