Alguna vez lo intentaron, pero Boca y River son tan grandes que no pudieron con ellos. Pasaron dieciocho años de aquellas pruebas piloto que fracasaron. Estábamos en el 2000, Mauricio Macri gobernaba desde su despacho en la Bombonera y el médico David Pintado desde el suyo en el Monumental. Una empresa y un fondo común de inversión que ya no existen, pretendían quedarse con los principales recursos económicos de ambos clubes. La suiza ISL y los capitales texanos de Hicks, Muse, Tate & Furst. La primera era socia de la FIFA y los segundos dominaban Torneos y Competencias, la productora que había fundado Carlos Avila. Fueron las iniciativas que llegaron más lejos para tratar de explotar los ingresos más importantes del fútbol argentino, si se exceptúa a la selección nacional. Y aunque no pasaron de un borrador y un anteproyecto de contrato, estas experiencias pasadas aleccionan sobre lo que todavía se insiste en el presente. Con un dato que hoy debe tomarse en cuenta. El ex presidente boquense está en la Casa Rosada y la naturaleza de su pensamiento no se modificó. Remite a aquella máxima de Roberto Dromi, el ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem que dijo en los años 90 “nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”. Si se lo parafraseara sería: nada de lo que sea patrimonio de los clubes quedará en manos de sus socios.

Boca había ganado la Copa Libertadores contra el Palmeiras en Brasil el 21 de junio del 2000. Un torneo que quizá los encuentre de nuevo este año, pero en semifinales. Ese, un momento de éxito, fue el que encontró Macri para hacer circular un anteproyecto de convenio con la empresa suiza ISL Worldwide que quebraría un año después. Era la continuidad de una carta de intención que le concedía a la compañía la comercialización de diversos derechos comerciales: la publicidad en el estadio, los contratos con sponsors y proveedores oficiales, la venta de entradas y objetos de merchandising como películas, posters, revistas, libros, monedas alusivas y hasta discos compactos, además de la chance de utilizar la imagen y los nombres de los futbolistas del plantel profesional y, por sobre todo, “los derechos sobre los medios de comunicación relacionados con todos los partidos y otros eventos que tengan lugar en el estadio...”    rezaba el punto 1.1 del convenio.

ISL se comprometía a pagar 12 millones de dólares por adelantado y el contrato se extendería hasta el 31 de diciembre de 2010, con derecho a prórroga por diez años más. En octubre de 2000, la asamblea de representantes de Boca dominada por el oficialismo de Macri, autorizó a la comisión directiva para que siguiera negociando mejores condiciones con los suizos. Se llegó hasta ahí porque el contrato definitivo jamás se firmó. Si hubiera pasado lo contrario, la compañía habría ganado una fortuna incalculable. El 28 de noviembre de 2000 el equipo conducido por Carlos Bianchi se consagró campeón mundial después de vencer al Real Madrid. Algo que resultaría inimaginable en estos últimos años de dominio absoluto del club español. 

Cuando se ventiló el juicio contra ISL en el cantón de Zug, el corazón financiero de la Confederación Helvética, quedó probado que les había pagado a diferentes dirigentes de la FIFA unos 138 millones de francos suizos en sobornos entre 1989 y 2001. Era un anticipo de lo que vendría años después. En mayo de 2015 se descubrió que las coimas las habían desembolsado otras empresas: Traffic, Full Play y la propia TyC, entre varias más. La compañía de marketing deportivo suiza ya no existía y Boca había zafado de ella.

River vivió una experiencia semejante cuando estuvo a punto de cederle la administración de sus recursos al fondo estadounidense Hicks, Muse, Tate & Furst. Mediante un contrato por cinco años, renovable por otro período idéntico, el 23 de mayo de 2000 sus dirigentes habían acordado “que el club y la empresa desean asociarse en los términos y condiciones de este acuerdo para realizar en forma conjunta y en beneficio mutuo la explotación comercial de ciertos negocios de River”. 

Doce rubros comprendían ese entuerto jurídico que había tenido como pregonero clave al vicepresidente de Pintado, Alfredo Davicce: la explotación de los espacios interiores y exteriores del Monumental para comercializar la publicidad estática; la explotación de la publicidad en audio y carteles luminosos; la cesión de derechos de patrocinio de manera exclusiva y permanente de la indumentaria de todos los equipos del club; la disputa de partidos amistosos producidos y organizados por empresas en su beneficio; la explotación de la publicidad en la camiseta oficial, la del nombre y las iniciales del club, colores, emblema, marca, diseño, escudo; la cesión del derecho a realizar promociones comerciales en el estadio; las concesiones para el servicio del bar, catering y venta ambulante; la explotación de la página oficial; la cesión del derecho a producir y comercializar videos, músicas, posters; el derecho a comercializar cualquier base de datos y la cesión de derechos exclusivos sobre las imágenes de los partidos que disputarán todos los equipos del club. La enumeración, aunque tediosa, ilustra la dimensión de las facultades que delegaba el club en el fondo que se reciclaría años más tarde como HM Capital y se disolvería en 2013.

A la tesorería de River deberían ingresar 5 millones de pesos pagaderos al contado y otros 20 millones en calidad de préstamo que serían devueltos por el club en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas. Se le transfería a Hicks, Muse, Tate & Furst una suma casi equivalente al monto de los contratos que el club explotaba hasta ese momento de manera directa y que ascendían a unos 23,5 millones de dólares de la Convertibilidad. Ni el borrador ni los cambios posteriores que se le realizaron pasaron el filtro de la comisión directiva ni del asesor jurídico Eduardo Víctor Galeano. La propuesta fue retirada y al igual que su clásico rival, River frenó el estrago que le hubiera causado una delegación de atribuciones que solo beneficiaba a su contraparte. La lección que dejó aquella etapa fue que ahora esas propuestas ni siquiera llegarían a un borrador. La defensa de los clubes es una batalla cultural ganada. Los socios e hinchas no permitirán ceder el control de instituciones que son como su segunda casa. 

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