Aunque la atención por la discusión del Presupuesto 2019 está puesta en la Cámara de Diputados, el Gobierno tiene abiertos varios frentes de negociación para garantizar su aprobación con las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Una de esas mesas de negociación está fuera del Palacio Legislativo y es con los gobernadores peronistas, que están dispuestos a canjear ajustes más moderados para sus administraciones por los votos que necesita el oficialismo. En paralelo, pactó con los senadores que responden a los mandatarios del PJ que trabajen en conjunto con sus diputados para agilizar la aprobación del Presupuesto en el Senado una vez que atraviese la Cámara Baja. También tiende puentes con el Frente Renovador para apaciguar sus críticas, aceptando modificaciones que no excedan lo cosmético y que no compliquen los objetivos del Gobierno. Lo mismo hizo con gobernadores e intendentes radicales, los principales aliados del macrismo, para aplacar sus cuestionamientos y ceder algún beneficio. En la vereda de enfrente estará la principal bancada opositora, el Frente para la Victoria-PJ, que definió el presupuesto como el del “ajuste y endeudamiento”. El kirchnerismo buscará alianzas para intentar modificar el articulado que considera más lesivo para los sectores populares. Esa postura también asumirán otros bloque menores como el Movimiento Evita y el Frente de Izquierda. 

El Gobierno busca acortar los tiempos del debate parlamentario y la rápida aprobación del Presupuesto, una ofrenda que la administración de Mauricio Macri quiere llevar al organismo financiero internacional para intentar acelerar el desembolso de los préstamos pactados (o aumentarlos) y oxigenar el final de su mandato en medio de la crisis económica que desató. 

Trabaja en esa dirección, aunque no será tarea fácil. Cambiemos quiere llevar el Presupuesto al recinto de Diputados a mediados de octubre. En la lista de expositores del Gobierno solo están anotados unos pocos funcionarios. Este miércoles pasará por la comisión de Presupuesto de Diputados, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, principal negociador con los gobernadores. El jueves desfilarán el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el ahora secretario de Energía, Javier Iguacel. Allí quieren clausurar el debate, aunque medirán la resistencia opositora.

El pulgar de los gobernas

La principal línea de negociación del Gobierno está trazada con los gobernadores del PJ. El interbloque parlamentario Argentina Federal, alineado con ellos, se mueve como reflejo de sus decisiones. Así sucedió con la sesión especial que solicitaron para derogar el decreto presidencial que eliminó el Fondo Sojero. Los gobernadores aceptaron la compensación que ofreció el Gobierno, de apenas una quinta parte de lo correspondía hasta fin de año y levantaron la sesión, a pesar del reclamo de los intendentes peronistas nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Lo mismo sucederá con el Presupuesto y así lo adelantaron. Si las negociaciones con los gobernadores siguen en pie, no sólo no serán un obstáculo sino que aportarán sus decisivos votos para aprobar el presupuesto. La única excepción serán aquellos puntos no acordados y si los mandatarios provinciales están dispuestos a dar pelea. “Más allá de las diferencias políticas con el Gobierno, que son muchas, desde la oposición queremos ponernos de acuerdo para que la Argentina tenga su presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a dialogar”, señaló el jefe del interbloque Argentina Federal, el salteño Pablo Kosiner. 

“Seguramente va a haber legisladores que votarán a favor del Presupuesto y otros que se abstengan. Esto no es definitivo. Desde que conformamos Argentina Federal no es la primera vez que tenemos diferencias de criterio y eso nos parece bien”, dijo en declaraciones a PáginaI12. Las señales para actuar en tándem las dieron el ministro Frigerio y el jefe del ese mismo interbloque en Senadores, Miguel Pichetto. “Hablaron sobre la importancia de que ambas cámaras trabajen en paralelo de modo tal de agilizar su tratamiento para que, de esta manera, una vez que sea sancionado en Diputados pueda avanzarse en el Senado”, dice el escueto comunicado que emitió el senador rionegrino.

