Según el Indec, el 27,3 por ciento de la población se encuentra en la pobreza, lo cual representa una suba de 1,6 punto porcentual frente al segundo semestre de 2017. La indigencia se ubicó en el 4,9 por ciento, 0,1 punto por encima del semestre anterior. El deterioro semestral no se verifica en la comparación anual, en donde las cifras oficiales muestran una mejora de las condiciones sociales que sólo se explica por el hecho de que el derrape económico empezó en los últimos tres meses del período en cuestión (abril, mayo y junio). La aceleración de la inflación en julio, agosto y seguramente también en los próximos meses, al compás del ajuste y la aplicación de una política monetaria ultra-ortodoxa anunciada en el marco del segundo acuerdo con el FMI, no despejan las dudas en materia de estabilidad cambiaria pero ofrecen certezas acerca de las condiciones de vida de los argentinos, que seguirán empobreciéndose.

  En su breve mensaje de la jornada, el presidente Mauricio Macri afirmó que "cuando asumimos tuvimos momentos de avance, pero a raíz de esta tormenta los resultados van a tardar más". "Nuestro único objetivo es que cada vez más argentinos puedan salir de la pobreza y vivir mejor", dijo el mandatario, quien subrayó que el Gobierno había otorgado un pago extraordinario para beneficiarios de la AUH y que se habían aumentado los montos de programas sociales, sin reconocer que el incremento en los planes del Ministerio de Desarrollo Social siguen por debajo de la inflación este año. Los beneficiarios de la AUH recibieron una suma fija de 1200 pesos por hijo en septiembre y obtendrán 1500 pesos adicionales en diciembre. 

  Lo cierto es que más allá de la preocupación de Macri y de los paliativos oficiales, el principal motor del crecimiento de la pobreza es el programa económico de Cambiemos y del FMI. En primer lugar, el reforzado ajuste fiscal se monta sobre la continuidad en la quita de subsidios a la electricidad, el gas, el agua y el transporte público, lo cual impacta en el bolsillo de los sectores de menores ingresos. Según el Indec, los gastos de servicios públicos vinculados al hogar subieron en el último año un 52,8 por ciento y el transporte, un 45 por ciento. Por otro lado, la brutal devaluación del peso impacta sobre los alimentos, que subieron 3,3 por ciento en mayo, 5,2 en junio, 4 en julio y otro 4 por ciento en agosto. En tercer lugar, el Gobierno expulsa mano de obra del Estado y reduce la obra pública, en el marco de un  recorte general de gastos que, como el propio Presidente reconoce solo presagia peores índices que los actuales.

  El 27,3 por ciento de las personas en condición de pobreza equivale al 19,6 por ciento de los hogares, que en promedio cuentan con 4,3 miembros y tienen un ingreso total familiar de 12.397 pesos. A esas familias les faltan 7038 pesos mensuales para llegar a los casi 20 mil pesos necesarios para acceder a los bienes y servicios que componen la canasta básica. Esos datos excluyen el pago del alquiler. Según la entidad Inquilinos Agrupados, el impacto del alquiler en relación a los ingresos es del 44,6 por ciento. En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires calculó que el peso del alquiler sobre los ingresos alcanzó un máximo histórico del 50 por ciento. Es decir que si la familia en cuestión es inquilina, va a requerir unos 40 mil pesos para no caer en la pobreza. En tanto, el 3,8 por ciento de los hogares es indigente, con un ingreso de 4407 pesos, por debajo de los 7121 pesos por mes para acceder a los alimentos esenciales. 

  El 41 por ciento de las personas de 14 años o menos se encontró en situación de pobreza en el primer semestre, seguido por el 32,9 por ciento que se registra entre la población de 15 a 29 años. En los partidos del Gran Buenos Aires, la pobreza alcanzó al 31,9 por ciento de la población. En el Conurbano se registra más de la mitad de las personas pobres que viven en los 31 aglomerados urbanos que mide el Indec.