Producción: Javier Lewkowicz

Nueva etapa

Por Pablo Manzanelli *

La corrida cambiaria, la vuelta al FMI y el mega ajuste que consta en el presupuesto constituyen distintas instancias de lo mismo: el fin de la primera etapa del modelo de valorización financiera que puso en marcha el gobierno de Macri. La corrida es expresión del agotamiento de la burbuja financiera basada en las Lebac y la vuelta al FMI constituye la consolidación hegemónica del capital financiero internacional. Esto se pone de relieve en el proyecto de presupuesto que tiene la marca registrada del FMI. Así, ante el fracaso del “gradualismo”, el presupuesto es una pieza clave del ajuste que se intentará imponer en la segunda etapa del gobierno de Cambiemos, que tiene sus comienzos en 2018. Su objetivo último consiste en consolidar una profunda redistribución del ingreso en detrimento de los sectores populares, induciendo de esta manera una crisis económica que el gobierno subestima en el presupuesto.

Pese a proclamar dogmáticamente el “déficit cero”, desde el punto de vista de los ingresos el presupuesto mantiene la rebaja de las contribuciones patronales y reducciones en el impuesto a las ganancias. Ni siquiera se estableció, como se venía planteando, una ampliación de la alícuota a los bienes personales del exterior. Se mantuvieron, eso sí, los nuevos derechos de exportación que inexplicablemente desde cualquier marco teórico se extienden a todos los bienes industriales y servicios exportables. 

Por el lado del gasto a la fuerte caída de este año (-6,2 por ciento) se le adicionará un recorte de 7,7 por ciento en términos reales en 2019. Para cobrar una dimensión de estos números cabe señalar que en los dos primeros años del gobierno de Macri la caída acumulada fue de 3,8 por ciento (1,9 por ciento anual). En efecto, se intentará aplicar el 80 por ciento del ajuste de los cuatro años de gestión en 2018 y 2019.

La mayor reducción del gasto pasa por las cuentas provinciales. Las transferencias corrientes y de capital a las provincias descienden 37,5 por ciento en términos reales, equivalente a 71 mil millones de pesos respecto a 2018 y a 148 mil millones respecto a 2017. Resultaría llamativo que los representantes de las provincias suscriban este presupuesto, cuando lo que se les compensa son migajas. Por el fondo sojero anterior hubieran recaudado, con la nueva alícuota de retenciones, 49 mil millones de pesos, en tanto que con la compensación que anunciaron se van a distribuir tan solo 4 mil millones.

En el ámbito nacional seguirá el recorte de los subsidios económicos (caída de 31 por ciento en términos reales), se congela la planta de empleados públicos y habrá retiros voluntarios, y se achicará aún más la obra pública nacional (-31,6 por ciento) que difícilmente será compensada con los proyectos de participación público-privado a pesar de habilitar “fideicomisos para todos” (nación y provincias). Más deuda que no será contabilizada como tal.

Solo los vencimientos de capital e intereses de la deuda alcanzan a 39 mil millones de dólares. Por el momento el gobierno cuenta con 16 mil millones del FMI y organismos internacionales. Por lo cual deberían refinanciar 23 mil millones, a lo que habría que sumar como mínimo las divisas que se requieran por la fuga de capitales que difícilmente estén por debajo del promedio de la gestión macrista (19 mil millones de dólares anuales).

Es evidente que el refuerzo del FMI resulta crucial para que el gobierno. Considerando que necesitan juntar aproximadamente 42 mil millones de dólares adicionales por vencimientos y fuga, y que esperan tener un superávit comercial de 5,6 mil millones, el gobierno debe financiar alrededor de 36 mil millones de dólares en un escenario muy optimista. Es decir, todo el programa del FMI en 2019, aumentando el stock de deuda en 15 mil millones de dólares como plantea el presupuesto. De lo contrario, y como es esperable, el tipo de cambio proyectado y el resto de las variables serían como las metas a la inflación en los anteriores presupuestos: ciencia ficción.

De todos modos, de alcanzar la hazaña solo van a haber logrado ganar tiempo, puesto que la olla a presión de las Lebac solo cambió de nombre (Letes o el que sea) y la “bola de nieve” de los vencimientos de deuda se acrecientan con altas tasas de interés. De allí que no debe descartarse que, al menos en el mediano plazo, haya algún intento de restructuración de la deuda tal como lo habilita el presupuesto y/o el intento de imponer las reformas estructurales que como un fantasma recorren los pasillos del Tesoro de Estados Unidos.     

