Federico Conditi, titular del área de Transporte y Telecomunicaciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que la única manera para desincentivar el uso de automóviles particulares es con una política que mejore el transporte público y no que privatice el espacio público y tome medidas a favor de las empresas que usufructúan los espacios tarifados para estacionar en la ciudad.

–¿Qué posición tiene la Defensoría del Pueblo con respecto a las nuevas playas de acarreo y el incremento de parquímetros en la Ciudad, que aprobó la Legislatura porteña?

–El proyecto aprobado no incorpora más playas y parquímetros, sino que representa la respuesta del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a los cuestionamientos judiciales del proceso licitatorio del servicio público de estacionamiento medido en la vía pública reglado mediante la Ley N° 5728. La discusión en referencia al uso del espacio público y el automóvil no es nueva ni exclusiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En lo que respecta al estacionamiento medido se incorporan ideas vinculadas al ordenamiento y al control del tránsito, como también la intención de generar instrumentos para internalizar las externalidades negativas del uso del automóvil particular. Ahora bien, el dictado de cinco Leyes en siete años (4003/11, 4888/13, 5126/14, 5728/16 y 2253/18) que persiguen la implementación de un nuevo sistema de estacionamiento medido y la incapacidad de su puesta en funcionamiento dan cuenta que el modelo propuesto no reúne los consensos políticos y sociales necesarios. El problema de fondo es el creciente uso del automóvil particular, toda medida que tienda a desincentivar su uso sólo puede ser el complemento de políticas que tiendan a mejorar la oferta del servicio de transporte público. Sin un enfoque sistémico e integral la política pública pierde eficacia y puede caer en un mero instrumento recaudatorio.    

–¿Por qué cree que el Ejecutivo presenta este proyecto?

–Lo presenta por la necesidad de prorrogar los plazos de la licitación en virtud de la causa judicial que detuvo el proceso contemplado en la Ley 5728. Asimismo, la nueva redacción permitiría sortear los cuestionamientos judiciales. En el nuevo texto queda expresado que los concesionarios no tienen ningún tipo derecho sobre los predios, por lo cual, se evitaría la realización de una audiencia pública, y no se necesitaría mayoría especial, ni procedimiento de doble lectura.

–¿Beneficia o perjudica a los ciudadanos de la Ciudad este nuevo proyecto aprobado?

–Quienes se desplacen por la Ciudad en auto particular deberán afrontar un nuevo costo si desean estacionar en una de las áreas afectadas por el sistema de tarifación. Existirán dos tipos de tarifas: la progresiva y la simple. En el primero de los casos los automovilistas deberán pagar cien por ciento de una tarifa cuyo valor de la hora aumenta conforme a la cantidad de tiempo que permanece estacionado. La tarifa simple, por el contrario, es constante. En ninguno de los casos los residentes deberán abonar por estacionar en las inmediaciones de su domicilio. Por otra parte, quisiera señalar un aspecto positivo del sistema, su implementación permitiría un mayor control del estacionamiento indebido en zonas sobre las que hoy, el Gobierno de la Ciudad no controla. El estacionamiento indebido es materia de reclamo permanente de los vecinos de todos los barrios de la ciudad. En lo que respecta a las playas de acarreo a las que hace referencia el último texto, es dable destacar que las mismas serán emplazadas en espacios que figuran con la catalogación Urbanización Parque (UP), lo que significa una pérdida de espacios verdes para los vecinos de Chacarita y Colegiales, con las consecuencias negativas que eso conlleva.

–¿Cómo funciona actualmente el sistema de acarreos en la Ciudad?

–En la actualidad, hay tres playas de acarreo: la playa subterránea ubicada en 9 de Julio y Sarmiento, la playa ubicada debajo de la autopista 9 de Julio, en Juan de Garay y Bernardo de Irigoyen, y la playa de estacionamiento ubicada en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, lindera del Parque Thays. La recuperación del vehículo se gestiona en la playa de acarreo más cercana y el horario para retirarlo es durante las 24 horas, todos los días del año. Este trámite puede efectuarlo el titular o un tercero (siempre que lleve la cédula azul al trámite).

–¿Hay quejas de los ciudadanos al respecto? ¿Cuáles son las más frecuentes?

–La mayoría de las denuncias que se reciben están relacionadas al mal funcionamiento de los parquímetros, la imposibilidad de pagar el servicio con monedas de 2 pesos, falta de mantenimiento de los parquímetros y servicio obsoleto. Respecto al acarreo, los reclamos que se reciben en su mayoría son por daños durante la remoción. 

–¿Por qué quieren privatizar el sistema de estacionamiento regulado? ¿Quiénes se beneficiarían con esto?

–El sistema de estacionamiento medido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un servicio público desde la sanción de la Ley N° 210/99, en el año 1999, cuando se crea el Ente Regulador de Servicios Públicos. Cuya explotación está concesionada como señalamos con anterioridad. Las empresas que actualmente tienen la concesión del servicio son: Dakota-STO y BRD-SEC, quienes operan el servicio desde el año 1991.

–¿Se sabe en qué lugares se harán las “nuevas playas de estacionamiento” y dónde se instalarán los “nuevos parquímetros”?

–Las playas de acarreo mencionadas en la norma en cuestión son: la Estación Parque Chacarita, ubicada sobre la Avenida Guzmán y Jorge Newbery, y Conesa, ubicada en la calle Conesa entre Concepción Arenal, Zapiola y Matienzo.

–¿Qué sucede con los espacios verdes y los terrenos donde se instalarán las nuevas playas?

–Debido a la modificación establecida en el nuevo texto presentado por el Ejecutivo, los predios afectados son de dominio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), por lo que los concesionarios no tienen ningún tipo de derecho sobre los inmuebles.