El consejo de ministros italiano aprobó hoy un decreto sobre la seguridad pública que endurece las medidas contra la inmigración, anunció el ministro del Interior, Matteo Salvini, líder de la derechista Liga.

 "Es un paso para que Italia sea más segura. Para combatir con fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, para reducir los costos de una inmigración exagerada, para expulsar a los delincuentes y a los que piden asilo sin merecerlo, para retirar la ciudadanía a los terroristas y para dar más poder a las fuerzas del orden", escribió Salvini en Facebbok.

 El decreto, que cuenta con 42 puntos, fue aprobado en forma unánime por el consejo de ministros, precisó Salvini en una rueda de prensa.

"Hemos trabajado respetando los principios de la Constitución", adelantó por su parte el jefe de gobierno, Giuseppe Conte.

 Las nuevas normas, en vigor por 60 días, podrán ser "modificadas, mejoradas o cambiadas por el Parlamento", explicó Salvini.

 Tras la aprobación del Parlamento, las normas deben ser ratificadas por el presidente de la República, Sergio Matarrella, para convertirse en ley.

 "No es un decreto blindado", explicó Salvini, cuyo gobierno está aliado con la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas, por lo que goza de amplía mayoría en el Congreso.

 El ministro considera que las nuevas normas garantizan "más derechos" a los "verdaderos refugiados" que deberán cumplir seis requisitos para obtener el asilo político.

 El decreto establece entre otras que el migrante que pide asilo y que comete un delito grave, como por ejemplo actos de terrorismo o abuso sexual, será expulsado inmediatamente.

 "La solicitud de asilo se anula en caso de persona peligrosa o si ha sido condenada en primera instancia. Ha sido un de las medidas añadidas y sugeridas", explicó el ministro. 

El nuevo gobierno de corte populista, al poder desde hace cuatro meses, se comprometió con su electorado a frenar la entrada de los inmigrantes por lo que decidió reorganizar todo el sistema de acogida y de acceso al asilo.

 Los inmigrantes podrán permanecer hasta un máximo de 6 meses, en vez de 3, en cuatro "campos para la repatriación" y no serán más distribuidos por el territorio nacional como antes. Sólo los niños no acompañados y los refugiados que han obtenido el asilo podrán residir en toda la península.

 Según las cifras oficiales, Italia recibió el año pasado 100.000 solicitudes de asilo contra las 40.000 de este año, mientras que el número de personas que esperan que les definan su situación en los centros de acogida es de 155.000.

 Entre las medidas de seguridad adoptadas en el texto se autoriza el uso de armas eléctricas por parte de las fuerzas del orden, incluso por parte de la policía municipal.

 El decreto favorece la evacuación de los edificios ocupados y elimina la obligación de ofrecer un alojamiento temporal a las personas vulnerables. 

 Debatido y criticado por la prensa durante varias semanas, el texto generó polémicas incluso dentro del Movimiento 5 Estrellas por su particular dureza.

 El secretario general de la Conferencia Episcopal de Italia, el obispo Nunzio Galantino, criticó el hecho de que la inmigración y la seguridad sean reglamentados en un mismo texto. "Esto significa que el inmigrante es considerado un problema de seguridad, independientemente de su conducta, lo cual es un pésimo mensaje", lamentó.

 Salvini, también vice primer ministro, conocido por sus declaraciones xenófobas y su pelea contra la Unión Europea, se ha convertido en el político más influyente de la península al duplicar su aprobación e intención de voto entre el electorado, ya que la Liga pasó del 18% en las elecciones de marzo a 30%, según un sondeo del diario La Repubblica.

"Con la aprobación de este decreto el M5E adhiere completamente a la extrema derecha", reaccionó por su parte Giuseppe Civati, líder del movimiento de izquierda Posible.