* Investigador y profesor de Flacso, UNQ y Cifra/CTA.

Presupuesto de Washington

Por Sergio Chouza y Santiago Fraschina *

La construcción de relato gracias a la protección de un fuerte cerco mediático, permite al Poder Ejecutivo aseverar una y otra vez que en el contexto actual se efectúa el mayor gasto de la historia en protección social. Es relevante marcar que al día de hoy ese dato no es cierto. La afirmación es amañada y tendenciosa. Se basa en la clasificación presupuestaria de “servicios sociales” para el cruce que técnicamente se conoce como “finalidad y función”. Ahora bien, este rubro deja por fuera, entre otras partidas sensibles, aquellas destinadas a subsidios a la energía y al transporte. ¿Quién puede considerar que los subsidios a la demanda, que no cumplen otra función que incrementar de manera indirecta el salario disponible de los trabajadores, no forman parte del gasto social? Incorporando esos rubros, la cuenta cambia drásticamente. En 2015 se destinaba el 78,7% del presupuesto al gasto social, mientras que en la actualidad su asignación es levemente superior al 75%.

Lo anterior es sólo una de las tantas formas posibles de ilustrar cómo el gabinete económico construye elementos comunicacionales de fuerte peso simbólico, pero imprecisos o falaces. La finalidad no es otra que neutralizar posibles críticas respecto al monumental ajuste venidero. Posiblemente haya que remitirse a la crisis de 2001 para volver a encontrar semejante reducción de la inversión pública; año en el cual el ex ministro Cavallo envió un Presupuesto con un ajuste explícito del 13 por ciento a estatales y jubilados. En el caso actual se trata de una reducción proyectada de 2,6 puntos del PBI para el año próximo, repartida en partes iguales entre ingresos y gastos. Este punto es tal vez el más ilusorio del Presupuesto. El gabinete económico de Cambiemos sigue sin comprender que el ejercicio de estática que pueden realizar en su tan mentada planilla de Excel, nada tiene que ver con la realidad. Muy elocuente en este respecto es la proyección de crecimiento en los derechos de exportación, por medio de los cuales se espera recaudar 200 por ciento más en 2019. Independientemente de la expectativa de una cosecha récord que gravita en torno a factores naturales incontrolables, esta hipótesis dependerá de que los segmentos exportadores (en especial del complejo cerealero) liquiden la mayor porción de su cosecha. Ahora bien, esto colisiona de frente con la apuesta por la estabilidad del tipo de cambio. Cabe recordar que, con el nuevo esquema de retenciones fijas en pesos, los sectores exportadores tienen fuertes incentivos a sentarse sobre la cosecha a la espera de un tipo de cambio más favorable. En este marco, depositar la esperanza en un aumento exponencial en los derechos de exportación puede ser un arma de doble filo. En un contexto donde Macri y su equipo se muestran obcecados en la reducción del déficit, no sería arriesgado elucubrar que un eventual desvío en los parámetros de recaudación de ingresos obligue al Ejecutivo a acelerar el ritmo de reducción del gasto para el próximo ejercicio.

El ajuste es ostensible y las provincias sentirán la mayor parte de la carga. Partidas muy sensibles que se ejecutan en las órbitas subnacionales, se reducirán en relación al año en curso, lo cual se resume en una caída del 17,5 por ciento en las transferencias para gastos corrientes. Se trata de una merma nominal, que se acerca al 40 por ciento cuando se considera la inflación proyectada en el mismo proyecto de Presupuesto. Caídas reales en fondos destinados a educación (-35,8 por ciento), desarrollo social (-29,5), salud (-17,9) y seguridad social (-9,9 por ciento), ilustran acabadamente el peso incremental que deberán soportar las jurisdicciones locales sobre sus cuentas públicas. Un presupuesto definitivamente invotable para cualquier mandatario provincial que rechace trasladar el costo del ajuste a su ciudadanía.

Ingenuo sería creer que la “ley de leyes” se confeccionó en el histórico edificio que el Ministerio de Hacienda mantiene sobre la calle Hipólito Yrigoyen. El texto del presupuesto no es más que la pieza de ajedrez que le entrega Cambiemos al Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. La garantía exigida para cerrar la renegociación del ruinoso préstamo “stand by” es que el Ejecutivo obtenga la aprobación de un presupuesto de ajuste, irrisorio en términos de sus hipótesis y que no redundará en nada más que en la profundización de la crisis económica en la que estamos inmersos.

* Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda e Integrantes del Colectivo Economía Política para la Argentina (EPPA).