![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/horacio-verbitsky_1.png?itok=3q4GpN_u)
El lunes pasado el abogado Federico Wagner, que representó al gobernador Gerardo Morales en la querella en la que Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso, dirigió un amistoso correo electrónico al Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda. Su propósito: diseñar la estrategia para recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitaría el país en mayo. Su idea es poner a los comisionados en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Túpac Amaru, a quienes sugiere que represente el Defensor del Pueblo.
La CIDH solicitó al gobierno nacional la liberación inmediata de Milagro Sala, en cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que la consideró nula por violación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial e independiente. Wagner trabaja en el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra. En el mail del 9 de enero a las 16.46, Wagner le propone a Miranda “concretar una primera reunión de trabajo durante la primera quincena de febrero, en la que esté presente el Dr. Despouy y la Dra.Falcone, como para coordinar la tarea”.
¿Quién es cada uno de ellos?
Mariano Miranda es el fiscal de Estado que en enero de 2016 presentó la acusación contra Milagro Sala por el acampe en la Plaza Belgrano. El fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito, a raíz de lo cual el gobierno provincial lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Miranda cumplió el encargo y Milagro fue privada de su libertad. Para mantenerla por tiempo indefinido, Morales fue agregando nuevas causas en las que distintos jueces le dictaron la prisión preventiva.
Leandro Despouy es el representante de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, que debe responder ante los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en nombre del gobierno nacional.
La doctora Falcone preside el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y ha sido una pieza fundamental en la domesticación del Poder Judicial. Ex diputada radical, Clara De Langhe de Falcone fue nominada para integrar el tribunal por Morales cuando era jefe de la oposición y designada para presidirlo en cuanto se conoció el resultado electoral de 2015. En cuanto asumió, Morales hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación del Superior Tribunal, de cinco a nueve miembros. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales (Pablo Baca y Beatriz Altamirano) acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. Como presidente del tribunal, Falcone designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.
Dieciocho minutos después del primer mail, Wagner dirigió otro a la propia clarafalcone9@hot mail.com. A las 17.04 del lunes 9, le reenvió el mensaje a Miranda y la propuesta de reunión para coordinar “la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Es decir que la coordinación viene de antes. El objetivo es que esas personas presten un testimonio a los comisionados que “justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”, le aclara Wagner a Falcone. Esta promiscuidad de Morales con la presidente del Superior Tribunal ratifica más allá de toda duda que Milagro Sala no goza en Jujuy de las garantías del debido proceso y que la justicia actúa como una dependencia más de la gobernación.
Los de Arribas y los de Abajos
Cuando le preguntaron por las denuncias contra Gustavo Arribas (quien niega haber recibido transferencias de Odebrecht pese a la afirmación del arrepentido pagador de los sobornos de la constructora brasileña), el jefe del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fue categórico:
–En este país, somos todos inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano dijo lo contrario:
–Milagro Sala deberá demostrar su inocencia en el juicio.
Para quienes militan en o están vinculados con la Alianza Cambiemos, como el denunciado jefe de la inteligencia federal y su inquilino el presidente Maurizio Macrì, rige en plenitud la presunción de inocencia de Larreta. En cambio la carga de la prueba se invierte para todos quienes se opongan al oficialismo, culpables por definición de Garavano. Sala carece de los recursos que tiene Arribas para fugarse o entorpecer la investigación, lo que torna más irrisoria su detención preventiva, de la que mañana se cumplirá nada menos que un año. Si se mira al conjunto de la población y no sólo a las personas con actividad política o social destacada, la situación de Milagro no es excepcional: por lo menos la mitad de las personas privadas de su libertad por delitos comunes aún no han sido sometidas a juicio. Lo que tienen en común es su vulnerabilidad ante el sistema penal, que en términos generales coincide con su vulnerabilidad socioeconómica. El caso de Milagro Sala es así representativo de un estado de cosas general, con el agravante de la persecución política. La sociedad se divide entre quienes tienen y quienes no tienen derechos. En el primer año de gobierno de Macrì la novela más exitosa de la televisión argentina llevó el sugestivo título “Los ricos no piden permiso”. Ni pagan las consecuencias.
