La alevosa agresión de la policía de Chubut contra la comunidad mapuche del departamento de Cushamen, que se identifica a sí misma como Lof en Resistencia, traslada al otro extremo del país el desdén y la violencia contra los pueblos originarios. Mario Das Neves se propone como émulo de Gerardo Morales. Ambos cuentan con la aquiescencia del gobierno nacional y la protección de la prensa canalla. Tanto Clarín como La Nación, omitieron toda información sobre el conflicto, hasta que Das Neves, su ministro de gobierno Pablo Durán y su jefe de policía Juan Ale, calificaron a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como guerrilleros, terroristas, delincuentes y a lo ocurrido como “parte de una escalada, más grave de lo que se piensa”. El Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se declaró “preocupado” e instó “al diálogo y a la conciliación”. Agregó que estaba trabajando con los Ministerios del Interior y de Seguridad para buscar una rápida solución. El Ministerio de Seguridad es parte principalísima del problema: su informe de gestión del 30 de agosto del año pasado no considera los reclamos de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales un derecho garantizado por la Constitución sino un delito federal y atribuye a la RAM “hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”. El informe de Patricia Bullrich fue escrito ocho meses después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el carácter federal y la aplicación de la ley antiterrorista a la causa que se instruía contra Martiniano Jones Huala y otros representantes mapuche y remitiera el expediente a la justicia provincial. Del mismo modo, en el caso Norín Catriman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en mayo de 2014 contra la aplicación de la ley antiterrorista a la reivindicación de tierras ancestrales por parte del pueblo mapuche. La declaración de Avruj dijo que había puesto a disposición de las autoridades locales un equipo interdisciplinario especializado en la resolución de conflictos, para “ayudar a resolverlo en términos pacíficos”. Concluyó que “es vital e imprescindible detener la escalada de violencia y volver a instalar una mesa de diálogo y negociación”. El Secretario de Derechos Humanos adopta una expresión ingenua y un tono manso, muy PRO: mientras su gobierno incumple con la solicitud de libertad de Milagro Sala, Avruj declara que quiere trabajar con la ONU y la OEA, cuyos aportes lo enriquecen, y que el gobierno no considera enemiga a Milagro. De hecho, la mesa de diálogo funcionó desde marzo de 2016 pero el gobierno de Das Neves desertó de ella para optar por la violencia. El 10 de enero al comunicar que había ordenado a la Gendarmería que retirara los troncos y ramas que obstruían las vías del tren La Trochita, el juez federal de Esquel Guido Otranto reveló que el 17 de noviembre el presidente de la Corporación de Fomento de Chubut (que depende de la gobernación) le comunicó su decisión “de no seguir participando en la mesa de diálogo o cualquier otro tipo de negociación vinculada con este conflicto”. Estos hechos apenas se conocen porque los grandes medios los ignoran en forma deliberada. Tanto Clarín como La Nación se burlaron por “el papelón” del diputado nacional camporista Santiago Igón, quien publicó fotos de mapuches ensangrentados ignorando que los habían golpeado carabineros chilenos hace un par de años. Pero ninguno de ellos reprodujo la foto que fue tapa de este diario el viernes, no menos impresionante que las chilenas, donde se ve a Emilio Jones Huala sangrando por el maxilar perforado con una posta de caucho disparada a quemarropa, mientras los hombres de la comunidad se defendían con hondas y piedra. El terrorismo a piedra es un gran aporte de Das Neves al diccionario de la argentinidad.

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