El decreto del jefe de Gobierno porteño para avanzar con el proyecto de unificar cinco hospitales monovalentes de la ciudad en uno solo: el Marie Curie, el Ferrer, el Udaondo y el IREP bajo el nombre de Complejo Hospitalario Sur, en el predio de Parque Patricios del Muñiz, encendió la alarma de los trabajadores de la salud que venían resistiendo junto a pacientes de los distintos centros médicos la implementación de la medida. El plan, sostienen, parece más un proyecto para desarrollo inmobiliario que sanitario y un mecanismo para seguir privatizando la salud. Gabriela Piovano, médica infectóloga del Muñiz, dijo a PáginaI12 que “estamos en estado de alerta y juntando firmas para rechazar el cinco por uno, que va a implicar el cierre de hospitales y la pérdida de puestos de trabajo. Se saltearon a la Legislatura y no tomaron en cuenta el rechazo que venimos manifestando, y avanzaron con argumentos que no cierran: en un contexto de achique de la salud pública hablan de inversiones millonarias, cuando en el hospital se rompieron los aires acondicionados y el quirófano no puede operar cuando hace calor porque no los compran”.

El decreto 297/18, publicado en el Boletín Oficial el lunes pasado, modifica la estructura del Ministerio de Salud porteño que conduce Ana María Bou Pérez y crea la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Complejo Hospitalario Sur como “organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, con rango, nivel y atribuciones de Dirección General” para propiciar la integración de los hospitales de enfermedades Infecciosas F. Muñiz, el de Gastroenterología B. Udaondo, el de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer, el Municipal de Oncología Marie Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en el predio del Hospital Muñiz.

El proyecto presentado por el Ministerio de Salud de la Ciudad el 11 de abril pasado, que Mauricio Macri cuando era jefe de Gobierno había intentado plasmar sin lograrlo por la oposición en la Legislatura, venía siendo cuestionado por los trabajadores de la salud y los pacientes y vecinos de los hospitales afectados. 

Sin embargo, ni las movilizaciones ni los abrazos simbólicos ni los pedidos de informes no aprobados en la Legislatura fueron suficientes para que, una vez más, el oficialismo avanzara saltando los mecanismos de discusión democrática y de participación ciudadana.

Para el médico sanitarista y exviceministro de Salud, Nicolás Kreplak, “hay que poner la discusión en contexto. La Ciudad, desde que asume Macri en 2007 (como jefe de Gobierno) sufrió una desinversión en el sistema público de salud. Se fueron cerrando camas de hospitales, quirófanos, al punto de que esa situación equivale al cierre de cinco hospitales. El egreso hospitalario por internación, con una población que crece, pasó de 191 mil, en 2007, a 166 mil en 2016. Es decir, 30 mil internaciones menos. Esto vino acompañado de una disminución en el presupuesto”, señaló.

En ese marco, el especialista explicó que “está bien pensar en hospitales plurivalentes, los monovalentes (que tiene una especialidad) son modelos del siglo XIX, donde se incorporan todos los equipos, de infectología, oncología, etc. Pero primero hay que construir el hospital, que lleva varios años, enmarcado en un proyecto de salud, que tiene que incluir la construcción de más hospitales para rehabilitación o pacientes crónicos que hoy no tienen lugar en el sistema sanitario. Falta infraestructura y faltan trabajadores en la salud”, remarcó.

El proyecto que incluirá los cinco hospitales y el Instituto de Trasplantes de Caba, para lo cual se construirán 50.000 metros cuadrados y se remodelarán 10.000, tenía un costo estimado a abril de este año, previo a la megadevaluación, de 160 millones de dólares, y un recupero por la venta de los hospitales Udaondo, Curie, Ferrer e Irep de 123,7 millones de dólares (la cotización fue hecha en diciembre pasado por la inmobiliaria LJ Ramos Brokers).

La información, presentada como es habitual en el oficialismo a través de un Powerpoint, a mediado de año, generó dudas y rechazos entre los trabajadores del ámbito de la salud y legisladores de la oposición: por la falta de participación en el proyecto, la incertidumbre sobre las fuentes de trabajo y la sospecha de un negocio inmobiliario millonario detrás del emprendimiento.

La incertidumbre la generaba el mismo documento, de 62 páginas, que en su último apartado, bajo el título “Aspectos críticos de éxito”, sostenía que era necesario “sortear limitaciones” del Área de Patrimonio Histórico y del Código de Planeamiento Urbano —el Muñiz tuvo protección histórica hasta que, con la excusa del deterioro del edificio, el macrismo le quitó la protección—; realizar “acuerdos políticos con los gremios por el solapamiento de las estructuras jerárquicas”; establecer un “plan para evitar judicializaciones”; y la “mudanza de casos críticos para no tener que mantener en paralelo las instituciones funcionando”, entre otros puntos.

Según Piovano, “lograron meter la lógica de la modernización versus el cinco por uno, y sostener que van a construir un hospital nuevo cuando no reparan ni sostienen los que hay”, dijo la infectóloga, y señaló que “además no hicieron ningún estudio de impacto ambiental de lo que significa enviar a miles de personas, que hoy se distribuyen en varios puntos de la ciudad, a un solo lugar”.