![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2018-01/washington-uranga2.png?itok=qxgUEP1_)
La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que no se había reunido en todo el año, el miércoles designó de manera imprevista al abogado Emilio Jesús Alonso como encargado transitorio de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual. El puesto estaba vacante desde el 14 de noviembre de 2016, cuando cesó el mandato de la Defensora Cynthia Ottaviano. Hasta ahora y por decisión de la propia Bicameral, la encargada de mantener el funcionamiento básico de la Defensoría era la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos María José Guembe, designada por la misma Comisión Bicameral el 29 de noviembre de 2016.
El nombramiento de Alonso, quien se desempeñó en la Dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia, se hizo por un plazo de sesenta días, sin previa consulta y sin que los antecedentes del designado fueran presentados por el oficialismo. Según señalan varios de los legisladores participantes, el asunto fue introducido por fuera del orden del día de la reunión de la Comisión Bicameral. Ante la maniobra la diputada Gabriela Cerruti (FPV) argumentó que “no podemos votar a alguien que no sabemos quién es”, a lo que la también diputada Karina Banfi (UCR) respondió con un “si yo lo conozco, todos sabemos quién es”. En el mismo sentido el radical por Santa Cruz Eduardo Costa, presidente de la Comisión, argumentó que no es necesario aportar los antecedentes porque el nuevo funcionario “solo tendrá funciones administrativas”, aunque luego admitió que “vamos a acercar después los antecedentes porque ahora no los tenemos”. Por su parte, el diputado Pablo Carro (FPV PJ y secretario de la Bicameral) recordó que “esta Comisión Bicameral se constituyó tardíamente por demoras del oficialismo” y agregó que “acordamos encaminar un proceso de designación como lo marca la ley y al momento de comenzar la reunión plantean la generación de una especie de intervención temporaria a la que no se le ve sentido”. Carro calificó el hecho de “sorpresivo, desprolijo e innecesario”.
Reconocimiento y protesta
La designación de Alonso y sobre todo la metodología utilizada, desató protestas por parte de organismos y asociaciones nacionales e internacionales vinculados a la comunicación, que valoran muy positivamente la acción de la Defensoría en sus seis años de trayectoria. La Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (Redcom) destacó el “excelente desempeño de la Defensoría del Público de SCA en el cumplimiento del mandato emanado de la ley 26.522” y expresó su “preocupación por la designación de un ‘encargado transitorio’ sin méritos ni antecedentes públicos, sin plan de trabajo conocido y con un mandato opaco”, denunciando que a través de sus acciones el Gobierno demostró “más preocupación por responder a las demandas de los grupos concentrados que en atender el ejercicio del derecho a la comunicación de las personas”.
La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) denunció la “precarización de derechos fundamentales”, la “limitación del derecho a la libertad de expresión” y reclamó que “se acaben las dilaciones injustificadas” para la discusión un proyecto de ley de “comunicaciones convergentes”. El Observatorio de Comunicación y Derechos de la UBA (Dercom) alertó sobre “un nuevo forzamiento de los mecanismos institucionales que desembocó en una virtual intervención temporaria de la Defensoría del Público”. Otras entidades académicas, profesionales y comunitarias se manifestaron en términos similares. Amarc Argentina pidió “que se garantice un procedimiento transparente y participativo como indica la LSCA para la elección del el/la representante en este organismo estatal”.
A nivel internacional redes, radios y organizaciones de comunicación popular y comunitaria de toda América Latina y el Caribe expresaron la “preocupación por la sorpresiva intervención a la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual Argentina, organismo de indudable aporte a la democratización y respeto al Derecho a la Comunicación, creado en el marco de una normativa ejemplo para nuestro continente y el mundo como es la ley de Comunicación Audiovisual “. Firman la declaración conjunta entre otros la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular (ALER), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), IRFA (Venezuela), Red Amazónica (Brasil), Red Voces Nuestras (Costa Rica), Arpas (El Salvador), Erbol (Bolivia), FGER (Guatemala) y Udeca (República Dominicana).
La Defensoría, primer organismo encargado por ley de defender específicamente el derecho de las audiencias, tiene entre sus funciones las de “recibir y canalizar consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión”, llevar un registro de las denuncias formuladas por los usuarios, “convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudio e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación” y convocar a audiencias públicas para “evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión” con el fin de formular recomendaciones en la materia a las autoridades.
La labor realizada
Desde el surgimiento de la Defensoría en noviembre de 2012, el organismo recibió –al 31 de julio de 2018– 12.486 presentaciones formales que aludieron a 14.850 temas. En cada presentación se reclamó, consultó, denunció o hizo algún tipo de pedido en un promedio de 1,2 inquietudes respecto de la comunicación audiovisual por caso. El 95,6 por ciento estuvieron relacionados con el campo de la radio y la televisión de manera directa y refirieron –implícitamente– a artículos de la ley 26.522.
La labor de la Defensoría ha sido ampliamente reconocida y el funcionamiento del organismo no se detuvo tampoco por la acefalía, dado que en los últimos dos años tanto las actividades como las tareas administrativas fueron mantenidas por el equipo técnico-profesional coordinado por María José Guembe. Entre otras acciones la Defensoría continuó realizando audiencias públicas (23 en seis años) para conocer la opinión, los reclamos y la información e investigaciones de largo plazo como los monitoreos que ofrecen una radiografía de lo que se presenta a la sociedad como noticias y permite ver los temas que están fuera de la agenda (derechos de las mujeres, niñez, derechos humanos, salud, pueblos originarios, etc.).
La Defensoría se ha ocupado especialmente del acompañamiento a los medios sin fines de lucro, comunitarios y de pueblos originarios a quienes la LSCA reconoció el derecho a la comunicación que el Estado debe garantizar. La tarea de la Defensoría en los dos últimos años es, por otra parte, una muestra del fruto de la continuidad de políticas públicas despegadas o desacopladas de la coyuntura política, con la permanencia más allá de los cambios de gobierno.
Para la designación del Defensor del Público (mandato de cuatro años) la ley establece que previamente el Congreso “deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de la persona propuesta” y “garantizar los mecanismos suficientes para que los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, puedan presentar las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto del candidato”.
Desde las organizaciones académicas, profesionales y comunitarias que representan a los medios de comunicación audiovisual que trabajaron para la aprobación de la LSCA se ha venido reclamando de manera insistente el nombramiento del Defensor del Público que es responsabilidad de la Comisión Bicameral. Frente a la designación de Alonso existe el temor de que lo que ahora se menciona como “temporario” se convierta en permanente con el riesgo de frenar o congelar el trabajo de la Defensoría.
