La resolución insume 551 fojas en formato PDF. Su punto más saliente es el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otros funcionarios de las gestiones que se prolongaron entre 2003 y 2015. La frondosidad, más allá del follaje formal que siempre abulta, exige una lectura minuciosa que se desgranará en futuras columnas. Este es un primer sobrevuelo de las implicancias políticas, el dispar (parcial) tratamiento procesal a imputados de distintas banderías, el uso abusivo de la figura del arrepentido o colaborador o delator premiado.

   Se suele describir esta causa como una suerte de bomba de tiempo regeneradora que podría involucrar a grandes empresarios ligados al macrismo o a figuras cercanas al propio presidente Mauricio Macri. Una especie de reservorio de minas explosivas escondidas. La descripción es edificante, pero hasta ahora no funciona: prima la doble vara.

Pájaros que vuelan libres: Mucha resonancia y pocas sorpresas contiene la decisión del juez federal Claudio Bonadio. 

El pretendido Lava Jato o el Mani Pulite argentino es, hoy en día, una causa enfilada contra el kirchnerismo. Los empresarios que inculparon ex funcionarios obtuvieron la libertad durante el proceso. El abuso arbitrario de la prisión preventiva o de su dispensa es el hilo de Ariadna que recorre la causa.

  Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados-opositores.

  Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados. Algún macrista de primera línea, Héctor Sánchez Caballero, fue beneficiario de la falta de mérito, menudo detalle.

  La caterva empresarios arrepentidos (anche los procesados) quedan libres, en fila india. Desde el primo presidencial Angelo Calcaterra hasta el número dos de Techint Luis Betnaza. 

  Otros ni siquiera fueron perturbados por la instrucción: desde el número uno de Techint Paolo Rocca hasta el eléctrico Marcelo Mindlin, concesionario predilecto del presidente Mauricio Macri. 

  El regateo (denuncias versus libertad) realizado por el juez y el fiscal Carlos Stornelli es nulo por el modo en que se ejecutó: violentando garantías, incitando a fabular, concediendo amplio crédito a relatos imposibles de corroborar.

  Su Señoría aclara que las investigaciones seguirán, que esta resolución es la primera y no tiene por qué ser única. Vale. Pero habrá que ver para creer:  hasta ahora el proceso dividió aguas conforme nítidas distinciones políticas.

   En un gesto digno de mención se declara extinguida la acción penal contra el presidente Néstor Kirchner por su muerte. Dado que ésta ocurrió en 2010, el magistrado podría haber ahorrado ahondar a su respecto desde el vamos.

Que vaya presa durante el proceso (electoral): El trámite del pleito fue super veloz, pródigo en peripecias y barbaridades. Arrestos a mansalva, allanamientos con pico y pala dignos de Hollywood, posible inspiración de próximas películas de los hermanos Coen o de Quentin Tarantino. Secuestro de bienes ostensiblemente ajenos a la causa, propiedad de la ex presidenta (tanto que hubo que restituir algunos). Retroexcavadoras hollando el duro suelo patagónico, engrosando el gasto público para dar solo con piedras.

  Nada frenó la iniciativa ni la celeridad del Tribunal que, sin embargo, pide la prisión preventiva de Cristina Kirchner durante el proceso, que se superpondrá con las elecciones del año próximo. El juez reconoce que la libertad es la regla, la cárcel una excepción pero esgrime que Cristina es un peligro para el avance de la causa. El fundamento de este punto es especialmente parco y alude de modo vago a documentos hallados en el domicilio de la potencial candidat… de la procesada.

Se reclamará al Senado el desafuero supeditado a la confirmación de la medida por la Cámara. Recaudo que no sanea para nada el vicio esencial: se ordena cárcel sin condena, ni siquiera en una instancia, siendo que nuestro sistema legal exige al menos dos instancias y en los hechos suele transitar tres.