Sin límites
Durante los 364 días transcurridos desde que Milagro Sala fue apresada se violaron todas y cada una de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, no sólo en su contra sino también en relación con compañeros y familiares a quienes se les ofrecen dos pares de opciones binarias con las que el contador Morales concibe el debe y el haber de su contabilidad política. Toda persona próxima a la líder de la organización barrial Túpac Amaru puede elegir entre plata o palos, entre acusar o ser acusada, sin tercera vía. La semana pasada, Morales llevó más allá los límites, al abrir una nueva causa contra los hijos de Milagro Sala. Para la novedosa dogmática penal del joven prodigio jujeño Joaquín Millón Quintana, el proceso comienza por la pena, las causas se reproducen por cariocinesis y la prueba es un incordio superfluo. Por eso el juez provincial Jorge Zurueta dispuso el secuestro de los vehículos de Sergio y Claudia Chorolque Sala con la mera referencia a la causa Pibes Villeros, que instruye el fiscal de acusación Diego Cussel. Ese juicio aún no se inició, pero Zurueta da por probado con la mera acusación que Sala es la “jefa suprema” de una asociación ilícita creada para delinquir contra la administración pública y que esos vehículos son el fruto del delito. La prensa oficialista se apresuró a presentar imágenes de los modelos secuestrados como si se tratara de autos de lujo y duplicó el efecto al atribuirle a los hijos de Milagro tanto la propiedad del rodado que poseen como la del que vendieron para adquirirlo. El camino en que se interna de este modo Morales es más peligroso que los inutilizados por el alud de barro y piedra que devastó varios pueblos en el departamento de Tumbaya, declarado zona de desastre y emergencia. Si se habla de autos, el contador Morales y sus hermanos declararon varios de gama y costo superior a los que el juez Zurueta les secuestró a los hermanos Chorolque Sala. Por ejemplo Gerardo Morales posee un Renault 2011 valuado en 210.000 pesos y una camioneta Ford 2013, de 480.000. Su hermano y secretario de Gobierno Freddy Morales declaró bajo juramento tres camionetas Toyota, modelos 2011, 2012 y 2013, valuadas en 247.000, 257.000 y 457.000 pesos. El tercer hermano, Walter, a cargo del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, herramienta escogida para el desmantelamiento de las cooperativas vinculadas con la organización Túpac Amaru para que la construcción de viviendas vuelva a empresas privadas, sólo declaró una camioneta Ford Ranger 2013, valuada en 283.000 pesos. Si también se considerara aceptable involucrar a los hijos en las actividades de sus padres, los del contador Morales, Gonzalo y Daniel, serían más divertidos que los de su presa. Sólo una pasada por sus muros en las redes antisociales los muestra recorriendo bellos lugares en diversos países de América, cazando, empuñando una brillante escopeta, bailando con una novia o participando en una carrera de cuadriciclos, en la que el acompañante de Gonzalo es el periodista Diego Granda del amistoso diario La Nación. En Jujuy es más difícil que en el resto del país saber si el dinero que gastan un funcionario y sus familiares proviene de una actividad lícita o fue defraudado a la administración pública. Desde 2010 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) publica un Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial que verifica doce cuestiones: la publicación de las leyes presupuestarias, el presupuesto plurianual, los informes de ejecución de ingresos y gastos, su desagregación y actualización, los informes de deuda pública, la recaudación tributaria, los fondos transferidos desde el gobierno nacional, las transferencias de la provincia a los municipios, la normativa fiscal y presupuestaria, el presupuesto ciudadano y la cuenta de inversión.
En 2016, primer año de la gobernación del contador Morales, Jujuy retrocedió un 44 por ciento en su puntaje y cayó al penúltimo lugar de la tabla nacional de transparencia, con 2,9 (en una escala que va de 0 a 10). Sólo La Pampa está peor, con un puntaje de 2,1. Jujuy es una de las seis provincias que no publican información de deuda, una de las cuatro que no informan sobre las transferencias del Estado Nacional, que este año se incrementaron en forma notoria, y una de las tres más opacas en información presupuestaria. Sólo Chubut, bajo el gobierno de Mario Das Neves, y Salta retrocedieron más que Jujuy. Puede afirmarse con certeza que la detención de Milagro Sala no mejoró la transparencia en el manejo de los fondos públicos.
