El reciente fracaso de las negociaciones para alcanzar un primer acuerdo para el tratado de libre comercio Unión Europea-Mercosur impulsó al gobierno argentino a tomar un atajo tan grave como desesperado: pedir la anulación de la decisión 32/00 del Consejo del bloque regional, que prohíbe a los países miembro firmar nuevos acuerdos comerciales “que no hayan sido negociados por el Mercosur”. El pedido ya fue formulado por nota de la Cancillería al Consejo del Mercosur, con el objetivo de habilitar el camino hacia un acuerdo del gobierno argentino, en soledad, con el bloque europeo. La postura diferenciada de la Argentina con respecto a sus socios regionales ya había quedado expuesta en la mesa de negociaciones: los representantes del gobierno de Cambiemos llegaron con el mandato de aprobar un acuerdo, cualquiera fueran las condiciones que presentara la delegación europea. “Por momentos, parecían dispuestos a firmar hasta una hoja en blanco y dejar que lo redactaran en Bruselas”, comentó un integrante de la delegación de un país socio con respecto las recientes reuniones en Montevideo, que terminaron la semana pasada sin resultados.

 Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea quedaron estancadas y no se visualiza una solución a corto plazo, admitió el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa tras la ronda de negociaciones que culminó en Montevideo la semana pasada. Sin acuerdo, no habrá nuevos intentos durante este año y recién se reanudarán las conversaciones en 2019, agregó. Para muchos observadores, es casi el equivalente a decretar la muerte definitiva del acuerdo. 

 Fuentes cercanas a la negociación aseguran que las conversaciones quedaron estancadas, principalmente, en tres puntos en los que la Unión Europea planteó una actitud intransigente: propiedad intelectual, comercio agrícola y compras del Estado. En el capítulo de propiedad intelectual, la UE solicita la extensión del período de vencimiento de las patentes europeas, lo que dificultaría la importación de medicamentos genéricos, y la protección de los datos de prueba, con lo cual se le reconoce la exclusividad de la información a los laboratorios que hicieron los primeros análisis clínicos o preclínicos, lo que también sería una traba para la producción de genéricos. Según los expertos, estas condiciones no sólo afectarían a la industria farmacéutica, sino que tendrían alcance también sobre ciertos rubros de semillas y alimentos. 

En cuanto al comercio agrícola, Europa reiteró la restricción a los cupos de importación de productos del Mercosur, tanto de origen vegetal como animal, con el aditamento de mantener la prohibición absoluta para los transgénicos. En el capítulo de compras públicas, según los términos de la propuesta europea, se comprometía la prioridad o privilegio para la contratación de firmas europeas en toda licitación, ya fuera de compra de equipos o de obra pública. Los representantes del Mercosur rechazaron tales imposiciones, aunque internamente hubo fuertes discrepancias: Argentina estaba dispuesta a firmar el acuerdo inmediatamente, aunque tuviera que resignar posiciones en cada uno y todos los puntos en discordia. 

 Brasil y Paraguay se plantaron firmes en contra de las imposiciones europeas en los capítulos agrícola y contrataciones europeas. Los representantes de Itamaraty no podían aceptar los privilegios europeos en las contrataciones públicas sin pagar un alto costo en sus relaciones con Estados Unidos, aunque el gobierno de Michel Temer está de salida (hay elecciones presidenciales en octubre, primera y segunda vuelta). Uruguay se mostró más flexible, acompañando hasta cierto punto la disposición argentina, aunque sin llegar al extremo de la rendición incondicional.

 Dadas las diferencias insalvables y en la perspectiva de un cambio de gobierno en Brasil que no favorecerá un acuerdo en base a la propuesta europea (ni Bolsonaro ni Haddad lo aprobarían, se sospecha), el TLC con la UE pareciera en vía muerta. “Lo que no pueda lograr el gobierno de Mauricio Macri teniendo a Temer en Brasil, ya no lo va a poder lograr con nadie, porque las condiciones actuales eran inmejorables para alcanzar el TLC”, opinó un allegado a Cancillería al tanto de estas negociaciones. Pero las condiciones impuestas por la UE dejaron sin margen a Temer, por sus compromisos externos. “El gobierno de Macri también está comprometido con Estados Unidos, pero está tan apurado por firmar el TLC que dejó a un costado todo”, señaló la fuente.  

 La decisión 32/00 del Mercosur, del 29 de junio del 2000, reafirma en el artículo 1 “el compromiso de los Estados Parte de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”. En su artículo 2 establece que “a partir del 30 de junio de 2001 (un año después de esta resolución), los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales en acuerdos vigentes en el marco de ALADI que no hayan sido negociados por el Mercosur”. Esta resolución del Consejo de Mercado Común es la que el gobierno argentino pidió anular, argumentando su atemporalidad y otras generalidades. La intención es que, sin su vigencia, Argentina pueda encarar una negociación express con la Unión Europea para firmar sin más demora el TLC que fuera rechazado la semana pasada.

 Para el gobierno argentino, y los intereses que representa, la firma de cláusulas que condicionan gravemente la producción local en diversas áreas es una forma de darle “anclaje institucional” a una serie de reformas que se están haciendo en el mercado interno, pero que podrían ser revertidos en el futuro. “Si se avanza a través de un tratado internacional es más complejo de revertir, porque puede implicar conflictos con otros países”, señalaba una fuente diplomática a la agencia TSS, de la Unsam, citada en una nota de Vanina Lombardi para ese medio en diciembre de 2017. Fue en la instancia anterior en que se habían trabado las negociaciones, aunque ahora se vuelven a trabar pero ya pareciera que de forma definitiva. Y con un gobierno argentino más débil que el de nueve meses atrás. “Quieren dejar atadas sus reformas estructurales en el marco de un acuerdo internacional, como lo hizo Menem con la OMC en 1995, para que si alguien quiere avanzar en el futuro con procesos de industrialización, ya no lo pueda hacer”, señalaba a TSS la misma fuente en la nota citada. Es el legado que pretende dejar la gestión de Mauricio Macri, si se lo permiten.