“La revolución del empleo” que prometió el presidente Mauricio Macri al acordar un desmejorado convenio colectivo de los petroleros de Vaca Muerta –para mejorar la rentabilidad empresaria– puso en guardia a gremialistas de distintas centrales sindicales y a los legisladores opositores en el Congreso ante la intención del Gobierno de extender la flexibilización laboral a otras industrias y servicios. Desde el macrismo apuestan a dividir a los sectores gremiales y pactar acuerdos con distintas fuerzas parlamentarias para avanzar con su propuesta de “bajar el costo laboral” argentino, con la proclamada y postergada “lluvia de inversiones” privadas como promesa.  

Aunque no pocos ya se pusieron en guardia, los tiempos gremiales para abordar los conflictos no siempre son los mismos. El triunvirato de la CGT se reunirá en los próximos días con una agenda que tiene como prioridad los despidos y suspensiones en el sector privado, pero que por ahora no incluye la flexibilización laboral. 

Uno de sus integrantes, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que preside la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), apuró el encuentro sindical veraniego ante el incumplimiento empresario de parar los despidos y suspensiones hasta marzo, como habían acordado los popes cegetistas con el Gobierno y las cámaras empresarias. Atrás también quedaron la masiva marcha de todas las centrales sindicales en vísperas del 1° de mayo contra los despidos, el veto de Macri a la ley antidespidos que había aprobado el Congreso y la amenaza de un “plan de lucha” de la CGT si el veto se concretaba. 

Curiosamente, quien salió al cruce de la propuesta flexibilizadora del macrismo fue el integrante del triunvirato por el sector barrionuevista, Carlos Acuña (estaciones de servicio), habitualmente uno de los más predispuestos a pactar con el Gobierno. 

“La explotación es vieja, pero si uno los deja no va a tardar en ser vigente de nuevo”, alertó Acuña desde las playas de San Bernardo, en alusión al anuncio del Gobierno sobre el nuevo convenio laboral que los petroleros de Vaca Muerta: “Nosotros queremos colaborar para que se generen más puestos de trabajo, pero también vamos a defender los convenios colectivos, porque el Gobierno y los empresarios nos quieren esclavizar”, señaló.

Por ahora, los otros dos integrantes del triunvirato de la CGT, Schmid y Héctor Daer –gremialista de Sanidad y diputado massista–, prefirieron no pronunciarse públicamente sobre la flexibilización. Pero quienes conversan en privado con ellos, retransmiten que su postura es resistir el embate flexibilizador del Gobierno.

Otros gremialistas, en tanto, justifican la actitud de Guillermo Pereyra, del Sindicato de Petróleo, frente “a las amenazas de pérdidas de fuentes de trabajo”. Algunos, consultados por PáginaI12, son menos comprensivos: “La amenaza podría darse si las automotrices te dicen nos vamos todas del país. Las compañías petroleras que quieren invertir en Vaca Muerta no pueden trasladar el yacimiento. No era necesario hacer esas concesiones”, sostienen, por ahora desde el anonimato. 

La Corriente Federal de Trabajadores –que encabezan los bancarios– también evitó el pronunciamiento público sobre el tema, a la espera del debate interno que se dará en la CGT. No obstante, se remiten a un duro documento difundido bajo el título “Cambia la política económica o la Argentina quiebra”. Allí también advierten sobre los “anuncios de flexibilización de la legislación y precarización laboral” del gobierno macrista, que proclaman resistir.

Las dos CTA 

Desde las CTA de los Trabajadores que conduce el docente Hugo Yasky y la CTA Autónoma del estatal Pablo Micheli ya se pronunciaron contra la flexibilización laboral del macrismo. Ambas acordaron un encuentro común y entablaron contactos con gremios cegetistas para impulsar un plan de resistencia que incluya a todas las centrales y expresiones sindicales.

“Este es un gobierno de empresarios y tiene como primer mandato bajar el costo laboral. Nos quieren retrotraer a la etapa previa al ‘43, antes de la creación del fuero laboral y los convenios colectivos de trabajo para barrer con décadas de conquistas laborales”, expresó a PáginaI12, mientras participaba de un congreso sindical internacional en Brasil. Ahí también se acordó para fines de este mes un encuentro en Montevideo con sindicatos argentinos, brasileros, paraguayos y uruguayos para enfrentar en todo el Mercosur la avanzada flexibilizadora de los gobiernos neoliberales en la región. 

