Seis proyectos de ley presentados por el oficialismo y la oposición en el Congreso, buscan legislar sobre la violencia contra las mujeres en la política. Una encuesta a casi medio centenar de legisladoras porteñas y nacionales, de 11 provincias, reveló que la violencia machista no es un problema aislado en el ámbito político. Las modalidades más frecuentes son la psicológica, seguida por la simbólica y la económica. “Uno de los aspectos más destacables del relevamiento es que muestra la magnitud de fenómeno”, señaló a PáginaI12 Lucila Martelotte, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que condujo el estudio. Ocho de cada 10 encuestadas, respondieron que habían sufrido alguna acción vinculada con la violencia machista a lo largo de su carrera política, mayoritariamente a través de las redes sociales (62 por ciento), pero también en la sede o actividad del partido (42 por ciento) y en el recinto (40 por ciento). Las agresiones provienen mayoritariamente de varones, y tanto de otro como del propio partido. 

Un dato que llamó la atención de las investigadoras de ELA fue que a las propias entrevistadas les costó identificar las situaciones de violencia, por tenerlas naturalizadas. 

“La ves, la sentís, la padecés pero no la naturalizás”, dice, en cambio, la diputada Gabriela Estévez, de FpV, autora de uno de los proyectos. Tiene 40 años y milita en política desde los 16, en la provincia de Córdoba. 

–¿Qué situaciones de violencia machista ha vivido? –le preguntó este diario.

–El derecho a participar en reuniones donde en general son mayoría hombres y se hablan entre ellos, y nunca te hablan a vos. Y cuando intentás hablar, hablan encima de tu voz para que no se pueda escuchar lo que querés decir. Y eso hasta el día de hoy que tengo un cargo de representación, quizás el más alto del Frente para la Victoria en Córdoba. Piensan que vos estás porque estás relacionada sentimentalmente con alguien (que tiene poder). Y hasta creen que no estás preparada para dar un discurso que motive a la militancia, por ejemplo, en un mitín. “Cerrar, mejor que cierre un hombre”, dicen.

Lo que cuenta Estévez está en línea con los hallazgos de la encuesta de ELA. El 67 por ciento de las consultadas reconoció haber sufrido situaciones de violencia psicológica. “Vos decís algo y nadie te escucha, a los diez minutos lo dice un hombre y todos aplauden”, “Te tratan de nena o de chiquita, aunque tengas veinte años de experiencia”, “Tu mirada y tu trabajo no son valorados como contundentes”, “Te pasan por al lado como si fueses un poste”, fueron algunas de las escenas descriptas. La falta de voz, la invisibilización, el menosprecio y la humillación, fueron las formas de violencia psicológica más repetidas.

La diputada del PRO Silvia Lospennato fue una de las legisladoras que respondió la encuesta, contó a PáginaI12. “Las mujeres en política sufrimos una violencia en particular que es que nuestras voces no se oyen o se oyen mucho menos”, coincidió.

El 53 por ciento de las encuestadas dijo que había sufrido situaciones en las cuales se había divulgado información basada en su género y no en su actividad política con el objeto de menoscabar su imagen pública. “Hay una constante referencia a si sos esposa de, amante”; “Te inventan romances, o que te acostaste con alguien para llegar”, contaron las entrevistadas.

La mayoría de los proyectos presentados –cinco en la Cámara de Diputados y uno, en el Senado– buscan incorporar la modalidad de la violencia política contra las mujeres en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia machista en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, sancionada en 2009. Apuntan en ese sentido iniciativas de las diputadas Analía Rach Quiroga (FpV), Vanesa Siley (FpV), Alejandra Martínez (UCR) y Olga Rista (FpV) y de la senadora Norma González (FpV). En general, definen la violencia política como “cualquier conducta, por acción u omisión, que se dirige de forma individua o grupal con intención de menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los hombres”. El proyecto de Estévez (FpV) propone una ley integral, dirigida a promover la equidad de género no solo en el ejercicio de la política partidaria y en cargos de representación sino también en clubes barriales, espacios comunitarios, centros de estudiantes, cámaras empresarias, bibliotecas populares, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos y otros espacios formales de participación política no estatales. Plantea que se deben crear protocolos para la denuncia de la violencia política contra las mujeres y la atención integral de quienes denuncian, así como sistemas de sanciones administrativas quienes la ejercen. Además, propone que las víctimas sean reparadas. Establece que el PEN diseñe mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres, y que desde el Instituto Nacional de las Mujeres se desarrollen campañas “de empoderamiento y promoción de los derechos políticos de las mujeres y de visibilización, sensibilización y concientización acerca de la violencia política contra las mujeres”, entre otras medidas.

“Es importante pensar en medidas reparadoras”, consideróMartelotte, de ELA. La investigadora destacó la importancia de que se empiece a hablar del tema. “Estamos en un cambio de época. Así como hasta hace unos años no se reconocía el acoso callejero, lo mismo va a pasar con la violencia política contra las mujeres”, consideró. Desde Fundeco, la fundación que encabeza la diputada Victoria Donda, también buscan visibilizan la problemática y acaban de lanzar el Observatorio “Julieta Lanteri” de la Violencia contra las mujeres en la Política. 

La encuesta de ELA se hizo sobre una muestra de 45 mujeres, entre legisladoras porteñas y diputadas y senadoras nacionales. Inicialmente el 73 por ciento señaló haber sufrido situaciones de violencia política por razones de género, pero luego al preguntarles por acciones concretas ese porcentaje subió al 82 por ciento. “Es muy notable la naturalización del fenómeno”, apunta Martelotte. Otro problema es que las legisladoras no quieren cuestionar a sus propios compañeros, que las maltratan, dijo a este diario Lorena González, directora de Fundeco. “Uno de los hallazgos interesantes y que está en línea con investigaciones de otros países, es la necesidad de trabajar con un enfoque interseccional, que ponga el foco en el cruce entre género y juventud. Muchas de las encuestadas refieren a situaciones durante la militancia. Esto da cuenta de que la violencia contras las mujeres en la política no es solo un obstáculo para la permanencia de las mujeres en política sino también en su acceso a puestos de toma de decisión”, agregó Martelotte.