Además de las condenas, la querella solicitó al Tribunal que ordene las siguientes “medidas de rehabilitación” para que sean cumplidas por distintos estamentos del Poder Ejecutivo Nacional:

  • Que a través de los programas de ayuda económica existentes, las víctimas reciban becas que les permitan continuar sus estudios, interrumpidos después de ocurridos los hechos. 
  • Medidas de satisfacción, que buscan crear garantías de no repetición de estos hechos de violencia institucional como ser que la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación publique en el Boletín Oficial y en el sitio oficial del Ministerio de Seguridad la sentencia que el tribunal dicte, preservando las identidades de las víctimas, sus familiares o los testigos que ayudaron a las víctimas.
  • Que se remita copia certificada de la sentencia al Ministerio de Seguridad y se lo invite a ofrecer una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades de funcionarios de esa fuerza a su cargo.
  • Que se remita copia certificada de la sentencia condenatoria a la Sección Investigación Interna Administrativa de la División Investigación Penal Administrativa de Prefectura, en la que están tramitando los sumarios administrativos a los imputados. 
  • Que la sentencia condenatoria obligue a los imputados a restituir los bienes o una suma de dinero equivalente, por los bienes de los que fueron despojados los dos chicos, medida que se solicita que no sustituye la acción civil futura.