Los sindicatos alineados con las propuestas clasistas de la izquierda sostienen que el acuerdo de Vaca Muerta es “el laboratorio para la flexibilización laboral” y “un plan de guerra contra el pueblo”, además de reclamar y convocar a “un plan de lucha”.   

En el Parlamento

Con distintas posturas públicas, las principales bancadas opositoras en el Congreso, y en especial en la Cámara de Diputados, afirman que resistirán cualquier proyecto de ley o decreto de necesidad y urgencia con que el gobierno de Cambiemos quiera avanzar sobre las conquistas laborales. 

Una muestra fue el estancamiento del proyecto de primer empleo que el macrismo envió al Congreso, una propuesta con las mismas características que del acuerdo firmado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con la empresa Mc Donald’s, con pasantías y sueldos por debajo del mínimo vital y móvil subsidiados por el Estado. El oficialismo tampoco logró convertir en ley la modificación del régimen de ART que las aseguradoras reclaman para “evitar litigiosidad” sobre los accidentes laborales, aunque el proyecto tiene media sanción del Senado y el Gobierno aún quiere apurar su aprobación en el Congreso. 

“Es querer volver al sistema de los ‘90 habilitando de facto a que las empresas reemplacen auténticos contratos de trabajo y dejen sin derechos a los trabajadores. La atribución a la Justicia del Trabajo de la responsabilidad por la falta de inversiones extranjeras busca condicionar a los jueces laborales y debilitar a la institución que constituye el último resguardo de los derechos laborales”, evaluó, en diálogo con este diario, el jefe del bloque del FpV-PJ, Héctor Recalde. El abogado laboralista argumentó que “insistir en que los convenios colectivos están desactualizados porque son de 1975 es, además de falso, el mecanismo tendiente a degradar derechos y convertir a los convenios en instrumento de desmejora de las condiciones de trabajo”. Para Recalde, “la negociación colectiva en el petróleo privado es la avanzada para la derogación de los derechos que contienen los convenios colectivos, todo lleva al abaratamiento de los costos a expensas de los trabajadores, en una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia las grandes empresas. Sin la gente, cualquiera cierra sus números”. El diputado afirmó que, en este sentido, su bancada “no tiene fisuras en cuestiones de principios como la defensa de los derechos de los trabajadores” y que se opondrán a cualquier intento flexibilizador.

El massismo eligió un perfil bajo sobre este tema. No existen declaraciones públicas hasta que “la amenaza del Gobierno se concrete”. Los voceros del Frente Renovador afirmaron a PáginaI12 que consideran que las versiones que hace correr el Gobierno “son cortinas de humo” en su intento de atravesar el verano de un año electoral en el que todo los indicadores económicos y sociales le son desfavorables. 

Los renovadores tienen su propio dilema. Su bancada de diputados incluye a uno de los integrantes del triunvirato cegetista (Daer) y a moyanistas como el propio hijo del dirigente camionero, Facundo Moyano, además de muchos dirigentes sindicales que orbitan alrededor de la política que traza el líder renovador, Sergio Massa, con quien acuerdan proyectos parlamentarios (como la modificación del Impuesto a las Ganancias). Por eso tampoco pudieron esquivar alguna definición: “Nosotros vamos a respaldar la propuestas de los trabajadores”, dijeron sus voceros a este diario.   

Aunque proclive a pactar con el Gobierno, difícilmente el massismo arriesgue en un acuerdo con Cambiemos parte de su propia base electoral en un año de comicios parlamentarios.

Los “Progresistas” de Libres del Sur y el socialismo tampoco avalarían un nuevo intento flexibilizador como en los ‘90. Lo mismo plantean distintos monobloques, como los del canillita Omar Plaini, entre otros, además de la férrea resistencia del FIT.

Las definiciones opositoras aparecen como un problema adicional que deberá enfrentar el oficialismo para poder arrastrar detrás de sus políticas –como hasta ahora– a parte de la dirigencia sindical y parlamentaria.