Primero fueron versiones, después se encargó de confirmarlo el propio ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. Para la gobernadora María Eugenia Vidal una forma de terminar con el reclamo de los trabajadores del astillero Río Santiago sería reconvertir su perfil productivo y trasladar a los empleados a la obra pública. “Confirman la ignorancia total que tienen sobre el astillero. Es una muestra más de que no tienen ni idea lo que es la industria naval y el potencial de la planta”, fue la respuesta de los trabajadores que explicaron que el astillero ya participa de la obra pública y pusieron de ejemplo la producción de las turbinas para la represa Yacyretá, el techo del Estadio Único de La Plata y varias estructuras para puentes, entre otros trabajos.
“Estamos planteando que pasen a hacer obra pública que tanto hace falta en la provincia”, sostuvo Lacunza, en declaraciones a la prensa, dando a conocer la nueva propuesta de Vidal. El martes, los trabajadores del astillero tomaron la sede del Ministerio de Economía para exigir una respuesta a la parálisis que viven por la falta de dinero para continuar los trabajos en ejecución. Trabajos que ya están pautados mediante contratos y que en caso de incumplimiento la provincia deberá pagar multas millonarias. Esa es la situación con un barco encargado por Venezuela que debería ser entregado el 20 de noviembre. En caso de no entregarlo, Vidal deberá pagarle al gobierno de Nicolás Maduro 200 mil dólares por día en concepto de multa.
“Esta nueva propuesta de Vidal nos recuerda a la de Duhalde que en el ‘93 decía que el astillero tenía que dedicarse a construir casas... es de una ignorancia brutal. Va a terminar su mandato y Vidal no va a entender a qué se dedica el Astillero. Acá se fabricaron íntegramente 12 de las 16 turbinas de Yacyreta, una de las obras públicas de mayor envergadura de los últimos tiempos”, explicó a PáginaI12 José Montes, delegado del astillero. Según el trabajador, en la fábrica de barcos también hicieron el techo del estadio de La Plata, el Teatro Argentino y las estructuras de diferentes puentes para cruces viales en zonas inundables.
Para Montes, la propuesta que todavía no fue pronunciada oficialmente es parte de la “chicana” del Gobierno para mantener la parálisis del Astillero “como parte de la política de ajuste acordada con el FMI”. “Tenemos cuatro patrullas para la Armada construidas en un 70 por ciento que también está paralizadas y ahora dicen que como estamos en zona franca no podemos producir para el mercado interno. Son manotazos de ahogado para justificar el desfinanciamiento”, fue tajante Montes.
Según el delegado, ahora el Gobierno prevé comprar cuatro patrullas –tres nuevas y una usada– a un astillero francés por 350 millones de dólares, cuando en el Río Santiago la producción tendría un costo de 240 millones, más de cien millones menos. “Se van cerca de 7 mil millones de dólares porque no hay flota mercante de bandera propia y todos los envíos se hace con grandes monopolios extranjeros. Las nuevas patrullas las quieren encargar por compra directa a un astillero que está sancionado por pagar coimas y sobornos y es socio de Odebrecht”, sostuvo Montes, que reclamó una política integral para reactivar el astillero.
El primero de los dos barcos encargados por Venezuela debería entregarse el 20 de noviembre. Según contó el delegado, sólo resta el 3 por ciento de producción para finalizar el trabajo pero no cuentan con el dinero ni los insumos para hacerlo. El segundo barco está terminado en un 83 por ciento. “Tienen que poner una partida para terminar el barco y que Venezuela pague los 8 millones de dólares por la compra y nos permita seguir con la producción. Si el barco no se entrega el 20 de noviembre la provincia de Buenos Aires va a tener que pagar 200 mil dólares por día por multa a Venezuela como fue establecido en el contrato”, informó Montes.
Los trabajadores planean continuar con las protestas y el plan de lucha hasta tener una respuesta del gobierno provincial. La semana que viene los trabajadores del Río Santiago se sumarán a los paros convocados por la CTA y CGT y después buscarán impulsar un paro activo de 36 horas, aunque la medida todavía debe aprobarse en la asamblea.
