La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe lapidario sobre la situación socioeconómica que atraviesa Argentina y advirtió que hay amplios sectores de la población que sufren una “seria inseguridad alimentaria”. “Defender el derecho a la alimentación cuando hay crisis económica en el país es una obligación legal del Gobierno y una cuestión de derechos humanos. El Gobierno debería tomar más en cuenta el impacto directo e indirecto de sus medidas de austeridad sobre la accesibilidad a los alimentos por los más pobres en la sociedad argentina”, señaló en su declaración la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, tras su visita oficial al país que concluyó ayer.

Desde el 12 de septiembre, Elver mantuvo encuentros con funcionarios nacionales, autoridades locales de las provincias de Buenos Aires y Chaco, pequeños productores, comunidades locales y miembros de la comunidad Qom, representantes de organizaciones internacionales, del sector académico, del sistema de las Naciones Unidas, y referentes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Luego de su estadía, una de las conclusiones más duras a las que arribó fue la dificultad que los sectores vulnerables enfrentan para acceder a una alimentación adecuada. “La Argentina asegura que el país produce suficientes alimentos para 450 millones de personas, pero casi cuatro millones entre sus propios ciudadanos enfrentan una seria inseguridad alimentaria”, sostuvo la experta, al tiempo que destacó que desde fines del año pasado, los índices de pobreza comenzaron a aumentar “a un nivel alarmante”, con un incremento previsto para fines de este año, lo que afecta principalmente a los niños y niñas. “En situaciones de crisis con una inflación extremadamente alta, las personas que ya son vulnerables –como los campesinos que no poseen tierras, los trabajadores agrícolas, los migrantes y pueblos originarios– sufren más, y el medio de subsistencia de muchos está en riesgo”, agregó al respecto.

En ese sentido, criticó las políticas y acciones del Gobierno vinculadas con la agricultura familiar, un factor clave “para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos”, ya que representa casi el 80 por ciento de los agricultores en la Argentina y produce aproximadamente la mitad de la fruta y verdura que se consumen en el país. “Soy crítica respecto a la decisión del gobierno de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar, mediante el despido de cerca de quinientos trabajadores y expertos del Ministerio de Agroindustria. Esta acción parece estar dirigida a promover aún más la agricultura industrial orientada a la exportación, principalmente de soja y maíz transgénicos”, resaltó Elver.

Por otro lado, en su informe detalló la situación actual de los programas sociales –entre ellos, la Asignación Universal por Hijo– que, en muchos casos, representan el único ingreso fijo que permite a las familias planificar su consumo de alimentos, y observó que “estos programas no son suficientes por el contexto económico cambiante”. En conferencia de prensa, la relatora especial indicó al respecto que “los programas alimentarios del Gobierno no se ajustaron en función de la devaluación del peso” y planteó que deberán reforzarse en su presupuesto en el futuro inmediato. Además, instó al Gobierno a fortalecer los comedores escolares, que en el contexto económico actual muestran “el impacto negativo en la calidad de los alimentos por el incremento de los precios”.