Sin debate previo y sin participación de especialistas, la Legislatura porteña se apresta a aprobar mañana un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad impulsado por Horacio Rodríguez Larreta que habilita la vigilancia remota y sin límites de tiempo y arrasa con los derechos a la privacidad y a la intimidad personal. Así lo advirtieron el CELS, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre, entre otras ONG que rechazan el proyecto por “la discrecionalidad de los procedimientos” que autoriza y porque “tal como está redactado impide el control judicial efectivo”. “Es un avance criminalizador inusitado. Cambiemos aprovecha su mayoría automática en la Legislatura para aprobar medidas investigativas que ni el Senado se animó a aprobar”, advirtió Myriam Bregman, legisladora del PTS-FIT.
El proyecto de Cambiemos para regular el procedimiento que rige las investigaciones penales introduce “medidas especiales” como “el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta –incluso por delitos menores y contravenciones– a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje”, alertaron también ACIJ, el Inecip, Poder Ciudadano y la Asociación Pensamiento Penal en un comunicado conjunto.
De aprobarse el proyecto, el Big Brother porteño se activará con la simple excusa de investigar delitos menores y hasta contravenciones, por plazos que quedarán librados a “la libre interpretación de los jueces”, alineados en su mayoría a las políticas oficiales. Sin mecanismos para salvaguardar ni destruir la información obtenida de celulares y computadoras personales, el resultado será “la divulgación, las filtraciones y otros usos indebidos”, advirtieron los organismos. Cuestionaron también que los jueces no deban realizar un “acto fundado” que permita el posterior control judicial de la medida sino apenas asentar su decisión en un “acta reservada”. El proyecto incorpora las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada pero “sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar”, y prevé escuchas sin límite temporal, con lo cual se “elimina todo criterio de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad”.