Allí también acordaron avanzar con la Adenda Fiscal para que la Cámara Alta apruebe el compromiso de ajuste fiscal de las provincias para que Diputados lo convierta en ley junto con el tratamiento del Presupuesto. Pero todavía hay un tendal de provincias que no lo firmaron: la lista incluye a San Luis, La Pampa, Tucumán, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe y Chubut. Este será otro punto de fricción con los gobernadores. 

Dialoguistas y aliados

El oficialismo también tendió puentes con el massismo, que se muestra más crítico pero siempre dispuesto a negociar. “Nosotros no vamos a obstruir la posibilidad de que el Gobierno tenga Presupuesto, porque entendemos que los Gobiernos tienen que tener Presupuesto. Pero lo queremos debatir, porque creemos que es posible otra alternativa”, sumó su jefa de bloque, Graciela Camaño. Pero no todos sus diputados se alinearían con la estrategia negociadora de Sergio Massa: Daniel Arroyo dijo que “es irracional” votar el Presupuesto 2019 y sostuvo que “no es socialmente viable”. Felipe Solá y Facundo Moyano también están cerca de Arroyo.

Con el massismo, Cambiemos está dispuesto a ceder modificaciones que no modifiquen lo sustancial. El Gobierno ya tuvo que calmar a los radicales. Por más de dos horas Frigerio y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, trataron de contener a sus socios que plantearon la preocupación de los intendentes boinas blancas por el impacto que tendrá en el boleto urbano en sus provincias tras la quita de subsidios. Allí acordaron conformar “una mesa para pensar alternativas”. El mismo planteo que hizo la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, pero en línea directa con Casa Rosada. 

Enfrentados

Con la oposición más dura no hay diálogo oficial. El FpV-PJ no quiere discutir el presupuesto a “libro cerrado” ni de manera “exprés”. “Nos dicen que hay que acompañar para garantizar la gobernabilidad cuando la ingobernabilidad la produce el Gobierno con su medidas a favor de los grupos económicos concentrados y en contra de la mayoría de los argentinos”, replicó el diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, el día que Dujovne llevó el prepuesto al Congreso. 

“Nosotros no vamos a legitimar, vía Presupuesto, el acuerdo con el FMI”, dijo el jefe de la bancada Agustín Rossi, en referencia al ajuste que “recorta 400 mil millones de pesos a valores de hoy”. Así ya lo expresaron cuando recibieron a los gremialistas del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabeza Camioneros y que reúne a mas de 60 sindicatos de la CGT y a muchas de sus regionales del interior, que le reclamaron “rechazar el Presupuesto de ajuste con los trabajadores y jubilados”.   

Pero también de dar pelea por modificaciones, como cuando se comprometieron con los intendentes de la FAM a incluir la continuidad del Fondo Sojero y su coparticipación por ley en el debate presupuestario. 

“Rechazamos este Presupuesto porque siguen siendo los más vulnerables y la clase media los que pagan las desastrosas decisiones de Macri; por eso queremos un Presupuesto en el que la crisis la paguen los amigos del Presidente, las grandes empresas sojeras y los que juegan a la timba financiera”, dijo Leonardo Grosso, diputado del Movimiento Evita.

El FIT también lo rechaza. “Dujovne simuló ser autor de un Presupuesto colonial dictado por el FMI”, dijo Romina Del Plá (PO). “Ahora usted dice que lo lamenta. Si tiene decoro, tendría que renunciar. No es que le pifiaron por un punto, dos puntos... Y ahora nos trae el presupuesto que le escribió Lagarde”, le espetó al ministro Nicolás del Caño (PTS).

Las críticas van desde los ajustes en salud, educación, universidades, para los trabajadores estatales y las provincias, hasta el diseño recesivo de la economía y el endeudamiento externo, que incluye la modificación de la ley de Administración Financiera que le permita al Gobierno canjear la deuda a “valores de mercado” y ya no con ventajas financieras para el país.