Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, está siendo investigada por la Justicia por haber incurrido, paradójicamente, en un conflicto de intereses. El fiscal Carlos Stornelli impulsó una denuncia contra la funcionaria por haber contratado irregularmente como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que, además, hace lobby para empresas privadas. Se trata de la empresa Consuasur, fundada en 2005 y contratada por la OA a comienzos del año pasado. Ahora la causa está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello. 

Este diario había develado en enero la maniobra ilegal de la titular de la Secretaría de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuya tarea es precisamente investigar conflictos de intereses estatales y privados. Sin embargo, la OA contrató en 2017 a una empresa que dirigía el fallecido Juan Gentile, ex jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015 y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Quien ahora la dirige es Facundo Sosa Liprandi, gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015. El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice, ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart.

Entre los servicios ofrecidos en su web, figura la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”. También el lobby, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. La propia firma detalla su oferta de este modo: “Brindamos información sensible, imparcial y detallada sobre decisiones relevantes de gobiernos y parlamentos de Latinoamérica para quienes toman decisiones. Con un enfoque profesional, original y ético del lobby en tanto gestión de los intereses de nuestros clientes ante los gobiernos, ayudamos a quienes nos eligen a lograr consensos para sus proyectos”. Es decir, a pesar de contar desde 2015 con un área regular de prensa y con jefes designados ad hoc, la dependencia pública dedicada a monitorear el Estado argentino le pagó por esas tareas a una consultora que trabaja para empresas que buscan incidir en políticas gubernamentales, en clara incompatibilidad con la Ley de Ética Pública. La misma OA admitió que contrató a Sosa, Liprandi y Giúdice desde marzo de 2017 y que estipuló un sueldo mensual de 44 mil pesos para el primero y 38.500 para el segundo durante 2018. Alonso se había despachado por Twitter para desligarse de la denuncia al referirse a las “fake news”. Sin embargo, cuando trascendió el convenio firmado por la OA, Alonso dio de baja el contrato de 1 millón de pesos que tenía con la consultora.

La denuncia formal a la que dio curso Stornelli había sido realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, por presuntos “negocios incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos”. En la presentación subrayó que el convenio con Consuasor “no se trata de un mero contrato obtenido presumiblemente gracias a un vínculo político sino que la empresa se dedica nada menos que al lobby, lo cual pone a Alonso ante un evidente conflicto de intereses”. Además, allí puntualizó las deudas que la consultora tenía con el fisco, “la alta rotación de ‘prenseros’, a pesar de lo cual Consuasor fue ganando terreno”, entre otras irregularidades. Por otro lado, la investigación publicada por este diario detalló que la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión de Cambiemos y que también asesoraba a funcionarios que la OA debía controlar.