En los últimos dos años y medio cerraron alrededor de 500 centros de jubilados y pensionados en todo el país, producto de los tarifazos y el aumento de costos de mantenimiento que no pueden ser afrontados por los aportes solidarios de sus socios. El dato es parte de un relevamiento que aún elabora la Confederación General de Jubilados y que, según el responsable del Área de Salud de esa institución, Nelson Donato, demuestra que durante el macrismo hubo “un aumento del avasallamiento de los derechos humanos” de los adultos mayores.

“El cierre de esos centros indica que hay menos lugares donde las personas mayores pueden ir a encontrarse y tener actividades recreativas, lo cual les genera un deterioro cognitivo y afecta la salud”, añadió el médico sanitarista y especialista en geriatría. Pero la alerta no se detiene allí, porque ese dato “junto con la pérdida del poder adquisitivo y de su autonomía, conforman un cóctel explosivo” que les empeora la vida, agregó en diálogo con Página/12.

Según el informe de la Confederación, en la actualidad “una persona que cobra la jubilación mínima se puede comprar un tercio de la carne que se compraba en 2015”. Esto no es casual, agregó Donato: “Durante el menemismo, un jubilado tenía un haber equivalente a los 190 dólares, aproximadamente. En 2015 (durante el gobierno de Cristina Kirchner), llegó a ganar cerca de 600. Sin embargo, ahora, esa equivalencia volvió a rondar los 190 dólares”.

“Ahora, el mayor porcentaje de lo que percibe lo tiene que destinar a la compra de medicamentos, que aumentaron hasta un 700 por ciento. Es algo salvaje”, calificó el especialista que, además, es coordinador del área de Adultos Mayores del Instituto Patria.

Donato explicó también que los sucesivos ajustes y “el deterioro de los haberes producto del cambio de cómputo de la movilidad jubilatoria” aplicado por el Gobierno generaron una “pérdida de los derechos que habían sido adquiridos y de otros que ni siquiera estaban pensados como tales”. Acceso a la cultura, a la recreación, a la salud y a una vivienda digna son los “derechos más avasallados” desde 2016.

“En general –agregó-, la persona mayor gasta en comida, probablemente en recreación, en llevar a un nieto a comer un helado, en un viaje pequeño.” Ahora, comparó, “está empezando a suceder que varias familias tienen que volver a ayudar a sus personas mayores, cuando muchos ya habían logrado su autonomía”. Y también se da lo contrario: “Otros jubilados volvieron a convertirse en sostén de hogar porque algún hijo quedó desocupado”.

Este y otros aspectos que dan cuenta del impacto de las políticas de ajuste de Cambiemos y del consecuente crecimiento de la pobreza en la franja etaria más alta de la población son parte de un relevamiento que puso en marcha la Confederación General de Jubilados, Retirados y Pensionados, una institución que mañana cumple 70 años y que durante todos estos años tuvo un rol muy activo en el fomento de centros y federaciones de jubilados y políticas previsionales.

Para Donato, una de las cuestiones que pone en riesgo la posibilidad de que este escenario se revierta a favor de los jubilados, es el modo en que el gobierno de Cambiemos “echa mano” al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que es posible “por la reforma previsional aprobada por algunos sectores que traicionaron el voto que los había llevado a sus bancas”.

“En diciembre de 2015, el FGS era de 70 millones de dólares, y en la actualidad es de 40 mil millones. Me gustaría saber qué hicieron con esos 30 mil millones. Es decir que, a pesar de los préstamos del FMI y demás, se gastaron ese dinero”, cuestionó y recordó que el Gobierno tiene previsto “destinar parte de esos fondos a las provincias”. “Es decir –criticó- que los jubilados van a bancar el déficit de las provincias. Ojalá que, en algún momento, estos funcionarios tengan que rendir cuenta de esto que están haciendo".