La memoria que debería preservarse

Una inspección del Tribunal Oral de Santa Fe en la comisaría 4ª en el juicio por el martirio de Silvia Suppo en 1977 transcurrió de sorpresa en sorpresa. Primero, cuando magistrados, querellantes, testigos y víctimas del terrorismo de estado se encontraron con “cambios sustanciales” que alteraron un espacio de memoria, al que un sobreviviente consideró peor que el “laboratorio de torturas” de La Perla y hasta lo comparó con una “carnicería” porque “torturaban de cualquier manera y te podían matar a patadas”. Después, por la poca predisposición de sus responsables para facilitar el recorrido. Y al final, cuando el trayecto en los calabozos se  tuvo que realizar en medio de presos en condiciones de vida “inhumanas y terribles”. Una cadena de “hechos vergonzosos”, dijo la abogada querellante y referente de Hijos, Lucila Puyol, que dificultaron la producción de la prueba que sólo prosperó por la “buena voluntad” del Tribunal y la memoria de los ex detenidos políticos que describieron el sitio cómo era antes, a pesar de las modificaciones.

El reconocimiento se realizó el viernes y el colmo es un corredor que comunicaba el último despacho sobre calle Zavalla, que ocupaba el jefe de la comisaría, y una sala de torturas, que era contigua. Antes había una puerta y ahora hay una pared. El presidente del Tribunal Luciano Lauría, el fiscal Martín Suárez Faisal, el defensor público Julio Agnoli y los testigos y querellantes tuvieron que salir a la vereda, ingresar por otra dependencia de la Policía de Investigaciones (PDI), pero ni aún así pudieron acceder a la sala donde operaba la patota porque estaba cerrada, apenas los dejaron asomarse por una ventanita.

El Tribunal convocó a dos inspecciones en los centros de detención por los que pasaron Suppo y sus compañeros de la Juventud Peronista. A las 9, en la comisaría 4ª y a las 11, en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), una prisión del Ejército al mando del ex coordinador del Area 212, Juan Calixto Perizzotti. En la primera, participaron Graciela Rabellino, su esposo Ricardo Díaz, Anatilde Bugna y Luciano Almirón. Y en la segunda, los cuatro más Cecilia Mazzetti.

En la 4ª, Rabellino pudo reconocer la “celda verde” que compartió en los momentos más dramáticos de Silvia, donde ella le dijo que había sido atormentada y violada en “La Casita” –otra prisión secreta del Ejército que aún no fue descubierta-, que estaba embarazada y que la sometieron a un aborto forzoso. En la GIR, Rabellino identificó también la “pieza de las menores” en la planta alta, donde sobrevivieron con Suppo y Cecilia Mazzetti durante un año.

Ya en junio de 2008, Rabellino y Díaz habían reconocido la 4ª como su lugar de cautiverio, en 1977. Diez años después volvieron al mismo sitio del horror para identificar la misma celda –que Graciela compartió con Silvia- y los mismos calabozos donde Ricardo escuchó a Jorge Destéfani, el esposo de Silvia. Lo dramático es que en aquel reconocimiento también participaron Suppo y Destéfani: él falleció en 2009 y ella asesinada en marzo de 2010. Más que tiempos de justicia parecen de impunidad.

Sorprendió la alteración de la 4ª. “Es un hecho vergonzoso”, lo calificó la abogada que patrocina a los hijos de Silvia, Marina y Andrés Destéfani, en el juicio. “Hay una ley provincial (Nº 13.528) y una comisión de la Memoria que debería “velar por la preservación de este espacio. Desde la provincia nos informaron que no eran modificaciones sustanciales, pero sí, son importantes”, dijo Puyol. Y reclamó que se cumpla la ley para que “las generaciones actuales y futuras sepan lo que sucedió en la 4ª, que era parte del circuito clandestino de Santa Fe. El más importante, el lugar donde llevaban a los detenidos”, que operaba como comisaría y era un chupadero.

Pero lo que más impactó fue el trayecto de los calabozos, donde se encontraron con detenidos en “un estado terrible, inhumano, sin luz, sin ventilación sin las condiciones mínimas de vida”, relató Puyol. “Los calabozos horrorosos de los que hablan los ex presos políticos son los mismos que ocupan hoy los detenidos”, dijo la psicóloga Camila Candioti, del Programa de Protección de Testigos que también participó en la inspección judicial. “La única diferencia es que le sacaron las puertas”.

Son cuatro calabozos muy pequeños, enfrentados entre sí, dos de un lado y dos del otro, por donde  pasaron Díaz, Rabellino y Destéfani. En uno de esos cubículos murió un compañero de los tres, Rubén Carignano, que es otro de los hechos que se investiga en el juicio. Ellos creen que el montaje de la dictadura de un supuesto suicidio oculta otro crimen. “No lo creemos porque las posibilidades de que hubiera podido pasar una cosa así son muy remotas. Que él lo hubiera hecho por su propia voluntad es muy remoto”, concluyó Díaz.