“Con un punzón lastiman, con una tiza creamos”, escribió una maestra en una pancarta de las miles que se pudieron leer en estos días en diversos actos y movilizaciones docentes realizados en Moreno, donde las 250 escuelas públicas del distrito permanecen cerradas tras la explosión de gas que el 2 de agosto mató a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar de la escuela 49. Pero al abandono del Estado (que recién ahora, tras una fuerte presión popular, empieza a sentarse en mesas de negociación) se sumó el ataque feroz de tres desconocidos a Corina de Bonis el 12 de septiembre pasado. “Ollas no”, le escribieron sobre el cuerpo a navajazos o con algún objeto cortante, luego de secuestrarla y torturarla. Los atacantes tenían una información precisa: el CEC 81 fue el único que desde el 2 de agosto se las ingenió para conseguir provisiones y realizar cada día una olla popular que garantice comida para sus estudiantes. Otras escuelas intentaron lo mismo pero debieron suspender las ollas por una razón simple: no tenían qué poner en ellas.
“Lo que molesta es la visibilización del hambre, en Moreno y en todos lados”, denunció Cecilia Pustilnik, secretaria de Derechos Humanos de Suteba Moreno y vicedirectora de la escuela 74 del barrio Yaraví. En conversación con Las12, la dirigenta señaló además que desde que las comunidades educativas decidieron suspender las clases tras la explosión y realizar un acampe frente al Consejo Escolar, recibieron no menos de 13 amenazas en distintas escuelas. “Todas ellas fueron dirigidas a madres y docentes; es decir, a mujeres. No podemos dejar de pensar que en semejante decisión hay un intento de doblegarnos por nuestra condición de trabajadoras pero también por nuestra condición de género. No lo lograron, no lo van a lograr”, agregó.
Otro dato importante que aporta Pustilnik es que el 70 por ciento de las docentes en Moreno son además jefas de hogar. Es decir, sostienen con su trabajo escuelas que, por la crisis, devienen espacios de referencia y contención barrial mientras llevan adelante sus casas, sus familias, sus vínculos. Del mismo modo, la gran mayoría de las madres en Moreno están al cuidado de sus hijxs ya sea porque también ellas son jefas de hogar o porque sus compañeros son quienes salen a buscar trabajo. Esto se profundizó desde el 2 de agosto porque si bien los establecimientos educativos decidieron no cerrar sus puertas y garantizar la continuidad pedagógica, en lo concreto lxs chicxs no pueden asistir a clase con normalidad mientras no tengan garantizadas condiciones óptimas de seguridad.
A modo de respuesta, las mujeres de Moreno han tejido una red tan sólida como contundente que incluye a directivas, auxiliares, maestras, personal administrativo, madres pero también hermanas, vecinas, alumnas y ex alumnas de los diversos colegios. Así es como entre todas lograron organizarse y sostener la vida cotidiana de las escuelas mientras se le exige al Estado que se haga presente en esta situación de emergencia edilicia que es también, emergencia económica.
“Nuestra tarea es pedagógica pero además es seguir brindando alimentos”, explicó una compañera de Corina, Guadalupe Romero, en declaraciones radiales, apenas se conoció un ataque que ya venía teniendo antecedentes. “La violencia contra nosotras no puede dejar de ser pensada en clave política: se busca amedrentar a una para amedrentar a todas”, agregó.
Ayer se realizó un gran olla popular en todo el distrito, para demostrar que lxs vecinxs no reniegan de sus formas organizativas y que, en todo caso, desde ahí pudieron doblegar al poder. O al menos, eso esperan. Sucede que este lunes, finalmente, se logró conformar un Comité de Emergencia con la participación de representantes del gobierno provincial pero también con referentes sindicales docentes, auxiliares, de movimientos sociales y, obviamente, de la escuela 49. Este comité será el encargado de supervisar una serie de medidas consensuadas, que incluyen mejoras de infraestructura como instalaciones eléctricas y de gas legalizadas, agua corriente, construcciones edilicias seguras, iluminación y ventilación adecuadas, instalaciones sanitarias y redes cloacales. Quien lea los doce puntos del acuerdo publicado en la página web de Suteba no puede dejar de pensar en la enorme deuda que el gobierno de Vidal tiene con lxs docentes si estas condiciones mínimas, necesarias para el funcionamiento normal de las escuelas, no han estado contempladas hasta ahora.
A un mes y medio de la tragedia evitable que terminó con la vida de Sandra y Rubén, lxs docentes de la 49 siguen por estos días con su dinámica cotidiana. “La conformación de un Comité de Emergencia es un gran logro porque vamos a controlar lo que se haga en las escuelas con la participación de sindicatos, organizaciones sociales… hasta familiares de Rubén forman parte del comité y van a estar supervisando las medidas que se tomen, el dinero que se invierta, las obras que se hagan”, cuentan lxs docentes. También resaltan la importancia de los vínculos comunitarios más allá de la geografía específica del barrio San Carlos II donde funciona la escuela. “La organización fue surgiendo en paralelo en todas las barriadas de Moreno porque está claro que lo que nos pasó a nosotrxs podría pasar en cualquier escuela”, agregan.
La muerte de Sandra y Rubén, siguen aclarando, “fue un asesinato”. Y como tal “tiene responsables materiales pero también responsables políticos que incluyen a toda la plana gubernamental”. Lo mismo sucede con el ataque sufrido por De Bonis que, consideran, intentó ser una forma de amedrentar y meter miedo luego de intentar amenazas de menor impacto; entre ellas, un mural hecho en homenaje a Sandra y Rubén que apareció con la leyenda “Vayan a trabajar”. “Pero acá está claro que si tocan a unx, tocan a todxs”, advierten.
