La Justicia chilena ordenó congelar la fortuna legada por el dictador Augusto Pinochet a su familia. Un juzgado civil de Santiago atendió una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y como medida precautoria inmovilizó un monto equivalente a 16,24 millones de dólares, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
“Existe evidencia probatoria más que suficiente para estimar plenamente demostrado que Augusto Pinochet Ugarte incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”, explicó la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud. La solicitud fue presentada por el CDE la semana pasada con el fin de mantener inmovilizados bienes y depósitos bancarios no incluidos en el fallo de la Corte Suprema del pasado 24 de agosto, en el marco del Caso Riggs. En ese momento, el máximo tribunal había condenado a tres militares retirados que ayudaron a Pinochet a ocultar dinero sustraído de las arcas fiscales en cuentas bancarias en el Riggs Bank y ordenó decomisar bienes por 1,62 millones de dólares pertenecientes al dictador. Sin embargo, no mandó a decomisar la totalidad del monto investigado, que llegaba a 17,86 millones de dólares. Aunque esta fue la cantidad de dinero que se tuvo en cuenta en la investigación, en 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet había acumulado una riqueza superior a 21,32 millones de dólares –los 17,86 millones de la causa no tenían una justificación contable–. El CDE estimó que el decomiso debe ser por la totalidad del patrimonio mal habido por el dictador, sobre la base del propio fallo de la Corte Suprema que señalaba que sus herederos eran adquirentes de mala fe y no podían menos que conocer el origen delictivo de tales bienes.
La medida solicitada por el Consejo fue acogida por la jueza Carolina Ramírez, del Séptimo Juzgado civil de Santiago, y su sentencia afecta a 16 herederos del dictador, incluidos su viuda, Lucía Hiriart, sus hijos, Augusto, Lucía, Jacqueline, María Verónica y Marco Antonio, a doce nietos y cinco bisnietos. El dictador legó el 51,8 por ciento de sus bienes a su esposa Lucía Hiriart, en tanto que cada uno de sus cinco hijos recibiría un 7,14 por ciento del patrimonio, mientras doce de sus 25 nietos y cinco bisnietos se repartirían el 12,5 por ciento restante, en distintas proporciones. “Se ha accionado en contra de todos los herederos de Pinochet porque si bien no se acreditó que hubieren tenido participación en los ilícitos, son los destinatarios de un enorme provecho económico, fruto de un delito plenamente acreditado”, puntualizó la presidenta del CDE.
El dictamen de la jueza Ramírez considera plausible la solicitud del CDE y señala que los efectos del decomiso podrían frustrarse si no mediaban medidas que asegurasen los bienes de la acción judicial. Por ello, prohibió la celebración de contratos y otros actos sobre 23 propiedades situadas en las regiones Metropolitana de Santiago, Valparaíso, Tarapacá (norte) y Los Ríos (sur), entre las que figuran parcelas, departamentos, bodegas y una estancia, además de tres vehículos. También quedaron congeladas tres cuentas bancarias en el Banco de Chile (una con 2,5 millones de dólares; otra con 7.997 dólares y la tercera con 1,35 millones dólares); una cuenta del BancoEstado por 952.851 dólares y tres cuentas del Banco de Boston (actualmente Itaú), que suman 124.566.242 pesos chilenos (unos 188.736 dólares al cambio actual). De acuerdo con el CDE, los bienes fueron obtenidos a través de empresas ficticias en las que el dictador figuraba con nombres falsos. Las acusaciones de malversación de fondos terminaron de hundir a Pinochet, que encabezó por 17 años una cruenta dictadura que dejó más de 3.200 desaparecidos y unos 38.000 torturados, tras derrocar al socialista Salvador Allende.
La investigación del caso Riggs se abrió en 2004, durante una pesquisa del Senado de Estados Unidos encaminada a establecer el origen del financiamiento del terrorismo internacional tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001. El caso estuvo primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el ya desaparecido Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras. Por este caso, el dictador fue procesado por la justicia chilena, que también ordenó su arresto domiciliario durante algunas semanas. Sin embargo, el dictador murió en 2006 antes de ser condenado.
