La información accedió a los medios de comunicación como un dato más, como una precisión que dejaba al descubierto una realidad que poco importaba dentro del ámbito cotidiano: mezclada con los hechos políticos y con la envergadura de las cotizaciones del mercado, no ocupaba mucho espacio ni interesaba particularmente.

Se trataba de lo que sucede con niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual, un hecho corriente, que no asombra, que tiene representatividad en la historia de la civilización. Se las encuentra como niñas embarazadas, como criaturas vejadas por sus padres, por sus hermanos mayores, casi como una costumbre que ocupa páginas distantes del asombro y de la indignación.

La originalidad de esta información reside en que el dato está localizado en quienes replicaron la estadística, una organización de corte internacional. Una de esas organizaciones de las que se dice que no son vinculantes, o sea que por muy certeros y útiles que sean sus cifras, no habrá quien se sienta obligado/a tenerlas en cuenta, menos aun a sentirse tentado de indagar a fondo en el tema y a tomar medidas capaces de resolver el problema, y ocuparse de las víctimas: especialmente difícilmente exista quienes legislen o diseñen políticas destinadas a ponerle fin a este desastre.

El alerta explota en las voces del Comité de Expertas, órgano responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará, que está integrado por expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales y ejercen sus funciones a título personal. Son mujeres, expertas en determinados temas que se reúnen para estudiar qué sucede con las víctimas de violación en determinada región, así como los abortos no punibles y la anticoncepción de emergencia.

Estos organismo tiene un estilo peculiar de decir lo que en realidad constituyen denuncias, por ejemplo, a menudo “lamentan” que algo grave suceda en determinada región. En esta oportunidad, “el Comité de Expertas lamenta que 201 niñas menores de 14 años hayan sido forzadas a continuar con sus embarazos durante el año 2017 en la provincia de Misiones, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor”.

Si reproduzco el texto del informe puede leerse que a través del mismo “en el Informe Hemisférico sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará (2016), el Comité ha señalado que, de acuerdo con la normativa de la región, todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de la violencia sexual y por lo tanto, “los Estados deben garantizar la atención especializada de niñas que han sufrido este tipo de violencia, investigarlo, investigar estas agresiones y asegurar su acceso a la interrupción del embarazo y a los servicios posteriores en condiciones de seguridad y sin discriminación”.

Quienes nos ocupamos de la violencia contra niñas y entrevistamos a las víctimas no dudamos del origen de esos embarazos y hemos presenciado el horroroso destino de estas criaturas que han debido parir con riesgo para sus vidas, su salud y asumir una criatura incestuosa o el engendro de una violación; obligada a silenciar la perpetua impunidad de los violentos y la bendición de los religiosos.

El Comité de Expertas sabe, y lo aclara, que la provincia de Misiones cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de violación que incluye anticoncepción de emergencia y abortos no punibles. La preocupación de este Comité apunta a que en la práctica 201 niñas no pudieron acceder a los servicios que supuestamente están disponibles para estos casos. “Esto no solo deja en evidencia la falta de aplicación del protocolo sino también el incumplimiento del país en cuanto a garantizar la protección de las niñas que deben enfrentar gravísimas consecuencias en su salud psicológica, física y reproductiva”. Estos informes podrían multiplicarse en otras provincias en las que encontramos la misma índole de situaciones: embarazo  de criaturas que han sido sistemáticamente violadas como una “costumbre” de la región, que culmina en embarazos.

La falta de políticas públicas nos enfrenta con una multitud de niñas que sin posibilidades de educación ni recursos sociales –a veces tampoco recursos económicos– queden a merced de los varones que implementan su cacería. Así, los embarazos durante la niñez sellan el destino de estas criaturas y transforman a la niña en una víctima: las niñas están en peligro por el hecho de ser niñas.