Una resolución del juez federal Sergio Torres dejó en evidencia la arbitrariedad del despliegue policial durante la manifestación en los alrededores del Congreso contra la reforma previsional, el día de la sesión del 18 de diciembre último. El fallo dispuso sobreseer a 58 de las 69 personas que habían sido detenidas ese día porque, concluyó Torres, no hay nada que acredite que estuvieran cometiendo un delito o acto de violencia que justificara la privación de la libertad o una imputación penal.  Incluso señaló que la mayoría de las actas policiales fueron redactadas con descripciones genéricas, sin la menor referencia a un hecho, lugar y momento concreto, lo que implica “un serio compromiso de las garantías constitucionales”. La responsabilidad de los agentes, dice el fallo, será analizada en otra causa que tramita el mismo juez en forma paralela, donde se analizan específicamente hechos de violencia institucional de ese día. Según el análisis de múltiples filmaciones, el juez citó a indagatoria a nueve personas a quienes les atribuye haber protagonizado actos de violencia. Todavía tiene pendiente resolver la situación procesal de Daniel Ruiz, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que fue detenido la semana pasada en función de las imágenes. Sus compañeros y su hermana, que viajó desde Comodoro Rivadavia, reclaman su libertad. A la misma fuerza política pertenece Sebastián Romero, quien tiene pedido de captura.

Una característica de los operativos de fuerzas de seguridad que el Gobierno puso en marcha frente a las dos movilizaciones contra la reforma previsional en diciembre último (una el 14 y otra el 18 de ese mes) es que se realizaron detenciones de manifestantes a granel, al voleo o contra personas que, por ejemplo, tomaban imágenes del accionar de los efectivos, lo que llevó a que la detención de periodistas y fotógrafos fuera una constante. La evaluación del juez Torres es que no existe una regulación de la actuación policial en contextos de protesta donde estén plasmados los principios básicos del empleo de la fuerza y quedó en evidencia la “carencia de un procedimiento” para dar respuesta. La resolución relata que la Policía de la Ciudad en un comienzo tuvo una actitud pasiva pero “cuando la situación se volvió incontrolable, respondió en forma caótica y desproporcionada”. Por el momento, no responsabiliza al Ministerio de Seguridad, que se supone que impartió instrucciones, como ante cada manifestación. El 18 de diciembre hubo 200 personas heridas y la ofensiva policial tuvo su máxima expresión en el caso de los policías Dante Barisone -preso aún-quien pasó con su moto por encima del cartonero Alejandro “Pipi” Rosado y otro policía motorizado, Alfredo Luna, quien quedó filmado cuando le tiraba gas pimienta en la cara y golpeaba al jubilado Juan José Puchet.

Desde diciembre hasta ahora fue el tiempo que le tomó a la División Ciberpatrullaje analizar todas las imágenes obtenidas, no sólo de las cámaras de la calle y canales de televisión, sino también las filmaciones caseras. Ese trabajo se hizo para determinar si había alguna prueba real para incriminar a las personas detenidas aquella tarde y noche. Como ya sucedió en otras movilizaciones donde hubo detenciones, como la que se hizo al mes de la desaparición de Santiago Maldonado, las actas policiales fueron redactadas con una fórmula genérica aplicada en varios casos a la vez. Por ejemplo “se encontraba participando en disturbios provocados durante la manifestación en el Congreso”. Incluso algunas están firmadas por policías que no presenciaron los hechos sino que las elaboraron en la comisaría con posterioridad. Estos puede leerse en la resolución, que señala que “las menciones genéricas, sin más elementos que las respalden, no permiten formular las más básicas imputaciones sin un serio compromiso de las garantías constitucionales (…) “en la mayoría de los casos se carece de los elementos mínimos para atribuir el resultado típico expuesto por las fuerzas de seguridad y derribar el estado de inocencia del que gozan todos los ciudadanos por imperativo constitucional”. En suma, 58 personas fueron sobreseídas por falta absoluta de evidencias. Muchas de ellas hicieron denuncias de abusos policiales y detenciones arbitrarias ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y tramitan en el otro expediente a cargo de Torres.

La resolución sí responsabiliza a nueve manifestantes que fueron citados a indagatoria y repasa las situaciones de Sebastián Romero, Daniel Ruiz, Cesar Arakaki, Dimas Fernando Ponce y Mariano Stansiola. El primero, militante socialista, para el juzgado -que lo señala en imágenes disparando hacia la policía lo que parece un mortero o pirotecnia– está en situación de prófugo. Ruiz, de su agrupación, fue detenido la semana pasada e indagado, y está alojado en Marcos Paz. Hay una campaña en reclamo de su libertad -encabezada por su hermana Florencia– que pone en cuestión la acusación en su contra de intimidación y atentado a la autoridad.