El fiscal federal Franco Picardi le pidió ayer al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga embargos preventivos por un total de mil millones de pesos contra los empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados por pagar y recibir sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de firmas integrado por la constructora brasileña Odebrecht y sus socios locales. Entre los alcanzados por la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal está el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex director de Iecsa SA, para quien reclamó un embargo por 167 millones de pesos por su rol central en la unión transitoria de empresas (UTE) que también integraban Ghella SPA y Comsa SA cuando se negociaron y efectivizaron los presuntos sobornos. Picardi pidió también la intervención de la UTE mediante la designación de un veedor judicial.
Picardi reiteró y amplió ayer el pedido que formuló originalmente en noviembre del año pasado, cuando reclamó embargar a los empresarios (por 54 millones a Calcaterra entonces) y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación como Ricardo Jaime y José López. Martínez de Giorgi no hizo lugar a esa medida. En junio pasado comenzó a recibir las declaraciones indagatorias, que todavía no terminaron. El primo hermano de Macri se presentó como imputado en Comodoro Py el 14 agosto. Presentó un escrito y no aceptó responder preguntas. “Si lo hizo Odebrecht fue por su cuenta”, intentó despegarse, aprovechando que la firma brasileña reconoció haber pagado sobornos millonarios a partir del caso Lava Jato.
A diferencia de la causa por las fotocopias de los cuadernos en la causa por el soterramiento los imputados que optan por guardar silencio entran y salen de tribunales en libertad. El último citado a indagatoria, para dentro de dos semanas, es Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado como intermediario entre Odebrecht y los ex funcionarios.
Picardi desarrolla en el escrito ante el juez la materialización de los sobornos de dos maneras. En una primera etapa, antes de la adjudicación de la licitación, a través de pagos a la empresa Caesa por servicios de consultoría inexistentes y a través de sociedades offshore (entre las que se destacó Pribont Corporation) por parte de Odebrecht. Una vez adjudicada, mediante transferencias y pagos que las firmas integrantes de la UTE, en porcentajes proporcionales a su participación, realizaron desde y hacia cuentas en el exterior a nombres de empresas offshore.
Si bien en marzo de 2017 Calcaterra anunció la venta de Iecsa a Pampa Energía, de la investigación del fiscal surge que la nueva firma (Sacde) mantuvo en sus filas a hombres clave de la familia Macri (como Santiago Ramón Altieri y Juan Ramón Garrone) y que el primo presidencial siguió vinculado a través de una offshore en el paraíso fiscal de Daleware. “Más allá de la modificación de la denominación social de Iecsa SA a Sacde SA., como así también de la transferencia del paquete accionario de Grupo Ods SA a Emes Energía Argentina Llc, los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas seguirían siendo las mismas”, destacó.
