Organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad se movilizaron ayer a la tarde frente al Congreso Nacional para rechazar el recorte de pensiones, la falta de pago a las obras sociales que garantizan las coberturas asistenciales y el desfinanciamiento de los programas terapéuticos. Repudiaron el ajuste que viene implementando el gobierno nacional y buscaron visibilizar la muerte de 120 personas que, según denunciaron los marchantes, se encontraban a la espera de una pensión.
“¿Por qué con los más débiles?”, se preguntaron las organizaciones que se expresaron frente al Congreso por la restitución de las pensiones dadas de baja, el rechazo a la reducción de las prestaciones, la autorización plena de los tratamientos indicados por los médicos, el aumento de las pensiones no contributivas y el aumento de valor del nomenclador nacional que pone un valor a las prestaciones y que quedó desactualizado tras la escalada del dólar y la devaluación del peso.
“Los recortes afectan más que nada a las familias de bajos recursos, que no pueden costear los tratamientos de sus hijos”, advirtió Lucas Blanco, integrante del grupo Padres TEA (Trastorno del Espectro Autista), quien también resaltó la necesidad de reglamentar la Ley Integral de Autismo (27.043), aprobada en noviembre de 2014 y cuya puesta en marcha quedó atrapada en una lógica de interpretaciones y reinterpretaciones de lo que significa ese trastorno.
Según explicó a PáginaI12 Eliana, delegada de Ate Pensiones, “desde 2016 hay 180.000 expedientes parados en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esos expedientes estaban listos para ser firmados, pero pidieron volver a revisarlos. De esas 180.000 personas que estaban haciendo el trámite para obtener una pensión, hay 120 personas que murieron en estos últimos 3 meses”, informó Eliana.
“No me quites la salud, la educación, la vida. Son mis derechos”, decía el cartel de Eduardo, que asistió a la marcha junto a su esposa y su hija. “Vengo a reclamar para que no le saquen la pensión a gente con discapacidad. Es un genocidio lo que están haciendo. No se merece esto una persona con discapacidad, porque tiene derechos, al igual que todos. Al sacarle la pensión, también le sacan la cobertura médica. Yo estoy peleando por mi hija, de 27 años, que tiene síndrome de down. Y me duele mucho todo esto. Le pegan al más débil. Y encima lo que cobramos como pensión es una miseria, porque tenemos muchos gastos terapéuticos y en medicamentos”, contó Eduardo.
Jaqueline asistió a la marcha junto a su pequeño hijo, que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). “Queremos que se apruebe una ley de TDAH a nivel nacional, para que los maestros puedan capacitarse y las obras sociales nos garanticen las terapias correspondientes. Los tratamientos son muy caros y no todos podemos costearlos”, contó la mamá, junto a la mesa donde recolectaba firmas para presentar un proyecto de ley.
La Asociación Argentina de Electrodependientes, la Asociación Polio, la Red Federal de Trastorno Generalizado del Desarrollo, el Observatorio Internacional por las Personas con Discapacidad, Mamielis, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Asociación de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión fueron algunas de las organizaciones que marcharon durante la tarde de ayer, acompañadas por la CTA de los Trabajadores y ATE, entre otras asociaciones.
