Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron los procesamientos dictados por el juez Claudio Bonadio y pidieron, en todos los casos, un agravamiento de la situación de funcionarios y empresarios. Los dos fiscales consideran palabra santa los dichos del chofer Oscar Centeno y de los arrepentidos, en especial de Claudio Uberti, José López y Ernesto Clarens. Por lo tanto, cuentan 913 casos de coimas que adjudican a Cristina Fernández de Kirchner pese a que la ex mandataria no aparece en ningún testimonio habiendo recibido dinero y tampoco se le encontraron cuentas, sociedades ocultas, bóvedas ni propiedades no declaradas. Stornelli apunta a CFK porque es considerada la jefa de la asociación ilícita, básicamente a partir del testimonio de José López, señalado por los arrepentidos como uno de los principales receptores de coimas. 

Los fiscales plantean que los hechos no fueron dádivas --dinero para congraciarse con el funcionario-- sino cohecho --plata a cambio de contratos en concreto--, aunque ni el juez ni el fiscal le reclamaron a Carlos Wagner, el principal arrepentido, que detalle en qué licitaciones se pusieron de acuerdo entre las empresas resolviendo cuál iba a ganar y a qué precio. Las dádivas, figura aplicada por el magistrado, es más leve, de un mes a dos años de prisión, mientras que el cohecho prevé de uno a seis años. 

Un dato llamativo es que Stornelli sigue sin pedir que se indague a su ex jefe en Boca Juniors, el presidente Mauricio Macri y su padre Franco, ambos señalados por dos arrepentidos como pagadores de coimas por obras de construcción y peajes. El fiscal tampoco pide la indagatoria ni la prisión de Paolo Rocca, el titular de Techint, pese a que esa empresa supuestamente también pagó coimas. 

Los fiscales solicitaron que el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina sea procesado por asociación ilícita como todos los demás imputados. Señalan que recibió bolsos y que no tiene importancia que haya sido para gastos electorales. El juez por ahora no se expidió sobre Abal Medina. 

La realidad es que en la causa se mantiene en prisión a funcionarios y empresarios que no fueron condenados, que no intentaron ninguna fuga ni tienen capacidad de obstruir un expediente que trata sobre hechos ocurridos, como mínimo, hace tres años. La acusación principal es que hubo un sistema de recaudación para el enriquecimiento personal de CFK, Julio De Vido y Roberto Baratta, pero a ninguno de ellos se le encontró el producto del supuesto enriquecimiento.