En el marco del anunciado endurecimiento de las políticas migratorias que impulsa el macrismo, en un afán de mostrarse proactivo tras el caso Brian, el Gobierno anunció que cambiará la normativa para agilizar los trámites y poder expulsar del país a los extranjeros que cometieron delitos graves. Así lo informó el subdirector nacional de Migraciones, Julián Curi, que reveló que entre 2005 y 2015 entraron al país dos millones y medio de extranjeros, mientras que sólo se expulsaron 30 personas en toda la década. “No queremos cambiar el perfil de un país abierto a la inmigración, pero es imposible que se hayan expulsado sólo a 30, eso quiere decir que no se expulsó a nadie”, analizó el funcionario. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que esas cifras son “tramposas”, que no responden a la realidad, y afirmaron que más allá de los anuncios el oficialismo no presentó proyecto de reforma alguno de la ley de Migraciones.

En diálogo con PáginaI12, Diego Morales, director de área de Litigio y Defensa Legal del CELS, dijo que “desde principios de 2016 hay recurrentes anuncios sobre la importancia de reformar la ley de Migraciones para que no ingresen inmigrantes con antecedentes penales o para expulsar a aquellos que los tienen, pero nunca se presentó una propuesta concreta o dieron un debate al respecto. Lo que hay es una demagogia punitiva detrás de los migrantes, la estigmatización de que son peligrosos y que, como respuesta, el Estado debe controlar la migración”.

Según el subdirector Curi, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a 5 años de prisión, “pero en la práctica se hace imposible por los vericuetos del proceso recursivo, al que esta gente apela y así permanecen en el país por años”. Como ejemplo, puso el caso del narcotraficante peruano Marcos Antonio Estrada González, “al que se busca expulsar hace 8 años”, sin éxito. “Hay muchos casos como ese, en general los narcotraficantes tienen muy buenos abogados”. Y agregó que, además, la ley pide que el delincuente a expulsar brinde su consentimiento, lo que en general no sucede.

El director de Migraciones, Horacio García, declaró que el Gobierno quiere “saber quién es el que viene” al país, en relación a los extranjeros con prontuarios criminales. “No estamos combatiendo al inmigrante, sino al delincuente o al que viene con propósito de delinquir”, expresó García. Y explicó que no hay manera de saber si una persona que ingresa a la Argentina cometió delitos en otro país, salvo que sea informado por Interpol. Por eso, consideró que “hay que analizar” un cambio en la ley.

Sin embargo, desde el CELS enfatizaron que “el Estado tiene herramientas, la ley es rígida respecto de antecedentes penales tanto para el ingreso como para la residencia. El debate es cómo evaluarlos. Por ejemplo, cuando alguien tiene antecedentes pero también hijos argentinos”. 

Morales indicó, además, que “no es cierto” que se hayan expulsado sólo 30 personas en una década, “esa estadística no incluye a las personas rechazadas en frontera, que son muchísimas más, ni tampoco incluye a los que forman parte del sistema penitenciario, es decir personas privadas de libertad que aceptan la expulsión”. El abogado recordó que la reforma a la ley de Migraciones “tuvo el objetivo de evitar expulsar a familias enteras, separar padres y madres, evitar expulsar niños argentinos. Sí exige se haga a través de la Justicia, fue una medida reparatoria de los abusos cometidos hasta 2004”.