La casita del Cochinillo
En la última semana de diciembre, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a Milagro Sala a tres años de prisión en suspenso como instigadora de la rotura de siete vidrios del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de San Salvador y el lanzamiento de un número indeterminado de huevos sobre el contador Morales, el 16 de octubre de 2009. Los únicos testigos de cargo contra Milagro, a quien nadie vio en el lugar, fueron El Cochinillo René Arellano y su compañera, Cristina Noemí Chauque, alias Solange de los Ángeles, quienes casi un año después de los hechos fueron presentados como testigos por el contador Morales. En las últimas dos semanas se descubrió que ambos cobran sueldo del gobierno radical, lo mismo que el hijo de Cochinillo, Freddy Arellano, y su pareja, Solsito Sena. Además, la cooperativa fantasma Newen, registrada hace cinco años por el hijo del Cochinillo pero que nunca tuvo obras ni empleados, en vísperas del juicio recibió depósitos por 822.000 pesos, que sumados a los sueldos de los cuatro miembros del núcleo familiar superan con holgura el millón de pesos. La dirección de esa cooperativa Newen es Pasteur 1085, donde progresa una edificación cuya categoría contrasta con la del anterior domicilio del Cochinillo, junto al negocio que atendía su compañera. Recién el 3 de febrero el Tribunal dará a conocer los fundamentos de la condena a Milagro y con ella la valoración que hicieron de esos testimonios comprados por el contador Morales. La semana pasada un tribunal administrativo, a cargo de un funcionario designado allí por Morales una vez iniciado el acampe frente a la casa de gobierno a la espera de respuesta a tres solicitudes de audiencia que Morales nunca contestó, condenó a la líder de la organización Túpac Amaru a tres años y tres meses de inhabilitación para integrar asociaciones civiles, gremiales o políticas. También clausuró la sede central de la organización, cuya personería ya había sido suspendida por el gobernador. La inconstitucionalidad de esta decisión es flagrante: el Código Contravencional no incluye, ni podría incluir, la pérdida de derechos civiles y políticos. La ley contravencional fue sancionada en 2014 con la única oposición del Frente Unidos y Organizados (FUyO), formado por la Túpac Amaru, pero recién entró en vigencia el 1º de enero de 2016. El debate legislativo es elocuente. El entonces diputado Agustín Perassi, del Frente Primero Jujuy, sinceró lo que estaba en juego. Dijo que en Jujuy “el problema institucional es que tenemos dos poderes enfrentados y distintos; uno es el poder de la Constitución y el otro es el poder de la fuerza y de la calle”. Por eso, en defensa de la detención de Milagro Sala, Ernesto Sanz dijo que de otro modo Morales no hubiera podido gobernar. Como ministro de Justicia de Morales, Perassi justificó ahora la represión policial a quienes querían ingresar a la sala de audiencias donde se leyó el veredicto contra Milagro Sala porque la diputada nacional Mayra Mendoza estaba “histérica”. En un pedido de informes que presentó en el Senado de la Nación una semana después de la huevada de 2009, Morales sostuvo que la Túpac Amaru logró “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector”. Se quejó de que el poder de presión que ejerce la Túpac Amaru “es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”. Se refería a la ley 5574/08, que facultó al Poder Ejecutivo a contratar en forma directa la refacción y acondicionamiento de la mitad de las escuelas con las cooperativas sociales. En el debate legislativo, el 12 de junio de 2008, Perassi y el diputado radical Alberto Bernis encabezaron la oposición a que participaran las cooperativas. Los poderes económicos influyentes en la política local que la Túpac Amaru compensó con su acción son los del Ingenio Ledesma y su accionista principal, Carlos Pedro Blaquier. La Corte Suprema de Justicia tiene ahora para decidir si Blaquier debe ir a juicio por las detenciones y desapariciones producidas en la Noche del Apagón, en 1976, mediante el uso de vehículos cedidos