“El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas le señaló al Estado argentino que las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección” de estos derechos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El organismo participó, junto a otras 55 organizaciones, en una audiencia donde el Estado argentino tuvo que explicar ante el Comité el impacto de las políticas económicas en la Argentina que además le advirtió que el acuerdo firmado con el FMI “debería haber tenido en cuenta esos compromisos”.
El Comité DESC es un órgano de la ONU, integrado por 18 expertos independientes de distintos países, que tiene como objetivo supervisar la aplicación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados parte. Como la Argentina es uno de ellos e incluso tiene rango constitucional, el jueves y el viernes tuvo lugar el diálogo interactivo en Ginebra, Suiza, entre los representantes del Estado –encabezados por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj– y los miembros del Comité, en ocasión de la cuarta evaluación periódica del Estado argentino sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El Comité analizó el informe nacional presentado por el Estado argentino y dialogó con miembros de la delegación sobre la situación financiera que está atravesando el país y sus consecuencias en la reducción de programas sociales que impacta a los más vulnerables. Producto al agravamiento de la situación económica del país y ante el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Comité le señaló al Estado argentino que “las decisiones de política económica y financiera no pueden desconocer sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales”.
El Comité de la ONU le advirtió al Estado argentino que “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debería haber tenido en cuenta esos compromisos y que, en ningún caso, las medidas que se deriven de ese pacto pueden implicar el recorte de políticas que garantizan derechos sociales”.
Durante el proceso, los miembros del Comité también recibieron informes elaborados por el CELS en alianza con 55 actores, entre quienes se encuentran organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudios, especialistas y organismos de derechos humanos.
En ese sentido, los integrantes del Comité llamaron la atención por algunos de los principales puntos que plantearon las organizaciones en sus informes, entre ellos los recortes en los programas de seguridad social –como la baja de las pensiones por discapacidad–, el desempleo –en particular el de las mujeres jóvenes–, el debilitamiento de las instituciones gubernamentales como la degradación del Ministerio de Trabajo y la persecución a la actividad sindical. También llamaron la atención sobre la represión de las protestas y los desalojos violentos. En materia de salud, las autoridades argentinas fueron interrogadas por el rechazo del Senado al proyecto de ley de legalización del aborto. En lo relacionado con la política fiscal, el Comité llamó la atención sobre las medidas regresivas y, en particular, sobre la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios.
Al cierre, el Comité le advirtió a la delegación liderada por Avruj que “para superar esta crisis el Estado argentino debe tener en cuenta sus observaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales y no únicamente sus obligaciones en términos financieros”.
