La justicia de Mendoza dictó sentencia hoy en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia. Oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la policía provincial fueron juzgados por siete desapariciones y cuatro homicidios y cinco de ellos fueron condenados a prisión perpetua.
El juicio que concluyó hoy fue el primero que tuvo en el banquillo a que miembros de la policía mendocina por su participación en el terrorismo de estado. Fueron condenados a perpetua Pablo Gutierrez Araya, Alcides Paris Francisca, Diego F. Morales Pastrán, Ricardo B. Miranda y Juan Carlos Santamaría. A su vez, también recibieron penas de prisión Carlos Ledesma Luna, Armando Carelli (ambos a 22 años), Armando Fernández (20 años), Ramón Puebla, Roberto Usinger (ambos a 14 años), Dardo Migno, Mario Laporta (los dos a 12 años), Miguel Salinas, Carlos Alvarez Lucero, Miguel Angel Tello (los tres a 5 años), José Mirotta, Marcelo León y Carlos Rico (los tres a 4 años y 6 meses). Resultó absuelto Luciano Marín.
Los jueces Daniel Cisneros, Alejandro Piña y Gretel Diamante dictaron condenas por los homicidios de Susana Bermejillo, Mario Susso, Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Y también se analizaron siete desapariciones: las de Jorge Daniel Moyano y Olga Roncelli de Saieg a manos de la D2 de la policía mendocina; y las de Mauricio López, Osvaldo Zuin, Ramón Fernández, Carlos y María del Carmen Marín. Estos últimos cinco desaparecidos pasaron por el centro clandestino de detención ubicado en el Campo Las Lajas, cuyo responsable fue el vicecomodoro Juan Carlos Santamaría uno de los condenados a perpetua. También salió a luz lo sucedido en el Casino de Suboficiales del Ejército, en el predio de Boulogne Sur Mer, donde estuvieron detenidas 16 mujeres que fueron torturadas.
Uno de los acusados que mayor interés concitaba era Carlos Rico, condenado a cuatro años y medio. Perteneció a la Infantería de la policía provincial y se dio por probado que custodió y trasladó presos torturados. Rico fue subsecretario de Seguridad de Mendoza durante el gobierno de Celso Jaque, entre 2007 y 2011. De momento, quedará en libertad.
En el juicio testimoniaron cincuenta personas y ocho de los condenados, entre ellos Usinger, Salinas y Alvarez ya habían recibido condenas en juicios anteriores en la provincia. Siete represores, entre ellos, Luciano Benjamín Menéndez, murieron antes de que se dictada la condena.