por él a la Gendarmería, tal como solicitó hace dos semanas la procuradora fiscal subrogante ante la Corte, Irma Adriana García Netto. Su dictamen afirmó que el caso se encuadra en la colaboración entre un sector del empresariado y las fuerzas armadas y de seguridad en la neutralización de la actividad política y gremial, que hoy se procura por medios menos drásticos. La destrucción de la Túpac, que en diciembre de 2015 contaba con 4500 cooperativistas y era el tercer empleador de la provincia luego del Estado y el ingenio, fue un objetivo estratégico de la burguesía y del bipartidismo jujeños. Durante el acampe de enero, Morales decretó un reempadronamiento de las 600 cooperativas inscriptas y anunció que el personal del área de salud y educación de la Túpac continuaría brindando su servicio, ya que desarrollaban una actividad buena y necesaria. Un año después los cooperativistas tupaqueros no fueron aceptados, a pesar de cumplir con un reempadronamiento, ya que a ninguna cooperativa se le otorgó la matrícula. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, Morales anunció que los cooperativistas cobrarían 8000 pesos, los policías 20.000 y los médicos 40.000. Nada de ello ha ocurrido. De las 600 cooperativas anotadas (que empleaban a unas 9000 personas) según informe del IVUJ a septiembre de 2016 sólo 180 fueron matriculadas y habilitadas. Algunos cooperativistas fueron empleados en la limpieza y corte de pasto a la vera de las rutas provinciales. El resto fueron excluidos del sistema y engrosan los índices de desocupación local. Morales reconoció que la pobreza en Jujuy ronda el 42 por ciento. Los 500 profesionales y administrativos del área de salud de la Túpac fueron excluidos, pese a la promesa del ministro de salud y presidente de la UCR jujeña, Mario Fiad, durante su visita al Centro Modelo Integral de Rehabilitación de Alto Comedero, donde se atendía a 120 niños con discapacidad. El ministro elogió las instalaciones y se comprometió a avanzar en la contratación de profesionales, cosa que no sucedió. Se desconoce si las 120 personas que recibían tratamientos y rehabilitación pudieron incorporarse en alguna institución del estado ya que carecían de recursos. Tampoco pudieron seguir funcionando los centros de salud (en el Barrio Túpac del Alto Comedero, en la Sede Central y en doce localidades de la provincia. La fábrica de bloques y adoquines donde trabajaban 160 personas fue usurpada con protección del gobierno y dejó de funcionar, lo mismo que las dos fabricas metalúrgicas, una en alto Comedero y otra en la calle Mejías de la capital. Sus 50 trabajadores se quedaron sin medios de vida. De las 60 personas que trabajaban en la fábrica textil de la Túpac, sólo 40 personas subsisten con costuras particulares, ya que no pueden facturar porque el Estado no habilitó a sus respectivas cooperativas. De los 19 centros deportivos donde trabajaban 200 personas, el 80 por ciento han sido destruidos o deteriorados. Sólo funcionan dos piletas (la climatizada del Alto Comedero y la de la Sede Central, que el juez contravencional ordenó clausurar) con unos 14 docentes a cargo. El área educativa, a cargo del profesor Juan Manuel Esquivel, atendió en 2016 a 5.000 alumnos matriculados en escuelas primarias, secundarias y terciarias. Sus 150 empleados de servicios, administración y maestranza sólo cuentan con contratos del ministerio de Educación de 3.500 pesos mensuales, lo mismo que reciben las 30 personas que reciben capacitación laboral en el Centro Cultural. En el interior de la provincia sólo siguen brindando asistencia social en Parapeti, El Carmen, Monterrico, Palpalá, Libertador General San Martin y Abra Pampa las Copas de Leche, que fueron la primera forma de encuentro que impulsaron Milagro Sala y su organización, de las que el gobierno revanchista del contador Morales quiere borrar la memoria. No lo conseguirá, pero entretanto está sembrando la provincia de dolor y humillación.
Gracias al blog El Disenso por los datos sobre la familia Morales.
También en esta edición:
Terroristas a piedra
Por Horacio Verbitsky
