Luis Riva dejó formalmente de ser el interventor de Fabricaciones Militares (FM), una empresa estatal que gestionó durante un año y a la que se encargó de vaciar: más de 500 trabajadores fueron despedidos y una de las plantas más importantes del país fue cerrada. Quien lo sucederá en el cargo será Ricardo Casal. “En definitiva la renuncia no nos sorprende, porque llevan adelante el proceso de vaciamiento hasta cierto punto y después cambian la figurita, asume Casal y Riva se va”, señaló Damián Albornoz, delegado de la planta de Río Tercero, a PáginaI12.
El alejamiento de Riva en el cargo fue confirmado a través de un decreto que también firmó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y que fue publicado ayer en el Boletín Oficial. En esa misma norma fue designado Casal, también de profesión ingeniero, y el subinterventor, Fernando Hugo Speranza.
“En este caso Riva se lleva a casi 600 trabajadores, más el cierre de una fábrica. Hasta que no se vaya Mauricio Macri de la gestión, venga quien venga, esto va a seguir siendo igual”, advirtió el dirigente gremial, que además consideró que con la aprobación del Presupuesto 2019 “se va a profundizar el vaciamiento de la empresa y dentro de ese vaciamiento, seguramente, nos van a despedir porque es el único recurso que ellos consideran”. “Pero el problema de FM no son los trabajadores como lo plantean ellos, sino que el problema es que son ellos que están garantizando la transferencia de recursos al sector privado”, agregó.
Riva, quien había asumido en la dirección nacional de FM en agosto de 2017, cumplió su misión con creces. En sintonía con el discurso del gobierno nacional, llegó con el argumento de “optimizar la productividad” de todas las plantas del país y terminó reduciendo su producción y recursos humanos.
El primer paso fue el año pasado en Fanazul, la fábrica ubicada en la localidad de Azul. Allí se despidió a 270 trabajadores, lo que provocó una importante movilización social y política. El resto de los empleados siguió con tareas administrativas. Otros operarios fueron obligados a tareas de desguace para el cierre definitivo de la planta que, según la comisión de trabajadores despedidos, podía seguir produciendo los explosivos que abastecían a empresas mineras, entre otras.
El siguiente recorte de Riva fue en Córdoba, cuando despidió a 42 operarios de la planta de Villa María, que también produce pólvora y explosivos. Inmediatamente después, echó a 150 trabajadores de la planta de Río Tercero, una de las más grandes del país dedicada al sector petroquímico y a la reparación de vagones ferroviarios. El último recorte fue en Santa Fe y dejó en la calle a 50 trabajadores de la planta de Fray Luis Beltrán, que elabora armas para las fuerzas de seguridad, además de chalecos antibalas y otros insumos.
