El juez de la Cámara de Casación Penal Federal Juan Gemignani quedó comprometido por una decisión de sus propios compañeros de tribunal, que cerraron el sumario que él impulsó contra la prosecretaria María Amelia Expucci, a la que ordenó detener cuando ella se negó a cumplir una orden que consideró que no correspondía durante la feria judicial de invierno.  La resolución es del 30 de diciembre y en ella los jueces mandan todo el material para sumarlo a la investigación del Consejo de la Magistratura  contra Gemignani. El juez, además de que no se excusó de intervenir en el sumario en el que era protagonista, al momento de hacer su voto en contra del cierre del caso despotricó contra Expucci, dijo que le debía obediencia y tenía que ser cesanteada, la máxima sanción posible. Incluso pidió que otra secretaria sea investigada por “infidelidad” (a él, claro). Hasta ahora, en su batalla en tribunales, lleva las de perder porque se cerraron todas las denuncias vinculadas con este caso excepto la que lo involucra como acusado de privación ilegal de la libertad. 

La prevención sumaria (el nombre técnico que lleva una investigación previa al sumario) contra Expucci duró seis meses: increíblemente mucho más que la causa penal que Gemignani promovió contra ella por la supuesta desobediencia, y que el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por terminada en pocos días. La decisión mayoritaria del último acuerdo de los casadores fue firmada por Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, mientras que Gemignani y Eduardo Riggi reclamaron en votos escritos en un tono rabioso y verticalista que siga la investigación y que abarque a la secretaria Carolina Dragonetti. El fin de este expediente será clave ahora para el avance la causa penal que se abrió contra Gemignani cuando Expucci lo denunció por dejarla detenida ilegalmente e incomunicada durante dos horas en el destacamento de la planta baja de tribunales con la anuencia de dos custodios policiales del primer piso.

Esa causa, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, tiene sus vueltas. La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del camarista y entre sus argumentos dijo que abusó de una posición de poder y que la había hecho con violencia de género. Ante la posible citación como sospechoso, Gemignani la recusó. Dijo que la protesta del colectivo Ni Una Menos, que tuvo eco en todo Comodoro Py, donde las mujeres se vistieron de negro, era un escrache contra  él comandado por Ochoa. Más allá de lo descabellado de esa discusión, la recusación generó un atolladero en el expediente ya que el juez imputado pidió que declaren testigos de todo el edificio de Comodoro Py, entre otras medidas. De modo que se abrió una suerte de investigación superpuesta para analizar si la manifestación del 19 de octubre extendida por todo el país tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, en realidad había resultado en Comodoro Py un escrache a Gemignani. Cuando terminen de declarar los testigos por esta cuestión, seguramente avanzará la causa. En tribunales algunos funcionarios dicen que Canicoba Corral estaba esperando el fin del sumario para continuar.

Todo este enredo, con una de las situaciones jamás vistas en los tribunales de Retiro (nadie manda detener a una secretaria), empezó cerca del final de las vacaciones de invierno. Gemignani estaba de turno, obsesionado con que quería denunciar de algún modo que en la Cámara de Casación había material informático y equipos de videoconferencias que según su teoría habían sido enviados como dádiva del ex ministro de Planificación Julio De Vido al tribunal. En efecto, el material existía y estaba ahí para ser utilizado en las comunicaciones con tribunales del interior y para declaraciones por videoconferencia, ya que de la Cámara de Casación Federal dependen los tribunales federales de todo el país. 

Gemignani ahora acusa a Dragonetti de haberle avisado al juez Slokar que él pensaba mandar a inventariar los elementos y presuntamente armar algún escándalo. De hecho, dijo, Slokar lo llamó por teléfono para pedirle que no lo hiciera. A eso llama “infidelidad” de parte de la secretaria, de la misma manera que dice que no fue “suficientemente investigada la desobediencia de Expucci a la orden administrativa”. Lo que le había dicho Expucci a Gemignani era que inventariar esas cajas no correspondía a sus tareas en la feria judicial y que, en todo caso, tenía que pedirle permiso al juez a quien ella reportaba en esos días. Ahí fue cuando Gemignani montó en cólera, levantó la voz y le dijo que si no obedecía la iba a mandar a detener, y lo hizo. 

Con ironía extrema, el voto dice que a Dragonetti no se le han respetado sus derechos, porque se la obligó a declarar bajo juramento como testigo, cuando debería haberlo hecho como imputada, en cuyo caso no estaría obligada a decir la verdad, porque así funciona el procedimiento penal. El voto de Riggi, que pide lo mismo que Gemignani, comenta que se queda con el “sabor amargo que suele generar no efectuar todo el esfuerzo posible para procurar la verdad”. Sabor amargo tuvo también la familia de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero asesinado por una patota ferroviaria, cuando Riggi fue desvinculado de una investigación que lo implicaba en supuestas coimas y maniobras judiciales para favorecer al ex líder ferroviario José Pedraza.

En cuanto a Expucci, Gemignani dijo que su “desobediencia” fue “flagrante” ya que para cumplir una orden no tendría que pedir permiso. “El superior jerárquico a quien debía obediencia era al suscripto que estaba desarrollando funciones de prevención frente circunstancias presuntamente delictivas”, señala Gemignani, dejando en claro sus principios.

Lo curioso es que insiste con ese planteo, cuando el expediente penal que había pedido abrir por eso, donde denunció a Expucci por encubrimiento y a De Vido por dádivas, fue cerrado también por el juez Martínez de Giorgi que dijo que no había ni remotamente un delito. Es más, dijo que había pasado tanto tiempo (nueve meses) desde que llegó la caja con el material a la Cámara de Casación hasta que se acordó de denunciar, que era obvio que solo buscaba “justificar su conducta”, o sea el arresto de Expucci. Se explayó, además, en que el equipamiento no podía “constituir dádiva alguna”, que iba a ser usado por todos los tribunales, y que era incomprensible cómo eso podía afectar la imparcialidad de algún juez.

Quizá uno de los rasgos más interesantes de todo este intríngulis sea cómo desnuda esquemas de trabajo donde los jueces aparecen como todopoderosos en una estructura vertical, y valores patriarcales y machistas totalmente naturalizados.