El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció que las modificaciones a la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que aprobó la Legislatura el jueves pasado, es un blanqueo para las actividades y obras preexistentes al 10 de diciembre de 1998, que estaban en situación de ilegalidad en relación con los permisos ambientales, ya que debían someterse a audiencias públicas cada cuatro años, y ahora no deberán hacerlo. Como consecuencia, la ciudadanía dejará de tener voz para opinar sobre los impactos que sufren a causa de dichas actividades. Otro de los cambios apunta a salvar a emprendimientos que estaban en la ilegalidad por ser categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto. Para entrar en esa categoría ahora deben ocupar más del 50 por ciento de la manzana (antes alcanzaba con que superaran los 2500 metros cuadrados).

El titular a la ONG y abogado ambientalista, Jonatan Baldiviezo, explicó que “en los casos en que aplicaba la norma, como estadios o shopping, se debía convocar a audiencias públicas para evaluar la actividad, y aunque el gobierno ya incumplía la ley, ahora lo que hacen es legalizar una práctica ilegal”, y señaló, además, que la aprobación “violó el procedimiento de doble lectura, como exige la Constitución porteña”.

El proyecto, aprobado con 45 votos afirmativos, 5 negativos y 6 abstenciones, fue presentado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para modificar la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el instrumento que se aplica a todos los emprendimientos inmobiliarios para evaluar acciones que permitan mitigar los efectos de dichos desarrollos.

Una de las modgoificaciones exceptúa de la obligación de celebrar audiencia pública, que es la instancia de participación ciudadana, a todas aquellas actividades preexistentes al momento de entrada en vigencia de la ley, diciembre del ‘98, con el argumento de que dicha instancia tenía sentido para que los vecinos se expresaran de manera previa al inicio de la actividad, proyecto y/o emprendimiento.

Para Baldiviezo, el fundamento hace agua, y como ejemplo explicó que “el estadio de River es un emblema de cómo puede cambiar una situación. Cuando se construyó, no había viviendas en los alrededores y tenía un impacto distinto al que tuvo con el correr de los años, y con la nueva ley los vecinos no van a poder manifestar los impactos que están viviendo”, dijo y siguió “se trata de pensar con la comunidad cómo disminuir los impactos negativos”.

En el mismo sentido, el legislador Patricio del Corro, del bloque PTS-FIT, que votó en contra, sostuvo que “la ley está ligada a la reforma del Código Urbano, donde se blanquean construcciones”, y señaló que otra de las novedades es que en el caso de que haya que hacer la evaluación, “que la hace la empresa que contrata el desarrollador inmobiliario, el resultado va a quedar entre el gobierno (a través de la Agencia de Protección Ambiental) y el privado”, pero para eso deberá superar la media manzana de ocupación.

Para entender el contexto: en la ciudad, las obras mayores a 2500 metros cuadrados, un cuarto de manzana, que debían contar con una normativa de excepción otorgada por la Legislatura, nunca pasaban por las evaluaciones ambientales con audiencia pública porque el gobierno permitía el incumplimiento, pero se empezaron a judicializar muchos casos. El Palacio Roccatagliata, frenado por la Justicia, es un ejemplo típico. Con la nueva norma, la fracción automática oficialista de la Justicia podría declarar abstractas muchas causas en curso.

Si bien la norma incorporó la Evaluación Ambiental Estratégica que fija alguna instancia de participación, para Baldiviezo “es una formulación vaga, sin especificar, que no se estableció como obligatoria para los privados sino que es discrecional y que, además, debiera ser pensada junto con la Evaluación Ambiental Acumulativa, que se negaron a incorporar”.

“La Estratégica evalúa en función de la planificación integral de la ciudad, y la acumulativa hace una evaluación de la suma de efectos. No es lo mismo habilitar una torre que cincuenta, o algunos comercios que cientos”, remarcó el ambientalista, para quien la Legislatura “está blanqueando las ilegalidades del sector inmobiliario”.