La Policía de la Ciudad no pasó ni un mes desde su creación sin participar de la represión de un corte de calles. El intento de desalojo de los manteros es sólo el comienzo de un plan que implementará el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, presionado por la demanda de Mauricio Macri de eliminar los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes macristas porteñas, la idea es ir ejecutando los desalojos con “gradualismo”: primero apuntarán a los cortes de calle que tengan una cantidad exigua de manifestantes e irán in crescendo en el año. En tanto, los organismos de derechos humanos registran episodios de hostigamiento a los jóvenes de clase baja por parte de la policía porteña y de las fuerzas federales y advierten sobre la falta de regulaciones.

Todo 2016 transcurrió en una disputa entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño, Martín Ocampo, por la represión a los piquetes. Desde la Ciudad, buscaron no cargar con el costo político que podría tener un uso masivo de la fuerza contra los manifestantes. Por eso, no adhirieron al protocolo antipiquetes de Bullrich. La disputa la terminó de zanjar Macri a fines del año pasado, cuando reveló que habló con Larreta para que en 2017 comenzara a reprimir los cortes de calle.

El jefe de Gobierno recogió el guante y sostuvo que iba a empezar a implementarse el desalojo, sobre todo, de aquellos cortes de grupos pequeños de personas que buscan visibilizar un conflicto o una necesidad. Larreta diferenció esto de las manifestaciones masivas. En el macrismo porteño, de todas formas, reconocen que es complejo evitar todo tipo de corte de calles y que tendrá que verse caso por caso. “Una cosa es desalojar una ruta y otra 20 calles distintas en una hora”, indicaron.

Por pedido del kirchnerismo, la ley de creación de la Policía de la Ciudad estableció que la primera línea de policías en una manifestación no puede portar armas letales. Pero no hay más detalles de cómo procederán. Larreta está muy atento a que ningún desastre de la policía trunque su carrera política. Por eso la orden parece ser algo así como una “represión a medias”. “Tiene que empezar a actuar la Policía de la Ciudad. Siempre intentando que no lastimen a nadie”, fue la expresión de deseo de un dirigente que conoce de cerca la problemática de seguridad en la Ciudad.

La experiencia de esta semana con los manteros mostró una primera alternancia de represión y negociación. El corte de calle vino seguido al operativo para echarlos, hubo un avance con represión que no consiguió desalojarlos, sino generar un problema mayor para la gestión PRO: las imágenes del Once en llamas recorrieron los canales. Entonces, los macristas optaron por buscar una salida negociada.

 “En términos de seguridad, se llama ‘tomar el territorio’. Saturarlo con policías, como 20 agentes por cuadra hasta que los manteros se van”, explicó un dirigente macrista porteño, quien advirtió que esa situación no fue “un piquete clásico” y por lo tanto no responde todavía al nuevo plan de desalojos de los cortes de calle.

“Lo importante es que se definió el desplazamiento y ‘limpieza’, es decir, exclusión antes que administración y/o regulación de los usos del espacio público. No parece regir ni siquiera el derecho contravencional. No hay regulación del Gobierno que no sea la eliminación”, advirtió la antropóloga Maria Victoria Pita, especialista en violencias de Estado.

Desde el CELS vienen monitoreando el accionar de la policía, en especial, en requisas a jóvenes de clase baja y señalan que la falta de claridad en los protocolos deriva en abusos policiales. “En cuanto no se reglamente en forma clara qué puede y qué no puede hacer la policía en la calle con el tema de detención para requisar, la policía va a decidir en el momento lo que quiere hacer”, advirtió Federico Efron, coordinador de litigio del CELS. “El enfoque hacia la protesta este año sería distinto y el planteo se hace en términos preocupantes. Estamos a la expectativa”, advirtió.

Un informe del CELS de fines del año pasado traza un panorama en torno al accionar policial sobre los barrios carenciados. El organismo de derechos humanos también registró que hubo operativos de control poblacional que requisaron a 150 mil personas en tres meses. Sólo 450 resultaron detenidas: el 0,3 por ciento. Otro ejemplo: “En la Ciudad Autónoma de Buenos, entre 2012 y 2014, se registraron 7.458 detenciones por averiguación de identidad, según la Policía Federal. Sólo un 2 por ciento de estas detenciones derivó en una causa pena”, indica el informe del CELS.

“Es una práctica que las policías tienen históricamente: la relación de la policía con los jóvenes pobres viene siendo compleja y violenta hace muchos años. Por eso son complejas las requisas para buscar alcohol o pedir el DNI. Son situaciones que no bajan el delito y estigmatizan a grupos sociales que ya están de por sí estigmatizados. Le permite a la policía un control de situaciones, que se traduce en abusos policiales. Puede pasar por un verdugueo, a veces implica paseos con amenazas y llega, en casos como los de los chicos de la Garganta Poderosa, a torturas”, indicó Efron, quien recordó que no hay obligación de llevar DNI y aún así es exigido por la policía. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño habilitó el año pasado esa práctica y actualmente está recurrido ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante que la Corte resuelva respetando la condena que la Argentina sufrió por parte de la CIDH por el caso Bulacio y respetando los derechos humanos”, destacó Efron.

Con la Policía de la Ciudad, todavía se observan situaciones del traspaso que no son claras: Nicolás Álvaro Soriano recibió un balazo en la cabeza en San Cristóbal. El policía que disparó está siendo representado por abogados de la división de Asuntos Penales de la Policía Federal.