Los siete miembros del sindicato de gastronómicos detenidos por amenazas durante el último paro, podrían recibir hasta cuatro años de prisión. Esto es lo que prevé la pena por amenazas coactivas por la que fueron imputados. Sin embargo, trascendió ayer que se buscará llegar a una conciliación. El grupo fue imputado por amenazas coactivas y compulsión a la huelga tras haber sido detenidos. Ayer la fiscal Valeria Haurigot fundamentó el pedido de imputación en base a los elementos recabados en las últimas 24 horas, entre los que se encuentran las llamadas al 911 y declaraciones a la policía de propietarios de dos bares, encargados, mozos y hasta clientes. “Se trata de declaraciones espontáneas, que tienen más validez que las que se pudieran obtener más tarde si se los llamara a declarar”, explicó la funcionaria. La fiscal también pidió que estas personas acudan a firmar semanalmente a sede judicial y tienen prohibido acercarse a los denunciantes y damnificados. La Justicia convalidó su solicitud. “Los imputados no prestaron declaración y sus abogados se ampararon en el derecho a la huelga, que está en la misma jerarquía que el derecho a trabajar, pero en este caso estas personas se propasaron en la huelga”, sostuvo. Haurigot negó que hayan producido excesos contra los imputados y de hecho remarcó que por ley podrían haber quedado detenidos 72 horas y “sólo estuvieron menos de 24 hasta tanto reunimos la información para saber quiénes eran y qué habían hecho”. Consultada por las penas que podrían recibir, estas van de los 2 a los 4 años de prisión, que serían condicional porque ninguno tiene antecedentes. Sin embargo, la Fiscalía pedirá llegar a una conciliación entre las partes. Estas personas habían sido arrestadas tras las denuncias de amenazas a propietarios, encargados y clientes de bares ubicados en 3 de Febrero al 400 y Alem al 1700, que abrieron sus puertas este martes pese al paro.