El 64 por ciento de las políticas argentinas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58 por ciento le impidieron que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53 por ciento le restringieron el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27 por ciento recibió un ingreso salarial menor por su condición de género, según la primera investigación sobre violencia política contra las mujeres en Argentina, realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. La investigación monitoreó cuarenta y cinco casos de legisladoras porteñas y diputadas nacionales de once provincias (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Santa Fe, San Juan, Mendoza y Misiones) que representan a partidos de todo el arco político, entre enero de 2017 y junio de 2018.
El 73 por ciento de las legisladoras sufrió violencia política por razones de género. Y las principales razones para disuadir, desalentar o cansar a las mujeres que intentan hacer política son: las responsabilidades familiares (91 por ciento); la concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89 por ciento), la falta de apoyo por parte de los hombres (76 por ciento), la falta de recursos económicos (64 por ciento) y el temor por la integridad física (18 por ciento). En Latinoamérica se busca, a través de diferentes modelos, legislar la violencia política. Pero Lucia Martelotte, Directora Ejecutiva adjunta de ELA apunta otras formas de estimular la participación: “Hay otras estrategias que debieran impulsarse como por ejemplo la realización de campañas de comunicación; la creación de organismos públicos donde efectuar denuncias y recibir asesoramiento y la generación de espacios para el fortalecimiento de redes de las mujeres en política”.
