Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá hoy a abogados y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura, quienes denunciaron al Estado argentino por los juicios de lesa humanidad. Se trata de una reunión que la CIDH otorgó a las agrupaciones defensoras de genocidas, de carácter privado y sin garantías de continuidad en el tratamiento de los hechos, tras la intervención que el gobierno nacional ejerció a través de la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Paula Bertol. Desde Abuelas de Plaza de Mayo lamentaron la decisión del organismo internacional, recordaron que “los detenidos por crímenes de lesa humanidad están en una clara situación de privilegio frente al resto de las personas sometidas a procesos penales” y reforzaron su “preocupación” en relación con el hecho de que haya sido una funcionaria del Ejecutivo quien intercedió para que la CIDH recibiera a estas agrupaciones: “Demuestra el difícil momento por el que atraviesa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina”.

Hace casi una década que las llamadas agrupaciones “de memoria completa” vienen denunciando al Estado argentino ante la CIDH por supuestas “violaciones al debido proceso” en relación con los genocidas involucrados en los juicios de lesa humanidad. El objetivo de las denuncias es uno solo: frenar el proceso judicial sobre los crímenes de la última dictadura que comenzó cuando las leyes de impunidad fueron declaradas inconstitucionales en el país. Los integrantes de estas agrupaciones –en su mayoría abogados defensores y familiares de represores procesados, imputados y condenados por torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiaciones de niños y niñas, entre otros delitos cometidos en el marco del genocidio, durante la última dictadura– acusaron al Estado ante la CIDH de “discriminar” y de “agraviar humanitariamente” a los represores, a quienes califican de “presos políticos”. Hasta ahora, la CIDH no había respondido positivamente a tales demandas. 

Pero algo cambió. Esta tarde, en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, el pleno de la comisión recibirá en el marco de una “reunión de trabajo” a representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Puentes para la Legalidad, dos de estas agrupaciones. El organismo limitó la temática de la reunión de trabajo a los casos de aquellos imputados por delitos de lesa humanidad que tengan más de 65 años. 

No sin críticas por esa condición, a la que calificaron de “límite”, estos colectivos celebraron la convocatoria como “un giro histórico” de parte del organismo internacional. Lo que no cuentan es que ese giro fue producto de pedidos explícitos que Bertol, en su rol de titular de la Misión argentina permanente ante la OEA, realizó a miembros de la CIDH. 

Las gestiones

Según consta en reportes que realizó a la Cancillería, Bertol mantuvo por lo menos tres reuniones con representantes de la CIDH en los que las demandas de las agrupaciones pro represores fueron un tema tratado. En un cable fechado el 27 de agosto pasado, Bertol cuenta que se reunió con el comisionado Luis Vargas y le habló sobre “el tema de las solicitudes de los familiares de los adultos mayores detenidos imputados por crímenes de lesa humanidad ante la CIDH para ser recibidos en audiencia” y le entregó “una carpeta con documentación referida al tema”. Según palabras de Bertol, se llevó de parte de Vargas el compromiso de “revisar estos pedidos”.

Una semana más tarde, la funcionaria informó a Buenos Aires la decisión del “pleno” de la CIDH de “otorgar una reunión de trabajo en atención a la solicitud de la Misión” permanente ante la OEA, de la que la funcionaria es titular, para que el organismo internacional atienda el reclamo de los familiares y abogados de represores. La información, reportó Bertol a la Cancillería, se la comunicó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paul Abrao. 

La funcionaria tuvo una reunión más con Abrao. Allí fue notificada de la naturaleza del encuentro entre el organismo internacional y las agrupaciones defensoras de genocidas: la hora, la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo. También le solicitó información sobre la delegación del Estado argentino que acudiría al encuentro. 

La preocupación 

“Para Abuelas de Plaza de Mayo no es bueno que la comisión haya decidido otorgar esta reunión, lo lamentamos”, definió el abogado del organismo, Alan Iud, en diálogo con este diario. Cuando se enteraron, expresaron a la CIDH los motivos de preocupación a través de una carta firmada por Estela de Carlotto. Allí, lo primero que plantearon es que les pareció “impropio” que un gobierno que dice mantener políticas de Estado de memoria, verdad y justicia promueva un reclamo de agrupaciones pro genocidas. En segundo lugar, las Abuelas de Plaza de Mayo le recordaron a la CIDH “los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia sucedidos desde el gobierno de Cambiemos” y que “varios organismos de derechos humanos expusieron en la audiencia pública ante algunos comisionados en octubre de 2017, empeoraron ahora”, reconstruyó Iud. 

Es que, si se entiende la “gestión” de Bertol como un gesto del oficialismo hacia los represores y sus defensores, no es el primero. No bien asumió el actual Poder Ejecutivo, referentes de las agrupaciones pro genocidas fueron recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, y por el ministro de Justicia, Germán Garavano. A título personal, fueron varios los referentes del oficialismo que pusieron en duda la cifra de desaparecidos, en clara intención negacionista, y a esto hay que sumarle el “giro” de la situación de los genocidas a nivel judicial, que mejoró ampliamente desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. Según las cifras más actualizadas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se duplicó la cantidad de represores que cumplen encierro en sus casas mientras que disminuyó a la mitad el número de quienes permanecen en unidades penitenciarias: hoy el 57 por ciento de los detenidos por esos crímenes cumple encierro en lugares de privilegio. “No es cierto lo que denuncian las agrupaciones de memoria completa: los detenidos por crímenes de lesa humanidad están en una clara situación de privilegio frente al resto de las personas sometidas a proceso penal”, reforzó Iud. 

Por último, Abuelas de Plaza de Mayo recordó en su misiva “la historia de la comisión en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, tan destacada” y remarcó que “esta reunión no le hace honor”. 

La reunión 

La CIDH les respondió a las Abuelas y aclaró que “esta reunión no implica nada, que no significa reconocimiento del reclamo de estos grupos ni asegura que vaya a avanzar en el tema”, resumió el abogado del organismo de derechos humanos. Los comisionados suelen llevar a cabo estos encuentros para escuchar personalmente los argumentos que los denunciantes vuelcan por escrito en las apelaciones al accionar de la CIDH, sin garantías de darle continuidad al tratamiento. Según se comentó, la comisión tendría escasas intenciones de hacerlo. 

Consultado por la prensa, el ministro Garavano confirmó que en representación de la Argentina asistirá a la reunión “una delegación integrada por el director nacional de Derechos Humanos y personal de Cancillería” que “sólo escuchará cuáles son los reclamos que se formulen en ese ámbito”. De acuerdo con lo que trascendió, Bertol pidió expresamente a la Cancillería que la dejaran participar de la reunión.