Con la lentitud que requiere la justicia penal para determinar con seriedad la posible existencia de pruebas acusatorias, más la demora a la que apela la justicia penal cuando las pruebas halladas le complican la existencia, el caso de Damián Sepúlveda finalmente llega (aún no llegó) a la puerta del juicio oral. Sepúlveda murió torturado a golpes en la seccional de General Madariaga el 13 de enero de 2013. Los uniformados argumentaron que se había autocastigado y suicidado. Tres autopsias más tarde, y un informe concluyente de Gendarmería, derivaron en la acusación a 12 policías. Cuatro años después, el fiscal de Pinamar pidió el procesamiento de dos uniformados por torturas seguidas de muerte; y otros dos por complicidad. Pese al reclamo de la querella, el fiscal decidió no pedir la detención de los cuatro procesados. Dice que confía en que no harán nada fuera de la ley. 

El caso fue relatado por PáginaI12, desde la primera denuncia de los familiares. Damián Sepúlveda, murió en la comisaría de General Madariaga horas después de haber sido detenido sin causa esa mañana. O con causa, pero no la descripta por la defensa de los uniformados, ebriedad, gritos, portación de un cuchillo y resistencia a la autoridad. Lo que se demostró es que los dos uniformados que lo detuvieron y lo trasladaron en el patrullero, Mauricio Daniel Díaz y Alcides Gabriel Montenegro, ya lo conocían. En 2005, uno de ellos, Díaz, le disparó un escopetazo a las piernas por motivos personales. En 2008 lo habían vuelto a detener para averiguar su identidad que ya conocían. 

El fiscal a cargo de la acusación contra los policías, Juan Carlos Calderón, fue remiso a avanzar contra los uniformados de buenas a primeras.  La primera autopsia se realizó fuera de la jurisdicción, en Lomas de Zamora en lugar de en Dolores donde hubiera correspondido. La cuestión es visible pero no aparece a la luz. El director de la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora era en ese momento, Alfredo Romero, retirado de la Policía Científica, es decir, un colega de los investigados. Este diario describió otra autopsia con ceguera, realizada por un forense de Lomas de Zamora para el caso Duffau, muerto a golpes por la Bonaerense pero de Morón. El problema no es miopía sino cataratas forenses.

Además de no encontrar hematomas, el médico Marcelo Isaac Dabbah detectó que el surco que tenía Sepúlveda en el cuello era horizontal, consideró que se trataba de un suicidio. Supuestamente, Sepúlveda se había ahorcado con su propia remera. La segunda autopsia, realizada por la especialista Virginia Creimer, por entonces funcionaria de la Procuración General bonaerense, fue realizada por insistencia de los familiares a quienes no les cerraba nada de la actuación de Dabbah. Calderón tuvo que ordenar la autopsia y Creimer demostró lo que un forense debe aprender de los manuales antes de empuñar un bisturí. Para empezar, detectó al menos 30 golpes en el cuerpo que Dabbah no había llegado a descubrir. También, que el surco horizontal en el cuello demuestra que la presión de ajuste es desde atrás, y no desde abajo hacia arriba como ocurre cuando alguien se cuelga. Al menos un hematoma a la altura de los omóplatos dejó suponer que para ahorcarlo ejercieron presión con una rodilla contra la espalda de Sepúlveda mientras jalaban de una cuerda en su cuello. Y la lesión craneana no detectada por Dabbah es la conocida como “anestesia previa de Brouardel”, golpe en la cabeza que adormece a la víctima y permite suicidarlo con más comodidad.

Los gritos que daba Sepúlveda, escuchados por una testigo que había concurrido a la comisaría para hacer una denuncia quedaron tapados por una sirena del cuartel de bomberos, ubicado junto a la comisaría, y que sonó innecesariamente en el momento preciso. La sirena fue activada por la policía Nadia Montenegro. Los familiares pidieron a Calderón que cite a indagatoria a la mujer de la sirena y al médico de las cataratas. El fiscal analiza con parsimonia.

Fue tan contundente el informe de Creimer que el fiscal, tomó distancia de la acusación y decidió equilibrar la balanza y llamar a otro peritaje. Esta vez le tocó a Gendarmería: el informe fue tan preciso que ninguno de los imputados discutió lo que pasó en la comisaría. Algunos dijeron que no estuvieron, otros que no sabían, otros que recién llegaban.

Gendarmería cuestionó severamente la actuación del primer perito, investigó y descubrió los antecedentes de detenciones que tenía Sepúlveda a manos del uniformado Díaz, el mismo que le había disparado al muslo, y detectó que de las siete contravenciones que figuran en los antecedentes de la víctima, en cinco había participado Díaz. No obstante, el mismo policía luego de detenerlo el 13 de enero de 2013, lo introdujo en la comisaría como si tuviera identidad desconocida. 

En la segunda mitad del año pasado, dos años y medio después de semejante informe, Calderón decidió citar a indagatoria a 12 de los policías. No incluía en la lista ni a Dabbah ni a la mujer policía Montenegro.

Como resultado de las indagatorias, el 12 de enero pasado, cuatro años menos un día después de la muerte de Sepúlveda, el fiscal procesó a Díaz y Montenegro como autores directos de torturas seguidas de muerte, y al oficial Guillermo Formentini (a cargo y con las llaves de los calabozos) y a Néstor Serafini, comisario a cargo de la seccional, por complicidad. 

El juicio oral queda a un paso del próximo paso.

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