En el último año, o mejor dicho desde que asumió como ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, uno de los ejes centrales de reclamo de la comunidad cultural giró en torno a la Ley de Mecenazgo, sus debilidades, sus deudas y su débil implementación. A las demoras en la selección de beneficiarios, la dificultad para vincularlos con empresas patrocinadoras y la engorrosa burocracia que conlleva todo el proceso se sumaron fuertes críticas del sector de la cultura independiente por cuestiones como que, en los últimos siete años, casi el diez por ciento del monto total del programa se lo llevaron fundaciones y asociaciones de amigos de teatros y museos públicos. En línea con esos reclamos, Avogadro recogió el guante y encomendó al Consejo Cultural creado este año que como primera tarea revisara la ley actual (vigente desde 2008) y que, junto con las responsables del área de Mecenazgo, elaborara un proyecto que la actualice y la convierta en una herramienta "más democrática". Hace pocas semanas ese proyecto fue presentado en la Legislatura, donde es debatido en distintas comisiones. Se espera que se apruebe antes de fin de año para poder entrar en el debate por el Presupuesto 2019.

   Según difundió el Ministerio de Cultura porteño, el espíritu de la nueva ley apunta a una "mayor previsibilidad en el sistema, una mayor claridad en los criterios de selección, mayor involucramiento y articulación con el sector privado, alternancia, y la posibilidad de acompañar cada vez a una mayor cantidad y diversidad de proyectos culturales". ¿Cómo pretende lograr esto? Fundamentalmente a través de un cambio que consideran clave: eliminar la figura de benefactor, una de las dos opciones que hasta ahora tienen las empresas, y dejar solamente la de patrocinador. Es decir, eliminar la modalidad por la cual el sector privado sólo aporta a los proyectos culturales la suma que puede deducir de impuestos (y nada extra, lo que implica que el Estado sea quien aporte) y dejar en pie aquella mediante la cual las empresas deban --mediante un financiamiento fiscal decreciente-- contribuir con fondos "genuinos", con el beneficio de que su marca pueda figurar en la difusión de los proyectos. ¿El objetivo? Que el Estado se libere de ese resto que debe poner en los casos en los cuales las empresas actúan como benefactoras, y que pueda aportar un poco menos para supuestamente "redistribuir más".

   Ese no es el único cambio introducido en el nuevo "Régimen de Promoción Cultural" enviado a la Legislatura por diputados de Vamos Juntos (el Pro en la Ciudad) y la jefa del Bloque Peronista. También se limita la cantidad de presentaciones a dos por aspirante a beneficiario (de los cuales sólo un proyecto podrá ser seleccionado por cada convocatoria "para favorecer alternancia y mayor cobertura") y se agrega un piso del 1,5 por ciento al monto total anual asignado al programa por parte de la cartera cultural, para evitar que el presupuesto se reduzca como ya ha pasado. Pero la desconfianza de la oposición y del sector cultural independiente que accede a la herramienta, gira en torno a porqué las empresas querrían aportar a proyectos culturales un extra de lo que hacen en la actualidad.

   Al respecto, el propio ministro Avogadro expresó a Página/12 que su deseo es "que las empresas se involucren en la generación de la cultura porque es un factor fundamental de desarrollo humano". "Creemos que para cada empresa hay un nicho por descubrir y con el cuál asociarse", aseguró el funcionario, para quien "la inversión privada tiene que acompañar la inversión pública". Para fomentar la relación entre empresas y beneficiarios, explicaron a este diario desde su cartera, se programarán ferias de intercambio para que las partes se conozcan y puedan coordinar la asociación. 

   En los próximos días, de todos modos, distintos sectores de la cultura independiente llevarán a cabo foros y reuniones para discutir el proyecto, que aún está en debate en comisiones de asesores. Mientras tanto, hace unas semanas cerró la convocatoria anual al régimen de este año (los beneficiarios electos seguirán con el programa sin modificaciones, puesto que aún no se aprobó el proyecto) y desde el ministerio anunciaron que aumentó un 30 por ciento la cantidad de aspirantes respecto al año pasado, algo que demuestra la urgencia de una modificación en una de las herramientas que más proyectos culturales fomenta desde el gobierno de la Ciudad, y que hasta ahora viene con serios inconvenientes y dificultades.