  Se invoca como fundamento a la doctrina Irurzun, malhadada innovación de la etapa macrista. Para este cronista, un engendro que desmadra al derecho penal. Además de una Caja de Pandora que puede desquiciar el sistema político porque los oficialistas que zafan hoy dejarán de serlo algún día. Los jueces federales son procíclicos en materia política y la prepotencia puede sobrevivir, cambiando de destinatario. Por si hace falta aclararlo: no propugnamos ese futuro inquisitorial, lo entrevemos. A nadie debe negarse la presunción de inocencia o privarse de la libertad sin condena. Todos requisitos delimitados por la Constitución.

  Por si hace falta, part II: pensamos que los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y que en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones requieren recorrer toda la dinámica del juicio, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su vicio y su injusta racionalidad.

El abuso de la mentira: A fuer de garantista, el derecho penal permite que la persona acusada mienta por decirlo en jerga cotidiana. O esté dispensada de declarar en su contra, en dialecto forense. La regla no ampara al delator premiado, colaborador o arrepentido que confiesa un delito y negocia reducción de pena a cambio de inculpar a otros sospechosos. 

  La ley vigente autoriza el mecanismo pero sanciona si se corrobora que falseó hechos para cubrirse. La condena se determina al final del proceso, en el juicio oral. Si el sentenciante interpreta que mintió no hay reducción de la pena sino agravamiento.

  Darle crédito al delator exige de juez y fiscal un análisis delicado. Hay una tratativa redituable para él, los dichos que lo ayudan deben ser mirados con lupa, con recelo. Las declaraciones de Claudio Uberti y José Francisco López (por mentar apenas una muestra) no pasan por ese cedazo.   

  Uberti, salido del gobierno antes de que Cristina asumiera y radiado del entorno cercano desde entonces, se explaya sobre lo sucedido en el velorio de Kirchner. Para colmo, habla por boca de otros (de ganso, pongalé): refiere habladurías, no hechos que cayeron bajo el alcance de sus sentidos.

  López, como desmenuzaron Irina Hauser y Raúl Kollmann en PáginaI12 ayer, es un cambiador serial de declaraciones. Cada vez que habla, inventa una versión. El fallo le asigna alta credibilidad a un delincuente probado, confeso y mendaz cuando refiere una charla mano a mano con Cristina. O cuando asevera que Fabián Gutiérrez (quien le habría entregado el costoso equipaje de mano) “es Cristina”. Testigo único, floja evidencia. Testigo capcioso, peor. Buchón premiado…too much.

 Tampoco se sostienen las declaraciones de empresarios que reconocen haber entregado dádivas pero se victimizan, niegan en el fondo haber cometido cohecho, hablan de presiones insalvables. Pobres angelitos, empezando por Calcaterra. Quienes explican que aportaron para la campaña en años no electorales, se alzan con un Olimpia de Plata en la disciplina declarantes truchos. 

Floja de papeles: Los debates públicos y jurídicos nutrirán elementos que ayudarán a análisis más elaborados. A cuenta: los procesamientos se fundamentan de modo exclusivo en testimonios, sin documentos ni pruebas materiales que los sustenten ni hallazgos de dinero. Acentúan la endeblez del fallo los apremios para conseguir delaciones, la suspicacia que estas conllevan.

  El procesamiento de Cristina es técnicamente arbitrario. El desafuero y el apresamiento prematuros de la ex presidenta son inconstitucionales. El Senado debe rechazarlos, si llegaran a ser tratados. Poner entre rejas sin condena a la candidata opositora con mayor intención de voto destrozaría la legalidad y la limpieza de las elecciones.

  El programa económico macrista lleva al país a una catástrofe, el Gobierno pierde apoyos y es cuestionado cotidianamente en la calle. Se trata de hacer fuerte de local: en los medios y en el Poder Judicial mientras sueña con un salvavidas del Fondo Monetario Internacional. 

 De política hablamos y no de una decisión de “la Justicia independiente”: dicho contexto es esencial para entender qué está sucediendo.

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